Ciudad de México, 29 de noviembre del 2025.- En un movimiento que evidencia la tensión creciente en torno al control del agua, la Cámara de Diputados recibió, minutos antes de la medianoche, el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Aguas. El documento coloca al Estado en el centro de la rectoría del recurso, prioriza el derecho humano al acceso al agua, redefine el régimen de concesiones y formaliza nuevos tipos penales para sancionar prácticas que por años se mantuvieron en la impunidad.
El dictamen, que también reforma la Ley de Aguas Nacionales, incorpora ajustes sustanciales a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Dichas modificaciones responden a la presión organizada de sectores campesinos y productivos que, tras movilizarse y advertir su rechazo, lograron forzar un reequilibrio en el contenido final.
Aunque se mantiene la prohibición de transmitir concesiones a terceros —una de las apuestas centrales del proyecto presidencial—, el texto abre un margen político al incorporar garantías de sucesión para heredar los títulos y elimina sanciones retroactivas por transmisiones anteriores. Con ello, Morena busca un punto medio entre el fortalecimiento del control estatal y la necesidad de no desatar un conflicto mayor con el campo.
En una de las precisiones más relevantes, el artículo 4 delimita que cualquier reducción o cancelación de volúmenes deberá estar plenamente fundada en disposiciones legales específicas, evitando interpretaciones discrecionales. El proyecto también instruye retirar concesiones ociosas para reinsertar esos volúmenes al sistema de aguas nacionales, medida que refuerza la autoridad administrativa y reduce áreas de captura privada.
El dictamen prioriza la asignación del recurso para consumo humano y doméstico e incluye un apartado para proteger a los pequeños usuarios rurales que no han podido acreditar su uso del agua durante dos años, situación que los había dejado al margen de sus derechos. La Comisión de Recursos Hidráulicos advierte, además, que uno de los objetivos centrales de la nueva ley es cerrar la brecha fiscal: en 2023, los grandes usuarios industriales pagaron apenas una quinta parte de lo adeudado, un dato que pesa políticamente en la narrativa de orden y justicia hídrica.
Esta reforma da cumplimiento —más de una década después— al mandato constitucional de 2012 que instruyó al Congreso a emitir una ley reglamentaria en la materia, mandato que la Suprema Corte ha recordado de forma reiterada.
Morena ajusta la ruta política y busca contener el descontento rural
Horas antes de hacerse público el dictamen, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo una ronda final de negociaciones con organizaciones campesinas inconformes. El legislador reconoció que sus exigencias fueron determinantes para perfilar los ajustes que se presentarán en comisiones este miércoles.
Monreal adelantó que el documento “va a tener cambios y precisiones” para atender la agenda rural, y defendió el proceso asegurando que se busca despejar cualquier duda respecto al alcance de la ley. Su apuesta es que las comisiones voten el dictamen a media semana y, de quedar listo, se turne al Pleno entre miércoles y jueves.
El coordinador de Morena insistió en que la nueva ley debe impedir el acaparamiento y los desvíos de uso del agua, y evitar que las concesiones se conviertan en instrumentos de abuso económico o político. Reconoció también la disposición del titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, de leer correctamente la presión de los productores y actuar con responsabilidad institucional.
Cuestionado sobre si el campo quedará conforme, Monreal respondió con cautela: “En la mayor parte, se van a atender”. Recalcó que ninguna negociación ofrece el cien por ciento, pero sostuvo que los temas sustantivos del sector rural “sí estarán resueltos” en la versión final.
