Ciudad de México, 21 de agosto del 2025.- Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con ello deja la representación legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.
Aun cuando fuentes cercanas confirmaron que se sumaría como colaborador de Hugo Aguilar Ortiz, primer ministro indígena electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Rosales reconoció que recibió la invitación para incorporarse en la nueva configuración del máximo tribunal, pero dijo que lo está valorando.
En entrevista con La Jornada, el litigante señaló que su renuncia se debe a una cuestión de carácter personal y de salud, e indicó que su decisión se la comunicó directamente a los padres de familia el sábado pasado, después de casi 11 años de acompañamiento.
“Lamento que se esté especulando, que ya me voy a ir a la Corte. No hay nada en firme, solamente sostengo algún diálogo respetuoso con el ministro (Hugo Aguilar) y hasta ahí”, aseguró al aceptar que mantiene un diálogo con el próximo presidente de la SCJN sobre la posibilidad de colaborar.
“Hemos estado platicando respecto del tema de los derechos de los pueblos indígenas y cómo la Corte estaría sentando los nuevos criterios y estaría avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos, pero nada más, no hay nada ahorita”, recalcó.
Respecto al caso Ayotzinapa, señaló que la defensa seguirá de manera colegiada con los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, el Miguel Agustín Pro Juárez, y Serapaz. La salida de Vidulfo Rosales se da a unos días de la nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El abogado, nacido en 1976 en el poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, Guerrero, colaboró con el Centro Tlachinollan durante 24 años y asesoró a la policía comunitaria. También, defendió a mujeres víctimas de tortura y a campesinos de los despojos de sus tierras, a personas víctimas de desaparición, además de que mantuvo una relación cercana con las familias del caso Iguala.
En una carta, fechada el 19 de agosto, externó que se retira de la “primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”.
No obstante, aseguró, “desde otras trincheras seguirá exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y Afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.
Rosales agradeció al director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera, la posibilidad de defender a los que menos tienen, “Tlachinollan es la casa que me albergó y forjó como defensor y abogado”.
Aseguró que su compromiso con los pueblos indígenas se mantiene “incólume. No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero, toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte”.
Agradeció su confianza y enseñanzas a las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañó jurídicamente en Guerrero, así como a las madres y padres de los 43 normalistas, a quienes acompañó durante casi 11 años.
El abogado recordó “los duros momentos” de trayectoria en casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en Guerrero, entre ellos el asesinato de normalistas por la policía en la autopista del sol en Chilpancingo, en 2011; la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014, y las desapariciones y posterior ejecución de luchadores sociales y defensores del agua, como el de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
Desde el Centro Tlachinollan, el litigante también encabezó la defensa de casos como el de Inés Fernández y Valentina Rosas, las mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército en 2002; el de la presa La Parota.
Desde 2007, apoyó a los estudiantes de Ayotzinapa, víctimas de la represión gubernamental.
Por los casos antes expuestos, Rosales tuvo que salir del país en 2012 por amenazas de muerte. En 2022, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, amagó con proceder legalmente en su contra.
El litigante fue sometido a una cirugía por problemas en el sistema digestivo el 31 de marzo pasado y el 29 de julio fue la última ocasión que asistió con las familias de Ayotzinapa a la cuarta reunión con la titular del Ejecutivo federal en Palacio Nacional.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
