Denuncia ASF presunto quebranto al erario por más de 600 mdp
- Las querellas derivan principalmente de las cuentas públicas de 2021 y 2024 e involucran presuntas irregularidades en dependencias federales, municipios y gobiernos estatales; el auditor superior atribuye la acción a las nuevas facultades de investigación del órgano fiscalizador.
Ciudad de México, 01 de julio del 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño al erario que rebasa los 600 millones de pesos, derivado de irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2020, 2021, 2023 y 2024.
De acuerdo con el informe entregado este martes a la Cámara de Diputados, 10 de las denuncias corresponden al ejercicio presupuestal de 2021; nueve, a la Cuenta Pública de 2024; una, a 2023, y otra más, a 2020.
Entre los expedientes promovidos el viernes pasado ante la FGR destacan tres denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), correspondientes al último año de la administración federal anterior. Las querellas se sustentan en la auditoría número 76, luego de que no se justificara el destino de 121 millones 934 mil 472 pesos.
Asimismo, cuatro denuncias derivadas de la Cuenta Pública 2024 están vinculadas con presuntas anomalías en el ejercicio de recursos federales por parte de los municipios mexiquenses de Donato Guerra, que concentra tres expedientes, y Valle de Bravo, con uno, conforme a las auditorías 900 y 980.
La ASF también solicitó a la FGR iniciar investigaciones penales por las auditorías 426 y 1,476, relacionadas con el manejo de recursos públicos en Talleres Gráficos de México y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca durante el último año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, la única denuncia correspondiente a la Cuenta Pública 2023 se originó en la auditoría 1,309 practicada al municipio de Maravatío, Michoacán.
Por su parte, el municipio de Alvarado, Veracruz, concentra cinco denuncias penales derivadas de observaciones realizadas en la auditoría especial DN2500: una correspondiente a la Cuenta Pública 2020 y cuatro más al ejercicio de 2021.
A estas acciones se suman otras cinco denuncias promovidas por irregularidades detectadas en la auditoría 1,228 sobre el ejercicio presupuestal de 2021 en el gobierno de Nayarit, así como una más por la auditoría 1,608, relacionada con presuntas anomalías en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.
Al entregar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la primera entrega de la Cuenta Pública 2025, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó que estas acciones fueron posibles gracias a las reformas aprobadas este año por el Congreso para ampliar las atribuciones del órgano fiscalizador.
Sin detallar públicamente los casos específicos para preservar el debido proceso, Hernández Palacios Cardel informó que las 21 denuncias penales ya fueron presentadas por un posible daño al patrimonio público superior a 600 millones de pesos.
«Hemos dado inicio a 31 expedientes de investigación respecto de entes de los tres órdenes de gobierno, esto como parte de los primeros resultados de las adecuaciones a nuestro marco normativo que nos otorga la facultad de realizar investigaciones sin tener que pasar por el proceso tradicional de auditoría», señaló.
Añadió que «hemos presentado 21 denuncias penales (…) atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento, sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización».
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), destacó que, como resultado de la reforma legal, el Programa Anual de Auditorías contempla la realización de 2 mil 244 revisiones: 2 mil 58 de cumplimiento, 167 integrales y 19 forenses, estas últimas orientadas a documentar posibles actos de corrupción.