Ciudad de México, 13 de septiembre de 2025.- El reconocimiento de casi 130 mil personas desaparecidas en México por parte del Gobierno federal fue considerado como un avance y “una noticia alentadora” por colectivos; sin embargo, éstos indicaron que las autoridades deben enfocarse también en la “crisis forense” que se vive en el país, con cerca de 90 mil cuerpos sin ser identificados y sobre lo cual no hay un balance oficial.
De acuerdo con cifras expuestas en el Primer Informe de Gobierno entregado al Congreso por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hasta el 4 de julio del 2025 en México había 129 mil 939 personas cuyo paradero se desconoce, además de que se reconoce una tendencia al alza, particularmente desde 2020.
Al respecto, José Ugalde, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y fundador del Festival Musical Esaúu —plataforma de memoria por desaparecidos—, calificó este reconocimiento como “una noticia positiva”, con la que los colectivos esperan que el Gobierno responda como corresponde, de acuerdo con la dimensión de este fenómeno.
- El Dato: La CURP biométrica se prevé obligatoria a partir de 2026 y el Gobierno la ha presentado como una herramienta para su eventual uso en identificación de restos humanos.
Sin embargo, mencionó que urge que se aborde el problema de los cuerpos sin identificar, pues si esto se atiende adecuadamente, dijo, podría representar un alivio para casi la mitad de los reportes de personas desaparecidas.
El activista dijo a La Razón que hasta la mitad de un estudio que los colectivos realizaron hace un año, se reportaban casi 73 mil cuerpos en los distintos servicios forenses de las entidades federativas; aseguró que “ahorita son 80, 90 mil… el Estado ha sido incapaz y ha sido rebasado. No lo han hecho y entonces ahora esa carga se ha acumulado”.
Los datos expuestos en el texto del Primer Informe de Gobierno reflejan una tendencia ascendente en el registro de personas desaparecidas y no localizadas, particularmente en los últimos cuatro años completos.
En 2020 se reportó la ausencia de ocho mil 490 individuos en esta situación, cifra que llegó a 13 mil 76 reportes en el transcurso de 2024 —que marcó el final del sexenio anterior—, lo que representa un aumento de 54 por ciento en ese lapso, mientras que para la primera mitad de este 2025 ya se documentaban siete mil 444 desapariciones forzadas.
Al respecto, el activista comentó: “Ese reconocimiento que le han dado a la cifra oficial, primero, es una gran noticia para nosotros las víctimas, colectivos y todo, porque reconocen el problema que hay”.
Agregó: “Es como una metáfora; cuando uno reconoce que tiene una enfermedad, vas a hacer lo posible porque no avance, por estar en tratamiento, en todo esto es lo mismo, se buscará una solución a partir de que están reconociendo las cifras”.
José Ugalde recordó que “hace tres, cuatro meses, a principio de año, finales de año, no reconocían, de hecho, decían que no había tantas personas desaparecidas y por eso estas acciones no tienen… o no había una estrategia política nacional, porque no lo reconocían, se negaban a reconocerlo. Con este reconocimiento que están haciendo, creo que van a cambiar las cosas”.
En el texto entregado al Congreso se apunta que la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad para el Gobierno de México, por lo que se ha fortalecido la colaboración entre instituciones.
Sin embargo, los números expuestos para dar cuenta de las acciones emprendidas para tratar de localizar a las personas ausentes quedan muy por debajo de la dimensión del problema, en opinión de colectivos de búsqueda.
Al hablar de la consolidación de la Red Nacional de Personas Buscadoras, se indica que ésta se compone por apenas 143 expertos en disciplinas como criminología, criminalística, geofísica y ciencias forenses, personal que está adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y distribuido en 31 entidades federativas.
Del 1 de octubre del año pasado al 30 de junio de este 2025, se realizaron cinco mil 730 acciones, de las cuales tres mil 148 fueron acciones de búsqueda en vida y dos mil 582 acciones forenses, lo que derivó en 438 localizaciones de personas, de las cuales, 417 fueron con vida y 21 sin vida.
En ese lapso, dice el informe, también se reportaron “560 hallazgos”, aunque no se aclara de qué tipo ni se precisa si, en el caso de cadáveres, ya se concretó una identificación o no.
“Hay que enfocarse en la identificación humana… no hay por qué tener sufriendo tantas familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos. No se les ha encontrado por falta de información, de procedimientos, de gente. Mi pregunta es, ¿por qué si tienen 90 mil cuerpos no los han entregado? Y la respuesta es que tenemos una crisis enorme forense, pero enorme, terrible, de lesa humanidad”, subrayó Ugalde.
Hasta 2024, el Inegi contabilizaba un total de 14 mil 400 peritos forenses a nivel nacional adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las unidades estatales de servicios periciales o servicios médicos forenses, cuyos anfiteatros tienen una capacidad máxima de almacenamiento para alrededor de 15 mil cadáveres.
De acuerdo con estudios realizados bajo el auspicio del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, entre 2006 y mayo de 2024 —el corte más reciente a nivel nacional— se encontraron tres mil 298 fosas clandestinas en todo el país.
Con información de: La Razón
