Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría, comparece ante el Congreso y destaca combate a la corrupción
Pachuca de Soto, Hidalgo; 24 de noviembre de 2025.- En sesión ordinaria, el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez compareció ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, como parte del procedimiento relativo al tercer informe del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez reconoció la tarea estratégica que el titular encabeza desde la dependencia: “vigilar el uso de los recursos públicos, prevenir desvíos, fomentar la denuncia, fortalecer los controles internos y darle contenido real al principio de que el dinero del pueblo es sagrado”.
En su intervención, el secretario recordó que la instrucción desde el inicio de la administración “fue muy clara: ni un solo peso público para la corrupción. La Contraloría es hoy la línea que separa la honestidad del abuso, el servicio público del saqueo. En este gobierno, la ética no se negocia”.
Dentro de los logros más destacados, el funcionario informó los siguientes:
- La construcción del complejo Hidalgo Honesto.
- La atención a 3 mil 453 reportes derivados de las cédulas de atención y encuestas de satisfacción.
- La organización de 36 mil capacitaciones de control interno y vigilancia.
- La baja de mil 207 registros de proveedores que incumplieron la norma.
- El registro del 50 por ciento de obras de contratistas formalizadas.
- La baja de 571 registros con rezago en obra pública.
- La suma de 7 mil 99 visitas de inspección en obras, encontrando 244 irregularidades.
- La detección de 700 servidores públicos que no cuentan con dictamen de compatibilidad de plazas.
- El ahorro anual de 32 millones de pesos por arrendamiento de inmuebles.
- Los cerca de 500 millones de pesos recuperados por desvío de recursos.
En sesión de preguntas y respuestas, el diputado Juan Pablo Escalante Urbán (Morena), solicitó información de los casos del ex contralor César “N”, detenido y liberado en Estados Unidos, así como el de la ex titular de la Secretaría de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, relacionado con la pérdida de millones de pesos de las cuentas públicas, derivado del proceso de liquidación del banco Accendo, por lo que el secretario detalló que estos temas “deben servirnos de lección a todos los servidores públicos, el combate a la corrupción es un hecho que llegó a Hidalgo para quedarse. Cualquiera que tome un dinero público va a ser perseguido hasta el fin del mundo”.
El legislador también cuestionó qué sanciones o procedimientos se tienen previstos contra el gobernador Omar Fayad Meneses por estos hechos u otros relacionados con el mal manejo de la cuenta pública, por lo que el titular precisó que para denunciar a un exgobernador no basta con suposiciones, “se necesita evidencia directa, firme y refutable, que pueda sostenerse en los tribunales”.
Sobre la “Estafa Siniestra”, la diputada Yarabi González Martínez (Morena) preguntó cuántos expresidentes y exfuncionarios están involucrados, qué estado guarda su situación legal, cuánto es el monto que asciende el quebranto al erario público del estado, cuánto se ha recuperado y si existen aún carpetas de investigación, por lo que el secretario informó que se han recuperado 475 millones de pesos, entre dinero en efectivo y bienes. “El monto del desvío fue de 2 mil 400 millones de pesos con fecha actualizada. Dentro de ellos, los 500 y tantos millones de pesos conocidos de los ayuntamientos, pero lo demás corresponde a dependencias, organismos que nosotros tenemos denunciados”.
La legisladora también cuestionó las acciones implementadas para evitar estos actos de corrupción, por lo que el funcionario resaltó que “hemos implementado todos los mecanismos de capacidad. Dimos énfasis en los diplomados de administración pública y capacitaciones. Todos los días tenemos comunicación, con los 175 contralores internos y los estamos permanentemente capacitando, orientando y alertando. Les estamos diciendo en dónde pueden encontrar las irregularidades o dónde puede haber señalamientos”.
El diputado Avelino Tovar Iglesias (PVEM) preguntó sobre los giros comerciales que presentan mayor concentración de contratos en un mismo proveedor y las medidas de control para evitar favoritismos técnicos, dependencia operativa o posibles conflictos de interés, por lo que el secretario aseguró que se aplica una supervisión estricta en esos temas y “tampoco permitimos que estén operando con esquemas de dos o tres empresas con los mismos socios, mismos domicilios o distintas razones sociales”.
La legisladora Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza) solicitó información sobre los mecanismos para distinguir los casos de doble percepción permitida por la ley de aquellos en los que pudiera existir una irregularidad administrativa, por lo que el titular precisó que se inició la investigación contra 700 servidores públicos “porque ninguno solicitó el dictamen de compatibilidad cuando tenían obligación de hacerlo. Ninguno presentó una declaración patrimonial”.
La diputada cuestionó las acciones para asegurar que no se vulneren los derechos laborales de las y los docentes, por lo que el funcionario precisó que el contrato o la función que hace un regidor y un síndico en un ayuntamiento, “no nada más es el trabajo de llegar a una asamblea, va mucho más allá, es estar al frente del ayuntamiento, tomar decisiones, atender a la ciudadanía, ver el marco jurídico, el marco normativo, defender al ayuntamiento. Todo lo que hace una asamblea municipal, el trabajo de un asambleísta es 24-7”.
El legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) cuestionó qué sanciones administrativas se han aplicado en contra de los funcionarios públicos en el caso de la “Estafa Siniestra” y si no se deslindó la responsabilidad del extitular del Ejecutivo, por lo que el secretario mencionó: “si todo delito, toda responsabilidad que se cometiera en cada uno de las 20 dependencias y 64 organismos, recayera en el gobernador, pues yo creo que no le daría el tiempo y la vida. Nosotros traemos tres mil y tantas investigaciones y tratar de llevarlo a él en todas, pues no es así.”
El diputado también solicitó más información sobre el caso del excontralor César “N” y qué responsabilidades administrativas se han fincado en contra de la participación de otros funcionarios públicos y en el caso de la exsecretaria de Finanzas, por lo que el titular precisó que se presentaron 95 denuncias por este máximo proceso, 25 personas sufrieron una acción de carácter judicial y se denunciaron 2 mil 400 millones de pesos. Además, recordó que desde noviembre del 2022 se inició una investigación de carácter administrativo por daño al erario de 807 millones de pesos en la Secretaría de Finanzas.
La legisladora Lizbeth Iraís Ordaz Islas (Morena) cuestionó cuál ha sido el tenor de las auditorías realizadas durante el último ejercicio, cuántas observaciones relevantes se emitieron y cuál es su estado actual de solventación, por lo que el secretario detalló que se han ejecutado 125 auditorías gubernamentales, 24 correspondientes al ejercicio 2025. “Auditorías externas se han hecho, en los tres años, 240 y en el 2025, 41. Se han llevado a cabo 48 auditorías especiales y en el ejercicio 2025, nueve. En las auditorías de control interno, en los tres años, se hicieron 398, en el año 2095, 27”.
Asimismo, la diputada preguntó cuáles son las dependencias o entidades con mayor número de observaciones vigentes y qué acciones de seguimiento, asistencia técnica o medidas correctivas se aplican para asegurar su atención en los plazos establecidos, por lo que el funcionario explicó el registro de 175 entidades públicas que pueden ser observadas. “La mayor parte de las auditorías son digitales, pero nosotros tenemos que actuar con ellos en las actas de inicio y cierre, en darle a conocer a las instancias los resultados de las observaciones. Así como el seguimiento”.
La legisladora Claudia Lilia Luna Islas (PAN) requirió datos sobre la venta de tres helicópteros y adquisición de un seguro catastrófico del anterior oficial mayor, por lo que el titular confirmó el daño patrimonial “entre el precio de los helicópteros en valor comercial y el precio de la venta. Calculamos el desvío de recursos por 240 millones de pesos, mismos que la Procuraduría consideró y cuya responsabilidad se pasó al oficial mayor. Sobre el seguro, se había asegurado todo lo que corresponde a un año y la compañía de seguros devolvió 116 millones de pesos, pero no se los entregó al gobierno del estado, sino a un particular”.
La diputada también solicitó información sobre los resultados de las brigadas de transformación, por lo que el funcionario precisó: “tenemos tres canales distintos para llevar a cabo las auditorías, supervisiones, inspecciones y vigilancias. Uno de ellos corresponde al trabajo que hacen los comisarios y los contralores. De las 400 personas que prestan los servicios en la Contraloría, 100 prácticamente están dedicados a los trabajos de contralorías y comisarios públicos”.
La legisladora Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) preguntó quién hizo la supervisión de que el edificio Hidalgo Honesto fuera construido con los criterios de transparencia y anticorrupción, por lo que el titular aseguró que la inversión fue fiscalizada por la federación: “son fondos federales, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno nos fiscalizan”.
El diputado Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) cuestionó cuáles fueron los resultados más relevantes de sus interacciones y auditorías en términos de detección de desviaciones a nivel municipal, por lo que el secretario indicó que 10 presidentes municipales fueron separados de sus funciones a la mitad de su administración por actos de corrupción. “En el acta de entrega-recepción de la administración anterior, colaboramos con las nuevas administraciones locales en presentar al menos 35 denuncias que presentaron los ayuntamientos en contra de servidores públicos”.
El legislador solicitó repercusiones a nivel municipal para aquellos funcionarios que no hacen un correcto uso de los recursos públicos o que se aprovechan de la posición para fines personales, por lo que el contralor precisó que se redoblan esfuerzos a través de la coordinación con los municipios en la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipal para tal objetivo.
El diputado José María Alejandro Pérez Ramírez (Nueva Alianza) preguntó cuál es el fundamento jurídico que sustentan las afirmaciones para considerar que no es viable permitir los casos de doble percepción, por lo que el titular aseveró que “nosotros buscamos esclarecer la ley. Y si la ley me dice que yo tengo que emitir un dictamen de compatibilidad de plazas, pues lo tengo que investigar. No me corresponde decir si la ley es correcta o no. Yo lo único que tengo que hacer es aplicar la norma”.
El legislador también cuestionó por qué si la función del secretario es técnica, no mediática, no aplica un criterio técnico jurídico para resolver este asunto, por lo que el contralor precisó que, en materia de acceso al cargo, “el artículo 128 constitucional establece que, para pertenecer al ayuntamiento, no deberá desempeñar cargo o comisión en el gobierno, salvo que la persona se separe con al menos 60 días naturales previos a la elección. En este artículo se contempla una excepción para las y los docentes. Una vez electa la persona, aplica que todo cargo o empleo público es incompatible con cualquier otro cargo del estado cuando por algo se reciba un sueldo, salvo en los casos de los docentes. Esta excepción permite la posibilidad de un doble desempeño, pero no es automática. Está condicionada a que se cumplan criterios como la compatibilidad de horarios”.
Finalmente, el diputado Jorge Argüelles Salazar (Nueva Alianza) preguntó con base en qué lineamientos administrativos y legales se realiza el análisis de las plazas de las y los docentes para determinar que no pueden ejercer un cargo público sin dejar su función educativa, por lo que el secretario estableció: “tenemos un universo gigante de los supuestos en la parte de la investigación de esas personas que tienen doble remuneración. Es un universo tan grande que habrá que separar, por un lado, a los que son trabajadores de educación y los trabajadores del municipio”.
El legislador también solicitó retomar las mesas de trabajo que pudieran salvaguardar los casos que sí cumplen con los requisitos administrativos para la compatibilidad del empleo, por lo que el funcionario se manifestó a favor de dicho acercamiento.