Reforma electoral plantea adelgazar al Senado y ajustar estructura del INE
Iniciativa de Sheinbaum elimina plurinominales en la Cámara alta, reduce gasto 25% y refuerza fiscalización financiera
Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma electoral que propone reconfigurar la integración del Senado, modificar la composición de la Cámara de Diputados y aplicar una reducción de 25 por ciento al gasto destinado a la organización de elecciones.
El proyecto contempla disminuir el Senado de 128 a 96 integrantes, al eliminar la lista nacional de representación proporcional. De aprobarse, la Cámara alta quedaría conformada por 64 legisladores electos por mayoría relativa y 32 de primera minoría.
En el caso de la Cámara de Diputados se conservarían los 500 escaños: 300 de mayoría en distritos uninominales y 200 de representación proporcional, distribuidos entre candidatos con alta votación que no obtuvieron el triunfo, listas por circunscripción y ocho diputaciones para mexicanos residentes en el extranjero.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el ajuste presupuestal impactaría en el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales, los tribunales electorales y el financiamiento público a partidos políticos.
Entre los puntos centrales se incluye la reducción de salarios y bonos de consejeros y altos funcionarios del INE, en concordancia con el artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal. Asimismo, se plantea eliminar duplicidades entre el órgano nacional y las autoridades electorales locales.
La propuesta también prevé recortes al gasto del Congreso de la Unión y de los congresos estatales, además de reducir el número de regidurías en los ayuntamientos, que se determinarían con base en la población y tendrían un máximo de 15 integrantes.
Fiscalización y tecnología
Uno de los ejes de la iniciativa es fortalecer la fiscalización. El INE tendría acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidatos; se prohibirían aportaciones en efectivo y se obligaría a canalizar todos los recursos a través del sistema financiero. Además, se promovería el uso de herramientas tecnológicas para supervisar el origen y destino del dinero en campañas.
En materia de comunicación política, los tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas se reducirían de 48 a 35 minutos diarios.
La reforma también propone eliminar los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para que al cierre de casillas inicien de inmediato los cómputos distritales, esquema que ya opera en la Ciudad de México.
Asimismo, se amplían los mecanismos de democracia participativa —como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato— para que estén previstos en elecciones locales, y se refuerzan disposiciones contra el nepotismo y la reelección a partir de 2030.
En el plano digital, se propone regular el uso de inteligencia artificial en campañas, obligando a que se identifique claramente cuando un contenido haya sido generado mediante esa tecnología.
Por su parte, Pablo Gómez, quien encabezó la comisión que realizó la consulta para elaborar la iniciativa, justificó la reducción presupuestal al señalar que en 2024 el gasto electoral ascendió a 61 mil millones de pesos, de los cuales 36 mil millones correspondieron a organismos federales y 25 mil millones a autoridades locales.
La propuesta será turnada al Congreso para su análisis, en un debate que anticipa confrontación entre quienes defienden la austeridad y quienes advierten riesgos para la autonomía y operatividad del sistema electoral.