Congreso alista reformas electorales para blindar comicios de 2027
- Sheinbaum propone mecanismo de verificación para detectar vínculos de candidatos con el crimen organizado
Ciudad de México, 23 de mayo del 2026.- Con carácter de urgente avanzan los preparativos para el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión que iniciará el próximo martes, en el cual se discutirán cuatro reformas político-electorales que deberán quedar aprobadas y promulgadas antes del 1 de junio, con el objetivo de que puedan aplicarse en las elecciones federales y locales de 2027.
La Comisión Permanente formalizó anoche la convocatoria a la Cámara de Diputados y al Senado mediante un decreto publicado en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
De manera paralela, el órgano legislativo recibió la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe), a fin de establecer mecanismos preventivos que permitan identificar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y organizaciones criminales.
La propuesta constituye uno de los cuatro proyectos incluidos en el temario del periodo extraordinario y plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que mantendría coordinación con partidos políticos y dependencias relacionadas con seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
De acuerdo con la exposición de motivos, el procedimiento de evaluación tendría carácter voluntario tanto para partidos políticos como para aspirantes, por lo que no sería un requisito obligatorio para el registro de candidaturas, sino un instrumento preventivo e informativo orientado a detectar posibles nexos con actividades ilícitas antes de las postulaciones oficiales.
La iniciativa establece que los partidos podrán presentar listas completas o parciales de aspirantes para ser evaluados, siempre que acrediten el consentimiento expreso de los involucrados para la revisión de sus perfiles.
El proyecto presidencial incorpora además salvaguardas dirigidas a proteger la presunción de inocencia y evitar afectaciones a investigaciones en curso. En ese sentido, la comisión únicamente recibiría reportes sobre posibles niveles de riesgo, sin acceso a expedientes ministeriales, carpetas de investigación o información financiera específica.
En caso de que las dependencias participantes —entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— detecten un “riesgo razonable” de vinculación con el narcotráfico o la delincuencia organizada, el órgano electoral emitiría una notificación confidencial al partido político correspondiente o al aspirante independiente.
La iniciativa precisa que la decisión final sobre mantener o retirar una candidatura recaerá exclusivamente en cada fuerza política y aclara que la determinación de un “riesgo razonable” no constituirá una acusación penal ni sustituirá las facultades ministeriales o judiciales.
No obstante, se establece que si durante las revisiones las autoridades detectan posibles hechos constitutivos de delito, deberán iniciar o continuar las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales.
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, informó que la iniciativa fue turnada de inmediato a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación.
Además de esta reforma, el periodo extraordinario contempla otras tres iniciativas: dos modificaciones constitucionales para posponer hasta 2028 la elección de jueces y magistrados y para anular procesos electorales en los que se acredite intervención de fuerzas extranjeras; así como una reforma adicional orientada a perfeccionar los mecanismos de nulidad electoral.