Comunidades indígenas de Jalisco denuncian despojo de tierras ancestrales con apoyo de policías estatales
- Tepehuanos y wixárikas de San Lorenzo de Atzqueltan acusan incursión violenta, amenazas y apropiación ilegal del predio El Sabino Quemado; exigen intervención de la Fiscalía y protección de su territorio
Ciudad de México, 14 de noviembre del 2025.- La comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Atzqueltan, en Villa Guerrero, Jalisco, denunció nuevas agresiones y despojos en su territorio comunal, presuntamente promovidos por un particular con el apoyo de policías investigadores de la Fiscalía estatal. El predio afectado, El Sabino Quemado, fue cercado con un muro de piedra y una puerta metálica con un letrero de “propiedad privada” sin orden judicial, lo que provocó el reclamo de la comunidad por la inmediata restitución de sus tierras.
En un comunicado, los comuneros señalaron que el 4 de noviembre se registró la incursión de personas armadas que se identificaron como policías investigadores, quienes afirmaron actuar en favor de un supuesto propietario. Durante el operativo, amenazaron a los pobladores, sustrajeron herramientas y materiales y generaron miedo entre quienes laboraban en el lugar.
El 11 de noviembre, Refugio Raygoza, señalado como el “pequeño propietario”, colocó un cerco de piedra y una puerta metálica, asegurando que contaba con instrucciones de la Fiscalía del Estado. La comunidad calificó este acto como un despojo, subrayando que no se ha presentado documentación oficial que respalde la propiedad del terreno.
Desde 2019, los pueblos de San Lorenzo han enfrentado intentos de apropiación por parte de autoridades municipales y particulares, quienes han recurrido incluso a la violencia. Los comuneros recuerdan un ataque perpetrado por Fabio Flores Sánchez, alias “La Polla”, que terminó en amenazas y agresiones físicas sin que hasta ahora existan sanciones judiciales.
Actualmente, la comunidad mantiene procedimientos legales ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 en Guadalajara, con el objetivo de obtener el reconocimiento de sus bienes comunales, titulados desde 1733 por la Corona Española y que abarcan aproximadamente 39 mil hectáreas.
En el comunicado, los comuneros demandan a la Fiscalía de Jalisco, encabezada por Salvador González de los Santos, investigar los hechos, sancionar a los responsables, devolver los materiales robados y garantizar su seguridad ante nuevas agresiones.
El conflicto ocurre mientras en Guadalajara se incorporó al Congreso del Estado Emilio Laurencio Hernández Bautista, wixárika, quien se convirtió en el primer diputado de los pueblos originarios en llegar por cuota, y cuya labor se espera impulse el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas.