Organiza Laura Hernández foro para analizar desafíos de profesionales del derecho tras aprobación de las reformas al Poder Judicial y a la Ley de Amparo

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025.-La diputada Laura Hernández García (MC), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, organizó el foro “Por la Revolución de los derechos humanos de las mujeres” para analizar los desafíos que enfrentan las personas profesionales del derecho, tras la aprobación de las reformas al Poder Judicial y a la Ley de Amparo.

Durante su participación, la legisladora subrayó que hoy existe un riesgo latente para quienes ejercen la abogacía, por lo que cuestionó qué está ocurriendo en los juzgados y en la legislación social, y cómo este entorno adverso impacta a quienes defienden los derechos humanos.

Hernández García reiteró que las instituciones, como las comisiones de Derechos Humanos estatales y federal, deben coadyuvar con las labores jurisdiccionales, así como garantizar la aplicación efectiva de leyes como la Ley General de Víctimas.

Destacó la relevancia de abrir espacios de diálogo ante el complejo contexto nacional, por lo que agradeció la presencia de abogadas, abogados y activista, y pidió que las conclusiones y propuestas fueran recogidas para convertirse en puntos de acuerdo o iniciativas legislativas.

Integrantes de Abogados Convencionalistas de México mencionaron que, a raíz de la reforma al Poder Judicial de la Federación los abogados, postulantes y litigantes, han salido a las calles, porque “no podríamos estar sentados y esperando ver todas estas reformas que hasta ahorita han dado resultados no tan favorables, es así que ya algunas personas que fueron electas ya renunciaron a su cargo, porque al final no estaban preparados algunos, no digo todos, para esas condiciones”.

Por otro lado, aseguraron que los derechos humanos en el país se han vulnerado demasiado, por lo que buscan dignificar su profesión para que se perciba, sienta y ejecute como una ciencia, a fin de que “no sigamos en el término de señalamientos para decidir quién es libre y quién no en este país”.

Por su parte, la activista y periodista Marcela de Jesús Natalia abordó sobre las violaciones a los derechos humanos de la mujer en México, ya que dicho sector de la población necesita ayuda de abogadas y abogados para que se les garanticen sus derechos.

“He vivido en carne propia las violaciones a los derechos humanos; encarcelada tres años, cinco días, junto con mi hijo menor injustamente detenida, sin una orden de aprehensión de manera arbitraria un 8 de marzo de 1998, intentaron asesinarme el día de mi cumpleaños, el 3 de junio del año 2017. Incrustaron tres balas en mi cuerpo y desde entonces yo tengo que huir para salvaguardar mi vida”, relató.

Celebró la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, señaló que “no llegamos todas. Estamos contentas que llegó y que haya dictado como año de la mujer indígena, basta de usarnos a las mujeres indígenas en la política. Nosotras queremos justicia, que se garanticen nuestros derechos”.

Por su parte, la abogada Silvia Ivette Olvera Espadas llamó a la unidad del gremio jurídico frente al contexto actual. “Nos presentamos como abogados convencionalistas en sinergia. Somos ese grupo de abogados que nos estamos levantando”.

Señaló que las y los penalistas ejercen bajo riesgo constante y recordó que, activistas como Marcela de Jesús, han insistido que la defensa de las víctimas exige aplicar plenamente los derechos consagrados en la Constitución Política.

Enfatizó que no acudió al foro a hablar de artículos legales, sino a convocar al gremio: “Vengo a convocarnos y que nos reunamos… ¿qué iniciativa vamos a dar para ver un frente común?”, y compartió que ella y su equipo han enfrentado amenazas por litigar casos mediáticos, lo que les impide incluso firmar ciertas carpetas. Por ello llamó a que el foro no se quede en una actividad aislada, sino que genere trabajo organizado después de su cierre.

Por su parte, la abogada Paola Ivette Camarillo Sánchez destacó la importancia de que un foro dedicado a los derechos humanos de las mujeres estuviera lleno de abogadas y abogados comprometidos, y abundó que la violencia institucional, afecta a quienes litigan en todas las áreas y que hoy forma parte del día a día en fiscalías y órganos jurisdiccionales.

Presentan propuestas para combatir la violencia estructural contra mujeres y fortalecer el juicio de amparo

Durante su participación en la segunda parte del foro donde se abordó la violencia contra las mujeres, la diputada Laura Hernández García (MC) destacó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales para proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y diversidad.

La legisladora subrayó que las autoridades deben aplicar de manera estricta los protocolos existentes, particularmente el Protocolo Nacional de Actuación para casos que involucran orientación sexual o identidad de género, así como el protocolo homologado de investigación en delitos cometidos contra personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Hernández García afirmó que la falta de debida diligencia y la persistencia de prácticas revictimizantes en fiscalías y centros de justicia continúan alejando a las víctimas de la denuncia, por lo que hizo un llamado a las autoridades a capacitarse y actuar con pleno respeto a los derechos humanos.

Resaltó que foros como este permiten abrir espacios de diálogo entre especialistas, activistas, abogadas, abogados y ciudadanía, lo cual fortalece la elaboración de políticas públicas y reformas legislativa, y reiteró que el Congreso debe asumir un papel activo para combatir la violencia estructural contra mujeres y personas LGBTTTIQ+, y que la aplicación correcta de los protocolos es un paso indispensable para erradicar prácticas discriminatorias dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia en México.

En una intervención posterior, Israel Calva Corro, fundador del despacho Calva Corro, expuso que el amparo debe recuperar su función original como mecanismo de control constitucional robusto, señalando regresiones normativas tras la reforma de 2011.

Presentó su proyecto de amparos gratuitos a nivel nacional, dirigidos a familias sin acceso al agua potable, mujeres que requieren protección de vivienda, pacientes sin atención en salud, mujeres privadas de la libertad y otros grupos vulnerables y detalló que cerca del 40 por ciento de los asuntos del despacho se litigan sin costo.

La abogada del despacho Calva Corro, Edurne Meneses Domínguez, subrayó que la violencia estructural es una “herida abierta” en la sociedad mexicana y destacó que 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, lo que incluye afectaciones económicas, psicológicas y sociales.

Señaló que la carga del trabajo no remunerado, equivalente al 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del cual 72 por ciento es realizado por mujeres limita su independencia económica y refuerza condiciones de desigualdad y denunció la falta de acceso efectivo a la justicia.

Recordó que, en delitos como violación, solo cuatro de cada 100 casos se resuelven, mientras que la impunidad en feminicidios alcanza el 76 por ciento a nivel nacional e indicó que la revictimización, la falta de diligencia y la ausencia de perspectiva de género en fiscalías y juzgados continúan enviando el mensaje de que la vida de las mujeres “importa menos”.

Por su parte, Giovanni Luna Trejo, abogado convencionalista, señaló que muchas víctimas no denuncian debido al maltrato institucional y relató casos en los que agentes del Ministerio Público, incluso mujeres, se niegan a recibir denuncias por violencia familiar bajo el argumento de “no creer” en la víctima, pese a contar con capacitación en perspectiva de género.

Propuso que las comparecencias ante Ministerio Público sean videograbadas, tal como ocurre en el sistema penal acusatorio, para evidenciar malas prácticas y reducir la revictimización.