Ciudad de México, 07 de noviembre del 2025.- María Dolores González Sarabia fue nombrada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México para un periodo de cuatro años, asegurando que su gestión será autónoma e independiente, pese a los señalamientos sobre su parentesco con la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia.
Tras rendir protesta ante el Congreso capitalino, González Sarabia adelantó que su objetivo es fortalecer la comisión, mejorar los procesos de recepción de quejas e investigación, profundizar en las recomendaciones y ampliar el impacto del trabajo del organismo.
Sobre su elección, la nueva titular destacó que el proceso incluyó la participación de consejeros, diputados y ciudadanos: “Entendemos que quizá alguien no esté de acuerdo, pero el proceso ha sido muy transparente”, comentó.
Durante la sesión del pleno, Jannete Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, respaldó el nombramiento y destacó que González Sarabia cuenta con el apoyo de académicos y organizaciones sociales, además de una trayectoria de más de 40 años en defensa de los derechos humanos, justicia social, mediación y construcción de paz. Su experiencia incluye trabajo con comunidades rurales, pueblos originarios, víctimas de violencia y organismos internacionales.
Los diputados de la oposición la exhortaron a actuar con independencia y ética, reforzando los mecanismos de apoyo a víctimas. González Sarabia fue elegida por mayoría, con 60 votos a favor.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, felicitó a la nueva presidenta mediante redes sociales, destacando que “el respeto y promoción de los derechos humanos es una de las características de la capital de la transformación”.
Reformas aprobadas en el Congreso
En paralelo, el Congreso capitalino aprobó reformas al Código Penal que endurecen las penas por lesiones cometidas por razones de género contra mujeres o personas con orientaciones sexuales no normativas.
Asimismo, se avalaron modificaciones que aumentan la prisión por amenazas en dos años, al considerarlas precursoras de delitos mayores como homicidio, y se incrementa hasta 10 años la pena por asociación delictuosa.
