UIF congela cuentas de Rocha Moya y allegados; Sheinbaum pide respeto a soberanía
- La presidenta sostuvo que México debe encabezar el combate al crimen organizado y aclaró que las medidas financieras derivan de cooperación bancaria con Estados Unidos.
Ciudad de México, 18 de mayo del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el combate al crimen organizado corresponde exclusivamente a las instituciones mexicanas y pidió a Estados Unidos mantener la cooperación bilateral bajo principios de respeto a la soberanía nacional.
En ese contexto, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera aplicó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos y otros implicados en solicitudes de detención con fines de extradición promovidas por autoridades estadounidenses.
La mandataria aclaró que la UIF no mantiene una investigación directa contra los involucrados y explicó que las restricciones financieras se originaron como parte de mecanismos preventivos derivados de la relación entre bancos mexicanos y entidades financieras de Estados Unidos.
“Ellos pueden ayudar proporcionando información, pero sobre todo atendiendo el consumo de drogas y el tráfico de armas hacia México”, señaló Sheinbaum al referirse al papel que debe desempeñar Washington en la estrategia bilateral de seguridad.
La presidenta insistió en que cualquier colaboración internacional debe desarrollarse sin vulnerar la autonomía del país y reiteró que no corresponde a fuerzas extranjeras intervenir en territorio mexicano.
Las declaraciones se producen luego de que la Fiscalía General de la República informara que concentra en un mismo expediente diversas investigaciones relacionadas con el caso Sinaloa.
Entre ellas figuran las indagatorias por el presunto secuestro de Ismael Zambada García, el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como presuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral de 2021 en la entidad.
El caso ha elevado la presión política sobre el entorno del gobierno sinaloense y reactivado el debate sobre la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.