FGR acusa violaciones al derecho internacional en el caso Zambada
- Ernestina Godoy sostiene que existen indicios de una operación planeada por el FBI al margen de la legalidad y denuncia inconsistencias en la información proporcionada por autoridades estadounidenses.
Ciudad de México, 09 de julio del 2026.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos representa un caso que podría configurar graves violaciones al derecho mexicano e internacional, además de evidenciar un presunto acuerdo realizado al margen de los mecanismos legales y una actuación contraria a los principios que rigen las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal sostuvo que, de confirmarse la información según la cual el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reconoce haber planeado, organizado y ejecutado la operación que derivó en la captura y traslado del presunto líder del Cártel de Sinaloa, se habrían vulnerado disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, así como el principio de buena fe establecido en los tratados que regulan la cooperación entre Estados.
Godoy Ramos recordó que, tras los hechos ocurridos en julio de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró públicamente que el gobierno estadounidense no había participado en la operación y que ésta había sido realizada exclusivamente entre integrantes de grupos criminales, sin intervención de aeronaves, agentes o personal oficial de ese país.
No obstante, señaló que la información recientemente conocida contradice aquella versión, lo que, afirmó, genera cuestionamientos sobre la veracidad de las declaraciones emitidas por el exdiplomático y sobre la actuación de las autoridades estadounidenses durante el operativo.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez, precisó que, aun cuando pudiera acreditarse que Ken Salazar faltó a la verdad en sus declaraciones públicas, esa conducta no constituiría un delito sancionable penalmente en México, aunque sí podría tener repercusiones en el ámbito diplomático.
La fiscal informó que la FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con el caso y que, mediante los mecanismos de asistencia jurídica internacional, ha solicitado en reiteradas ocasiones al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI información oficial sobre el operativo. Sin embargo, denunció que las respuestas recibidas han contenido datos «falsos o imprecisos» y que, pese al envío de 13 recordatorios por la vía diplomática, las autoridades estadounidenses no han proporcionado la información requerida.
Godoy Ramos detalló que, desde el 25 de julio de 2024, la institución ha iniciado siete carpetas de investigación relacionadas con los hechos, entre ellas las referentes al homicidio de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa; la desaparición de dos escoltas de Ismael Zambada; así como posibles delitos contra la procuración de justicia derivados de la alteración de la escena del crimen y diversas irregularidades ministeriales.
Como parte de estas indagatorias, la FGR ha realizado 153 entrevistas, integrado mil 288 informes y elaborado 124 dictámenes periciales en distintas especialidades. Asimismo, ha promovido solicitudes de cooperación internacional y formalizó la petición de extradición de Ismael Zambada, sustentada en tres procesos penales por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud en territorio nacional.
Respecto a dicha solicitud, la titular de la FGR explicó que el Departamento de Justicia estadounidense notificó la imposibilidad de atenderla, argumentando que el presunto narcotraficante enfrenta actualmente un proceso penal ante una corte federal de ese país.
La funcionaria también reveló que en México existen 32 investigaciones abiertas y órdenes de aprehensión vigentes en contra de Zambada García, por lo que rechazó categóricamente cualquier señalamiento sobre un supuesto intento de proteger al líder criminal.
En otro aspecto del caso, la Fiscalía informó que continúa pendiente la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra diez exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Explicó que el gobierno de Estados Unidos aún no ha remitido las pruebas necesarias para satisfacer el estándar probatorio que exige la legislación mexicana, por lo que el Ministerio Público Federal mantiene abiertas las investigaciones correspondientes mientras espera la información requerida.