Ciudad de México, 25 de septiembre del 2025.- La mortandad de abejas en México se repite con una frecuencia alarmante. En Hopelchén, Campeche, más de 3,300 colmenas murieron en 2023 por intoxicación con fipronil. En Colima, un solo evento en Tecomán acabó con 968 colmenas, y en Yucatán, comunidades mayas han visto desaparecer hasta el 100% de sus apiarios tras fumigaciones agrícolas.
La Alianza Maya por las Abejas calcula que en la última década se han perdido más de 301,000 colonias en el país, sin un registro oficial consolidado.
El peso de los plaguicidas y la pérdida de hábitat
Investigaciones han detectado hasta nueve agroquímicos distintos en abejas muertas, muchos de ellos neurotóxicos. El fipronil y los neonicotinoides (imidacloprid, thiamethoxam) destacan como los principales responsables. Estas sustancias están prohibidas en la Unión Europea, pero se aplican ampliamente en México en cultivos de soya, maíz y cítricos.
A este factor se suma la deforestación acelerada, sobre todo en la península de Yucatán, y el cambio climático, que altera floraciones y somete a los polinizadores a sequías extremas y huracanes más intensos.
El valor de las abejas para la economía mexicana
Más del 85% de los cultivos nacionales dependen de polinizadores. El servicio que brindan las abejas a la agricultura según datos de la Secretaría de Agricultura (Sader) equivale a 79,441 millones de pesos anuales, casi una quinta parte de la producción agrícola nacional.
Su importancia va más allá de la economía: en comunidades mayas, la apicultura y la meliponicultura representan una herencia cultural y espiritual que hoy peligra.
Colima marca el rumbo: cárcel a quienes maten abejas
En medio de este panorama, Colima se convirtió en referente nacional al aprobar la primera Ley de Agroecología y tipificar como delito la muerte masiva de abejas. La reforma al artículo 196 del Código Penal establece penas de dos a ocho años de prisión para quienes ocasionen estas mortandades con agroquímicos.
En exclusiva para Bistronomie de El Economista, el diputado local de Morena y luchador social Alfredo Álvarez Ramírez explicó la trascendencia de este paso:
“Si ellas desaparecen, desaparecemos nosotros. Son un aviso de que algo está pasando con el ambiente y estamos a tiempo de corregirlo”.
El legislador advierte sobre el fipronil: “Las abejas pierden la orientación, quedan norteadas y mueren. Son muy sensibles a los cambios del entorno y los químicos son letales para ellas”.
La ley fue construida con dos años de foros y consultas ciudadanas, y ya muestra resultados: la mortandad en Colima se redujo en un 50% en el último año, según los propios apicultores.
Álvarez Ramírez subraya la dimensión productiva: “La rentabilidad de los cultivos puede aumentar hasta en 70% cuando hay colmenas cercanas. En el caso del limón, cada flor fecundada gracias a las abejas se convierte en fruto; sin ellas, simplemente no habría producción suficiente”.
Un problema global, una oportunidad local
La crisis mexicana refleja una tendencia internacional: la ONU estima que 35% de los polinizadores del planeta está en riesgo de extinción. En Brasil, se documentó la muerte de 500 millones de abejas en tres meses tras la flexibilización del uso de agrotóxicos.
Colima busca convertirse en ejemplo: con su Ley de Agroecología y talleres de cadena de custodia, busca dar herramientas legales a apicultores y fiscales para sancionar a los responsables. “No se trata solo de una ley en papel, sino de que tenga efectos reales”, afirma Álvarez Ramírez.
Sin abejas, no hay mañana
México se encuentra en un punto crítico: o replica el modelo de Colima para proteger a sus polinizadores o enfrentará consecuencias irreversibles para su producción de alimentos y biodiversidad.
“Esta lucha no es mía, es de los apicultores, de la ciencia y de la sociedad. Yo solo articulé esas voces en el Congreso. Proteger a las abejas es proteger la vida y garantizar la autosuficiencia alimentaria del país”, concluye el legislador.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
