Corte analizará mantener vigentes procesos penales por tragedia de la Guardería ABC
- Proyecto de la ministra Loretta Ortiz plantea que las omisiones relacionadas con la tragedia de la guardería constituyen violaciones graves a los derechos de la infancia y no deben quedar sujetas a prescripción
Ciudad de México, 15 de junio del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará esta semana un proyecto que podría abrir la puerta a la continuación de procesos penales contra ex funcionarios presuntamente vinculados con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 menores y más de un centenar resultaron lesionados.
La propuesta, elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, plantea que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión cometidos en perjuicio de niñas y niños no deben considerarse sujetos a prescripción cuando se trata de hechos que implican violaciones graves a los derechos de la infancia.
El proyecto, programado para discutirse en el pleno de la Corte, sostiene que la magnitud de la tragedia y las posibles omisiones de autoridades responsables del deber de protección del Estado colocan el caso en una dimensión distinta a la de los delitos ordinarios, lo que justifica una interpretación reforzada en favor del acceso a la justicia.
La resolución deriva del amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien fue vinculado a proceso en 2020 por los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados de presuntas omisiones relacionadas con el funcionamiento de la estancia infantil.
El ex funcionario impugnó la acción penal argumentando que los delitos habían prescrito y que el plazo legal para su persecución concluyó en septiembre de 2019. Sin embargo, un juez federal rechazó ese planteamiento al considerar que, al tratarse de conductas que afectaron directamente a menores de edad, la acción penal conserva vigencia.
En su proyecto, Ortiz Ahlf respalda dicho criterio y argumenta que el interés superior de la niñez, así como los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, obligan a garantizar que hechos de esta naturaleza puedan ser investigados y sancionados sin que la prescripción se convierta en un obstáculo para el acceso a la verdad y la justicia.
La ministra sostiene que la gravedad de los acontecimientos registrados en la Guardería ABC exige una valoración excepcional, acorde con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y con los estándares internacionales de protección a la infancia.
De ser aprobado por el pleno, el proyecto no resolvería de fondo la responsabilidad penal del ex funcionario, pero sí establecería un criterio relevante para el caso. La Corte ordenaría devolver el expediente al tribunal colegiado correspondiente para que emita una nueva resolución de amparo bajo los parámetros fijados por el máximo tribunal.
La decisión podría tener repercusiones para otros procedimientos relacionados con la tragedia, considerada una de las mayores crisis en materia de protección infantil y rendición de cuentas en la historia reciente del país.
A más de 17 años del incendio, el caso continúa siendo un referente en el debate nacional sobre responsabilidades institucionales, derechos de la niñez y acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familias.