Congreso de EU pone bajo la lupa a la DEA por permitir el paso de cargamentos de fentanilo
- Republicanos exigen al Departamento de Justicia explicar una estrategia que permitió vigilar grandes envíos sin decomisarlos; denuncian posibles riesgos para la población
Miami, 01 de septiembre del 2026.- La política de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para vigilar grandes cargamentos de fentanilo sin proceder a su decomiso quedó bajo investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en medio de acusaciones de que esta estrategia permitió que cantidades considerables del opioide llegaran a las calles.
El presidente del comité, el republicano James Comer, solicitó al secretario de Justicia, Todd Blanche, la entrega de documentos y comunicaciones relacionados con las operaciones en las que agentes federales habrían optado por seguir los cargamentos en lugar de interceptarlos.
La investigación legislativa se suma a los cuestionamientos surgidos en Nuevo México, considerado uno de los principales epicentros de la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Exagentes y denunciantes de la DEA han señalado que recibieron instrucciones para no intervenir ante envíos que contenían cientos de miles de pastillas, con el argumento de preservar investigaciones de mayor alcance.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó recientemente una demanda contra el Departamento de Justicia para obtener parte de la documentación que también reclama el Congreso.
En su solicitud, Comer cuestionó que una política de investigación pudiera privilegiar la construcción de casos penales por encima de la interrupción inmediata de cargamentos de una sustancia potencialmente letal.
El legislador sostuvo que, aunque las autoridades no cuentan con capacidad para interceptar todos los envíos detectados, una directriz que impida actuar ante cargamentos de gran volumen resulta inaceptable y pudo ocasionar daños y pérdida de vidas.
Cambios en protocolos abren debate político
El caso se relaciona con una modificación de los protocolos federales para enfrentar el tráfico de fentanilo.
Las reglas adoptadas en 2017 establecían que los agentes debían procurar el aseguramiento de la droga o impedir su distribución tan pronto como fuera posible cuando existieran elementos para considerar que sería comercializada.
Sin embargo, en 2024 el Departamento de Justicia modificó estos lineamientos para otorgar mayor discrecionalidad a las autoridades sobre el momento de intervenir, bajo el argumento de que mantener determinados cargamentos bajo vigilancia podía contribuir a fortalecer las investigaciones.
Esta modalidad, conocida como permitir que las drogas “caminen”, consiste en seguir los movimientos de los cargamentos y de los presuntos integrantes de las redes criminales sin realizar de inmediato el decomiso.
Una investigación de The Associated Press documentó que esta práctica fue utilizada en Nuevo México entre 2023 y 2025, periodo en el que agentes de la DEA siguieron grandes cargamentos mientras las autoridades buscaban construir investigaciones contra organizaciones de mayor dimensión.
Fentanilo, en el centro de la controversia
La polémica adquiere mayor dimensión debido a la gravedad de la crisis de opioides que enfrenta Estados Unidos. La propia DEA ha mantenido campañas públicas para advertir sobre los riesgos del fentanilo y su potencial letal incluso en cantidades reducidas.
Durante una de las operaciones derivadas de estas investigaciones, las autoridades aseguraron alrededor de 3 millones de pastillas de fentanilo. Sin embargo, de acuerdo con testimonios y documentos citados en las investigaciones, otros cargamentos de mayor tamaño habrían permanecido bajo vigilancia mientras los agentes seguían los movimientos de presuntos distribuidores.
Un exsupervisor de la DEA que participó en uno de estos casos afirmó que la organización criminal pudo haber sido desmantelada meses antes, mientras que otros denunciantes han cuestionado la permanencia de esta estrategia.
El debate también alcanzó al gobierno federal. El organismo de control interno del Departamento de Justicia inició una revisión nacional para determinar si las autoridades utilizaron prácticas similares en otras investigaciones y jurisdicciones.
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió la naturaleza compleja y prolongada de las investigaciones contra las organizaciones criminales y manifestó su disposición a colaborar con la revisión.
Exigen esclarecer responsabilidades
La investigación del Congreso busca determinar quién autorizó la aplicación de estos criterios, bajo qué fundamentos y si las modificaciones a los protocolos federales permitieron que grandes cantidades de fentanilo fueran distribuidas mientras las autoridades construían casos penales.
El requerimiento de Comer está dirigido específicamente a conocer las decisiones adoptadas durante la administración de Joe Biden, a la que los republicanos responsabilizan de haber relajado los protocolos de mitigación de riesgos establecidos anteriormente.
El caso abre así un nuevo frente político en torno a la estrategia antidrogas de Estados Unidos y plantea interrogantes sobre los límites que deben existir entre las técnicas de investigación criminal y la obligación de las autoridades de impedir que sustancias altamente letales lleguen a la población.
La revisión congressional y la investigación interna del Departamento de Justicia determinarán si se trató de decisiones aisladas dentro de operaciones específicas o de una práctica institucional que se extendió a otras regiones del país.