Sueldos del INE, otra vez bajo la lupa
Tope salarial propuesto reabre debate sobre autonomía y uso del presupuesto
Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- La nueva iniciativa de reforma político-electoral enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea reducir las percepciones de los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que reavivó una disputa que se mantiene desde 2018 entre el órgano autónomo y el gobierno federal.
El proyecto establece que ningún funcionario electoral podrá ganar más de 134 mil pesos mensuales, en línea con el salario presidencial. Actualmente, los 11 consejeros del instituto perciben alrededor de 262 mil pesos brutos al mes, además de diversas prestaciones.
La medida impactaría también a la estructura directiva del organismo, incluyendo a la Junta General Ejecutiva —secretarías, direcciones, unidades técnicas y coordinaciones—, cuyos integrantes tienen ingresos superiores a los del Ejecutivo federal. En total, cerca de 18 mil trabajadores cuentan con beneficios adicionales, como seguros de gastos médicos mayores.
El INE ha defendido históricamente estas condiciones bajo el argumento de su autonomía constitucional, al considerar que tiene facultades para definir el uso de su presupuesto. También ha sostenido que el salario presidencial no es un parámetro definitivo, pues debe contemplar apoyos y condiciones asociados al cargo.
Este diferendo ha marcado la relación entre el instituto y los poderes Ejecutivo y Legislativo en los últimos años. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el tema de los salarios y prestaciones fue recurrente, con críticas a lo que el gobierno calificó como privilegios dentro del órgano electoral.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió tras un recorte presupuestal que, según el INE, comprometía la organización de la consulta de revocación de mandato. En respuesta, el organismo promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que la Cámara de Diputados debía revisar y justificar el ajuste de manera técnica.
El instituto advirtió entonces que la reducción de recursos podría afectar la instalación de casillas y, por ende, los derechos de la ciudadanía. Sobre las remuneraciones, sostuvo que están respaldadas por criterios constitucionales.
“No es un asunto de privilegios, sino de autonomía e independencia de la función electoral”, afirmó en su momento Lorenzo Córdova.