Perú ordena prisión preventiva para ex primera ministra Betssy Chávez tras recibir asilo mexicano
Lima, 21 de noviembre del 2025.- La justicia peruana determinó este viernes la imposición de cinco meses de prisión preventiva y la emisión de órdenes de captura nacional e internacional contra la ex primera ministra Betssy Chávez, quien desde inicios de noviembre se encuentra bajo protección en la embajada de México en Lima tras haber recibido asilo diplomático.
El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó la solicitud de la fiscalía para modificar la medida de comparecencia con restricciones que Chávez gozaba, y sustituirla por prisión preventiva, luego de que la ex funcionaria incumpliera las condiciones de libertad y se asilara en la representación diplomática mexicana.
Chávez enfrenta cargos como coautora del delito de rebelión, derivado de los acontecimientos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó la disolución del Congreso, acción que desembocó en su posterior destitución.
La concesión del asilo por parte de México generó un quiebre en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Perú informó recientemente que ha decidido “demorar” la entrega de un salvoconducto que permitiría a Chávez salir hacia México, a la espera de consultas con los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la aplicación de la Convención de Caracas en casos de asilo.
El gobierno peruano argumenta que la Convención ha sido empleada de manera “indebida”, dado que la ex primera ministra enfrenta acusaciones por un delito común y no por persecución política.
Asimismo, el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en respuesta a lo que legisladores calificaron como una “reiterada injerencia” en los asuntos internos de Perú. México, a través de un comunicado oficial de la Cancillería, objetó esta resolución, calificando la medida como basada en “planteamientos falsos” y reafirmando la legitimidad del asilo concedido a Chávez.
Este caso mantiene la tensión diplomática entre ambos países y plantea interrogantes sobre la interpretación y aplicación de la Convención de Caracas en situaciones de asilo político y delitos comunes.