Ciudad de México, 06 de octubre de 2025.-El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que se prevé eliminar o modificar de la minuta a la Ley de Amparo la parte referente a la retroactividad que aprobó el Senado y estimó que una vez que llegue el proyecto a San Lázaro se tardará entre ocho y 10 días su aprobación.
“No sé qué esté haciendo la Cámara de Senadores, pero ya se aprobó y nos la tienen que enviar, pueden recurrir a la fe de erratas, pero no sé qué vayan a hacer para modificar el transitorio. Sí, seguramente, nosotros en la comisión de justicia lo más probable es que se suprima o que se modifique para eliminar la retroactividad”, dijo desde el Zócalo capitalino previo al inicio del mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum.
No obstante, confió en que esta reforma llegue entre lunes o martes, pues recordó que “tenemos que darle lectura en la sesión plenaria que es martes y miércoles, turnarlo a comisiones y esperar el tiempo que establece la ley orgánica y el reglamento para que se dictamine. Nos va a llevar unos ocho o 10 días”.
Por otro lado, al ser cuestionado sobre si tomarán en cuenta la recomendación del exministro de la Suprema Corte y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, sobre que no debe quedar el tema de la retroactividad en la Ley de Amparo, Monreal Ávila sostuvo que “es una opinión, evidentemente la Comisión de Justicia determinará si esa opinión prevalece o si ellos tienen su propia opinión”.
El pasado 2 de octubre, el Senado de la República aprobó el dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que, entre otras cosas, se pueda agilizar las solicitudes de juicio de amparo en línea.
Además de que se agregó la opción de que los amparos se pueden promover en lo individual o colectivo cuando haya una “lesión real, actual y diferenciada”. También se modificó la ley para establecer límites en los casos de lavado de dinero; financiamiento al terrorismo; actividades sin concesión y deuda pública.
Con información de: Economista
