A tres años del incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, organizaciones afirman que el caso sigue abierto
Denuncian rezagos en la reparación del daño y señalan que aún no se han esclarecido responsabilidades por la muerte de 40 migrantes
Ciudad de México, 28 de marzo del 2026.- A tres años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos, organizaciones civiles que acompañan a las víctimas afirmaron que el caso no está cerrado y que persisten pendientes en materia de justicia y reparación del daño.
Durante un conversatorio realizado en la Ciudad de México, representantes de Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración y Derechos Humanos Integrales en Acción señalaron que, hasta ahora, sólo cuatro personas se encuentran en prisión, mientras que siete continúan su proceso en libertad. En tanto, el ex titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, sigue acusado por ejercicio ilícito del servicio público.
Las organizaciones también advirtieron que existen deficiencias en la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración, explicó que no todas las personas afectadas han recibido compensación económica, entre ellas 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas con el argumento de que no sufrieron lesiones físicas.
Asimismo, señaló que, durante el acompañamiento a familias de migrantes fallecidos y sobrevivientes, detectaron preocupación por la actuación de las autoridades en el proceso judicial contra el ex comisionado del INM.
Por su parte, Marcos Zavala, abogado de Fundación para la Justicia, explicó que las personas detenidas por la tragedia son dos migrantes venezolanos, un elemento de seguridad privada y un agente del Instituto Nacional de Migración.
Respecto a Francisco Garduño, actual director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, indicó que las organizaciones han solicitado su suspensión del cargo para evitar que utilice su posición institucional en su defensa legal.
En el conversatorio, Blanca Navarrete afirmó que, tras el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023, aún existen preguntas sin respuesta, entre ellas quién permitió el ingreso del encendedor con el que se inició el siniestro, quién tenía las llaves del área donde estaban los migrantes y por qué no se utilizaron a tiempo para evacuarlos.
También mencionó testimonios de mujeres sobrevivientes que refieren haber escuchado gritos de tortura en una celda contigua antes del incendio, lo que, dijeron, debe ser investigado.
Las organizaciones advirtieron que los hechos no pueden entenderse como un evento aislado, sino como consecuencia de una política migratoria basada en la detención, la criminalización y la contención de personas en movilidad.