Abren frente legislativo contra cambios a la Modalidad 40

• Higinio Martínez analiza la legalidad de las nuevas reglas y plantea citar al director del instituto; especialistas advierten posibles violaciones a la Ley del Seguro Social

Ciudad de México, 23 de octubre del 2026.- Las modificaciones a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrieron un debate jurídico y legislativo sobre las facultades del organismo para cambiar las condiciones de cotización de los trabajadores. El presidente del Senado, Higinio Martínez, informó que revisa los alcances de la medida y advirtió que, si implica modificaciones a la Ley del Seguro Social, corresponde al Poder Legislativo determinar su aprobación. También planteó la posibilidad de llamar a comparecer al director del instituto.

Las nuevas disposiciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen límites para quienes se incorporen a esta modalidad y pretendan elevar su salario base de cotización hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), particularmente cuando provengan de ingresos bajos. Conforme al acuerdo, el cálculo partirá del último salario registrado, al que se sumará una UMA, equivalente a 117.31 pesos en 2026. Además, se restringirán los pagos retroactivos.

Desde el Poder Legislativo, la senadora Claudia Anaya solicitó promover una controversia constitucional, al argumentar que no es procedente modificar disposiciones de esta naturaleza mediante un decreto. Asimismo, llamó a los trabajadores que consideren afectados sus derechos a recurrir al juicio de amparo.

En tanto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sostuvo que el decreto debe respetarse, pero consideró necesaria la intervención del Congreso para establecer una regulación mediante un proceso legislativo que otorgue mayor certeza y permanencia a las nuevas disposiciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum justificó la medida al señalar que se establecieron candados después de detectar presuntos fraudes relacionados con pensiones elevadas. Explicó que el propósito es impedir abusos y proteger los recursos financieros del Seguro Social.

Sin embargo, las razones del Gobierno federal no han disipado las objeciones jurídicas. Cristina González Medina afirmó que las modificaciones vulneran el marco legal y el principio de reserva de ley, al considerar que una disposición administrativa no debe sustituir las atribuciones del Congreso. También cuestionó que se generalice la existencia de prácticas fraudulentas entre los asegurados que optaron por esta modalidad y cumplieron con las condiciones vigentes.

Por su parte, Ricardo Martínez Rojas advirtió que las nuevas reglas podrían contravenir los artículos 218, 219 y 220 de la Ley del Seguro Social, al afectar derechos adquiridos por los trabajadores. Ante ello, anticipó posibles procedimientos judiciales contra la aplicación de las medidas.

Una posición distinta expresó Jorge Sales, quien consideró que los cambios pueden ser legales, aunque puso en duda que se haya prescindido de un proceso legislativo para establecer disposiciones con efectos sobre los asegurados.

La discusión coloca en el centro la facultad del IMSS para establecer mecanismos de control frente a posibles irregularidades y la obligación de garantizar que las medidas respeten el marco legal, los derechos de los cotizantes y las atribuciones del Congreso de la Unión.