Sheinbaum prevé elevar hasta 15% la recaudación con pagos digitales en gasolineras y casetas

• La Presidenta destacó que la digitalización permitirá mejorar el control de los cobros y del IEPS a los combustibles; la nueva normativa entrará en vigor en junio de 2027.

Ciudad de México, 21 de octubre del 2026.- La implementación de pagos digitales en gasolineras y casetas de peaje podría incrementar los ingresos públicos hasta en 15 por ciento, estimó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al explicar los alcances de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por el Senado de la República.

Durante su conferencia matutina, la mandataria tomó como referencia la experiencia del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde la incorporación de tarjetas de crédito y débito para el pago del servicio se tradujo en un aumento aproximado de 15 por ciento en los ingresos, debido a una menor recirculación de boletos y a la reducción de posibles fugas de recursos.

Aunque evitó precisar cuánto dinero adicional podría obtener el gobierno con la aplicación de la nueva legislación, consideró que la digitalización de los cobros facilitará la verificación de las operaciones y permitirá identificar discrepancias en el pago de impuestos.

Uno de los aspectos centrales será el control del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a los combustibles. Sheinbaum explicó que, a partir de junio de 2027, la normativa obligará a los distintos participantes de la cadena de suministro a reportar y cubrir el gravamen correspondiente, y no únicamente al importador.

“Si no cuadra el IEPS de un lado con el otro, pues va a tener que pagar lo correspondiente”, señaló, al referirse a los mecanismos de revisión que permitirán contrastar los registros de las operaciones y los impuestos enterados.

La Presidenta sostuvo que el uso de medios electrónicos facilitará el seguimiento de los pagos y contribuirá a fortalecer la transparencia en la recaudación. No obstante, indicó que todavía debe estimarse el monto de los recursos que podrían perderse por el uso de efectivo.

Para ello, planteó la posibilidad de realizar un trabajo coordinado entre distintas dependencias federales, aunque precisó que sería necesario consultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar la magnitud de esas posibles fugas.