Presidencia

Alista Ejecutivo paquete anticorrupción para fortalecer denuncias y evitar fallas judiciales

Reformas darían sustento legal a figuras encubiertas y reforzarían la confidencialidad; Sheinbaum vincula estrategia con aumento histórico en la recaudación

Ciudad de México, 18 de febrero del 2026.- El Ejecutivo federal prepara un conjunto de reformas en materia anticorrupción con el propósito de robustecer la denuncia ciudadana y dotar de mayor solidez jurídica a las figuras de contribuyente, trabajador y empresario encubiertos, instrumentos que —según el gobierno— requieren respaldo normativo para evitar que los casos se debiliten en tribunales.

En Palacio Nacional, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reconoció que uno de los obstáculos para combatir prácticas irregulares es la resistencia de ciudadanos y actores económicos a presentar denuncias, ante la percepción de vulnerabilidad o falta de protección institucional.

Por ello, explicó, el paquete incluirá modificaciones orientadas a blindar la confidencialidad y el manejo discrecional de la información, con el objetivo de generar mayor confianza en los mecanismos formales de denuncia.

Buenrostro subrayó que, aunque las figuras encubiertas han sido empleadas en distintos procedimientos, su falta de precisión legal ha provocado que algunos expedientes no prosperen en juzgados. La intención, dijo, es establecer bases normativas claras que fortalezcan la actuación de la autoridad y reduzcan márgenes de impugnación.

En el mismo acto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el combate a la corrupción se mantiene como eje transversal de su administración y lo relacionó con los resultados en materia fiscal. Informó que en 2025 la recaudación por impuestos y derechos alcanzó seis billones de pesos, cifra que atribuyó a una política de mayor vigilancia y cumplimiento tributario.

Con estas iniciativas, el gobierno busca consolidar un andamiaje legal que fortalezca la participación ciudadana en la detección de irregularidades y refuerce la eficacia institucional en la persecución de actos de corrupción.

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