Ciudad de México, 20 de septiembre de 2025.- En un proceso sin precedentes, el gobierno de México acude el lunes 22 de septiembre a Ginebra para responder a las persistentes y reiteradas preocupaciones manifestadas por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
En el marco de la celebración de la edición 29 del periodo de sesiones del organismo internacional, el Estado mexicano profundizará oralmente sobre información que previamente habría entregado por escrito en virtud de la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La información será examinada durante un debate, que de acuerdo con el programa de trabajo, se prevé tenga lugar a puerta cerrada con miembros del comité y representantes de la sociedad civil y de los Estados partes. En el emblemático Palacio de las Naciones, el comité también examinará otras informaciones recibidas en seguimiento al informe sobre su visita realizada del 15 al 26 de noviembre de 2021, en la que certificó “un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país entre 2006 y 2021” y “una impunidad casi absoluta”.
Escuchará a familiares de víctimas cuyo paradero es desconocido y que son acompañadas por instancias como el Colectivo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Consultora Solidaria.
Entre las madres buscadoras que estarán presentes en la capital de los derechos humanos, está la de Israel Torres Lazarín, desaparecido el 18 de junio de 2009 en Torreón, Coahuila, y la de Daniel Cantú Iris, cuyo destino no se conoce desde el 21 de febrero de 2007 en Ramos Arizpe, Chihuahua. “El mensaje principal que llevamos al comité es que queremos respuesta, que 130 mil personas desaparecidas en un país no es sólo una cifra de horror, sino que delata las carencias de investigaciones y de una política de Estado para resolver una crisis grave que no es sólo de desapariciones, sino forense que no ayuda a resolver”, dice a EL UNIVERSAL Diana Iris García, madre de Daniel.
“Venimos para que el comité escuche nuestra palabra, para que sensibilice al Estado mexicano y le haga entender que lo que queremos es que trabajemos juntos para cambiar el país y dejen de haber violaciones a derechos humanos tan extremas como la desaparición; porque es tremendo que la juventud de hoy, y algunos de nuestros familiares, digan que no quieren tener hijos porque no quieren que crezcan en un país de mugre, tan violento”, sostiene María Luisa Lazarín, madre de Israel.
En 2019, el comité recibió la primera solicitud para aplicar el artículo 34, mientras que para 2021, el número de peticiones había aumentado a cuatro. Todas fueron desestimadas para no perturbar el viaje de los relatores internacionales realizado ese año.
Tras acumular numerosas denuncias y evidencias, al clausurar su periodo de sesiones 28, el 4 de abril pasado, el presidente del comité anunció la inédita activación del procedimiento, decisión que acompañó con una larga lista de cuestionamientos al Estado mexicano.
Si el comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática, llevará la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de adoptar las medidas pertinentes.
Instancias como el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Consultora Solidaria reclaman que de llegar el caso a la Asamblea General, el comité proponga la creación de un mecanismo especial de esclarecimiento sobre las razones de las desapariciones de manera que se puedan realizar acciones de prevención, detección, atención, justicia y reparación.
También proponen que en aquellos casos en los que hubiera delitos penales, estos sean transferidos a la Corte Penal Internacional, que por 13 años ha recibido comunicaciones sobre presuntos delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en el país.
De acuerdo con fuentes consultadas, la activación del artículo 34 “fue recibida de forma negativa” en Cancillería, Gobernación y el Senado. Entre la documentación recibida por el comité sobresale un amplio informe presentado por decenas de organizaciones, entre ellas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El reporte exhibe la sistemática práctica de la desaparición forzada, la crisis forense, la impunidad, la proliferación de fosas clandestinas, los retos en registros y casos específicos en 10 entidades del país.
Al alarmante número de desaparecidos se suma la inexistente impartición de justicia.
Respecto al número de sentencias, el documento dice que muestra la falta de capacidad y voluntad de las autoridades encargadas de investigar y procesar los delitos
Con información de: El Universal
