Tribunal de Miami ordena a socios de García Luna pagar 578 millones de dólares a México
- La resolución contra la familia Weinberg se suma a la condena millonaria impuesta al ex secretario de Seguridad y su esposa por presunto desvío de recursos públicos
Ciudad de México, 21 de mayo del 2026.-Un tribunal de Miami, Florida, ordenó a la familia Weinberg —identificada por autoridades mexicanas como presunta socia y prestanombres de Genaro García Luna— pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por concepto de reparación del daño patrimonial derivado de un presunto esquema de corrupción y desvío de recursos públicos.
La resolución involucra a Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto de Weinberg, quienes fueron demandados civilmente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta participación en operaciones ligadas al ex funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con la UIF, García Luna habría utilizado su posición como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente sus redes de influencia para beneficiar a empresas vinculadas con contratos inflados relacionados con seguridad y tecnología.
El fallo se suma a la sentencia emitida en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, quienes fueron condenados a pagar al Estado mexicano 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares, equivalentes al triple de los recursos presuntamente desviados mediante contratos ilícitos.
Con ambas resoluciones, el Estado mexicano tendría derecho a recuperar más de 3 mil 67 millones de dólares derivados de este caso, informó la UIF.
La dependencia explicó que las sentencias forman parte de un acuerdo judicial mediante el cual los involucrados deberán entregar activos localizados en distintas jurisdicciones internacionales para su liquidación y aplicación parcial al pago ordenado por las autoridades estadounidenses.
Hasta el cierre de esta edición, la UIF no había precisado si el gobierno mexicano ha recuperado parte de los recursos establecidos en la sentencia previa contra García Luna y su esposa, o si el proceso permanece sin ejecución efectiva.
Desde el sexenio anterior, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, promovió en Estados Unidos un procedimiento civil para recuperar activos presuntamente obtenidos mediante un esquema ilegal de contratación pública vinculado al ex secretario de Seguridad.
Según Hacienda, la investigación se sustentó en documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante cooperación jurídica internacional, con los que se acreditaría la participación de personas físicas y empresas en operaciones destinadas a obtener contratos públicos de manera indebida y posteriormente ocultar recursos mediante transferencias financieras.