Ciudad de México, 03 de septiembre de 2025.- La expansión de los cárteles mexicanos ha dejado de estar limitada al trasiego de drogas. Hoy, las organizaciones criminales invierten y lavan dinero en empresas “lícitas”, que van desde constructoras y hoteles hasta escuelas, gimnasios, agencias de viajes, centros comerciales y firmas de criptomonedas.
Sin embargo, mientras en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha logrado desmantelar redes de lavado relevantes, en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha identificado y sancionado a decenas de compañías ligadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- El Dato: Según la plataforma Chainalysis, las criptos les permiten a los cárteles realizar transacciones rápido y con discreción, pues se encuentran fuera de un sistema bancario tradicional.
Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), subrayó que los cárteles “se han metido en mucha de la industria legítima”. Lo mismo incursionan en el aguacate y el limón que en centros comerciales, venta de automóviles o ganadería.
“Tienen shopping malls, negocios de leche, ganadería y hasta agencias de viajes para lavar el dinero caliente. También operan con esquemas de smurfing, depositando cantidades menores a 10 mil dólares en cuentas bancarias para evadir alertas”, explicó a La Razón.
En la misma línea, el especialista en prevención de lavado Salvador Mejía afirmó que no se trata solo de unos cuantos giros. “Los cárteles —o, como preferimos llamarlos ahora, empresas criminales— pueden abrir absolutamente cualquier tipo de negocio. Desde gimnasios y salones de fiestas, hasta productoras de espectáculos, palenques o incluso escuelas privadas. Si necesito lavar 50 millones de pesos, puedo inventar una empresa educativa o deportiva, pagar impuestos y con ello quedar fuera del radar de las autoridades”, señaló.
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David Saucedo, consultor en seguridad, indicó que los grupos del narcotráfico han pasado por distintas etapas de inversión. “Primero fueron casinos y hoteles, aprovechando la circulación de efectivo; después, espectáculos masivos y equipos de futbol; más tarde, constructoras y gasolineras”, señaló.
Agregó: “Hubo gasolineras que no compraban a Pemex ni a ningún mayorista, pero vendían combustible. Era imposible que operaran sin respaldo criminal. En la actualidad, han incursionado en criptomonedas y centros nocturnos”.
Pese a la expansión y sofisticación de estos esquemas, Mejía aseguró que la UIF no ha tenido resultados contundentes: “No hay un solo caso de éxito en desarticular una red de lavadores. Lo más cercano han sido golpes al Cártel Jalisco, pero no por lavado, sino por narcotráfico. En México, los reportes regulatorios de la Ley Antilavado son deficientes y las Unidades de Inteligencia Patrimonial estatales terminaron siendo elefantes blancos. La verdad es que la UIF no está detectando estas redes”, dijo.
Saucedo coincidió en que el entramado criminal se integra con las élites políticas y empresariales en distintas regiones del país, lo que genera un entorno en el que “la reinversión de capitales ilícitos no sólo no se persigue, sino que se normaliza socialmente. Desde centros turísticos hasta constructoras en municipios, el lavado se convierte en un componente más de la economía regional”.
Agregó que “ahí, el narco está perfectamente integrado con los poderes políticos, empresariales y hasta religiosos. Patrocinan fiestas, bautizos, bodas o eventos comunitarios y, con ello, compran ciudadanía y respeto social”.
En contraste, en otras zonas del país, aún existe estigma, pero en aquellas donde el dinero ilícito se mezcla con la economía formal, la frontera entre lo legal y lo criminal se difumina.
Y mientras en México no hay golpes contundentes contra las empresas fachada, la OFAC ha publicado sanciones que muestran con claridad cómo operan los cárteles a través de negocios “lícitos”.
En agosto del 2025, la OFAC sancionó a una red de compañías ligadas al CJNG en Puerto Vallarta: inmobiliarias como Akali Realtors, KVY Bucerias y Servicios Inmobiliarios Ibadi; agencias de viajes como TTR Go y Sunmex Travel; operadores turísticos como Fishing Are Us y Santamaria Cruise; e incluso un taller automotriz (Laminado Profesional Automotriz Elte).
Meses antes, en junio, sancionó a empresas vinculadas con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, entre ellas clubes de playa, spas, inmobiliarias y comercializadoras en Mazatlán. Y en mayo, al mismo CJNG se le detectaron compañías de logística, como Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala, utilizadas para traficar fentanilo y robar combustibles.
De acuerdo con los especialistas, estos listados contrastan con la nula actuación de la UIF en México, que no ha transparentado ni un caso equiparable. Para Mike Vigil, la explicación es simple: “Los cárteles operan con una red logística que rivaliza con Amazon y sobornan a políticos y empresarios. Así, consolidan su poder económico y logran blindarse dentro y fuera del país”.
Además, señalaron que los cárteles han dejado de ser sólo narcotraficantes: son conglomerados empresariales. Su capacidad de diversificación les permite invertir en casi cualquier sector, disfrazando recursos ilícitos como utilidades legítimas. “Se trata de perder un porcentaje para ganar legitimidad, pagar impuestos y finalmente reinsertar capitales sucios al circuito económico”, resumió Salvador Mejía.
En este sentido, Saucedo advirtió que, en zonas como Sinaloa, Jalisco o Guerrero, el lavado ya está tan integrado en la vida cotidiana que los hoteles, restaurantes y constructoras financiadas con dinero del narco conviven sin resistencia social. Al mismo tiempo, el Tesoro estadounidense revela con puntualidad los nombres de estas compañías, mientras en México la inacción persiste.
Mike Vigil subrayó que la influencia económica de los cárteles no se limita a la creación de empresas fachada, sino que también se traduce en capacidad para comprar voluntades políticas y sociales. “Ellos trabajan en muchos países y en México pagan sobornos a políticos en diferentes lugares para obtener protección”, comentó.
Empresas ligadas al CJNG
Las 13 compañías sancionadas por el Tesoro de EU son:
- Akali Realtors
- Centro Mediador de la Costa
- Corporativo Integral de la Costa
- Corporativo Costa Norte
- Sunmex Travel
- TTR Go
- Inmobiliaria Integral del Puerto
- KVY Bucerias
- Servicios Inmobiliarios Ibadi
- Fishing Are Us
- Santamaria Cruise
- Laminado Profesional Automotriz Elte
- Consultorías Profesionales Almida
Con información de: La Razón
