ONU advierte impacto devastador por violencia contra defensores en Colombia
Informe documenta 972 asesinatos desde 2016 y más de 2 mil agresiones recientes; organismo advierte causas estructurales y exige respuesta integral del Estado
Bogotá, 19 de marzo del 2026.- A casi una década de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos se mantiene como un problema estructural en el país, alertó la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo con un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre 2016 y 2025 se han verificado 972 homicidios de defensores, en un contexto donde persisten disputas territoriales entre grupos armados ilegales y una limitada presencia estatal en diversas regiones.
El documento señala que, lejos de disminuir, los asesinatos han mostrado un aumento progresivo desde la desmovilización de las FARC, alcanzando su punto más alto en 2022 con 117 casos. En años recientes, la cifra se ha mantenido cercana a los 100 homicidios anuales.
El Alto Comisionado, Volker Türk, reconoció los esfuerzos del actual gobierno colombiano para atender esta problemática; sin embargo, advirtió que las medidas implementadas resultan aún insuficientes frente a la magnitud del fenómeno.
Además de los asesinatos, la ONU ha documentado más de 2 mil agresiones desde 2022, principalmente amenazas, que —subraya— operan como mecanismos de intimidación y desarticulación del tejido social, aunque su registro sigue siendo parcial por la falta de sistemas integrados de información.
El informe identifica como principales responsables a actores armados no estatales, seguidos por organizaciones criminales y otros grupos vinculados a intereses económicos y políticos. Estas dinámicas están estrechamente relacionadas con economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas.
La violencia afecta de manera particular a liderazgos comunitarios, juntas de acción comunal, defensores ambientales, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y actores políticos locales, cuya labor es clave para la cohesión social y la gobernabilidad en los territorios.
Asimismo, la ONU advierte un impacto diferenciado en pueblos indígenas, donde la violencia busca debilitar sus estructuras organizativas mediante asesinatos, coerción, despojo territorial y la imposición de actividades ilícitas.
Frente a este escenario, el organismo internacional urgió al Estado colombiano a consolidar políticas públicas articuladas, reforzar la presencia institucional en zonas de riesgo y combatir la impunidad mediante investigaciones eficaces. Advirtió que, sin una intervención integral, la violencia continuará erosionando la defensa de los derechos humanos en el país.