Órgano de Administración Judicial abroga evaluación de desempeño de trabajadores del Poder Judicial
El organismo eliminó disposiciones que podían derivar en sanciones o separación del cargo y suprimió las evaluaciones extraordinarias; al menos 50 juzgados y tribunales federales permanecen cerrados.
Ciudad de México, 09 de noviembre del 2026.- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinó abrogar el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, luego de revisar sus disposiciones y establecer modificaciones con las representaciones sindicales y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria celebrada este lunes, en seguimiento a los compromisos alcanzados el sábado 7 de noviembre en las instalaciones de la Corte, con dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial.
Entre los cambios acordados se estableció que las evaluaciones tendrán exclusivamente el objetivo de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios de impartición de justicia, sin que puedan utilizarse como instrumentos de sanción o como justificación para separar a los empleados de sus puestos.
Asimismo, se determinó eliminar las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales y ajustar los porcentajes correspondientes a los rubros susceptibles de incorporar elementos subjetivos. El OAJ también se comprometió a publicar las modificaciones sustantivas en el Diario Oficial de la Federación a la brevedad.
No obstante, el órgano administrativo expresó preocupación porque, pese al compromiso de las dirigencias sindicales de garantizar la normalidad laboral, al menos 50 juzgados y tribunales federales continúan sin actividades.
Advirtió que la persistencia de los cierres afecta el acceso de la población a la justicia y perjudica la prestación de un servicio público fundamental.
Por ello, el Pleno del OAJ reiteró que la abrogación del acuerdo responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita.
Finalmente, refrendó su compromiso con la continuidad de las labores judiciales, el fortalecimiento institucional y la atención a las demandas de la ciudadanía.