Madrid, 29 de agosto del 2025.- “Desde que empezó a arder el monte, el fuego se nos metió a las puertas de la casa. Y a partir de ahí el infierno siguió y lo arrasó todo hasta dejarlo como está, destruido, aniquilado, y nosotros desolados”, relató entre lágrimas y rabia Raquel Viges, residente de la localidad de Yeres, un pueblo en el corazón de la provincia de León que fue devorado por las llamas.
Este es sólo uno de los testimonios que dejó a su paso la peor ola de incendios en la historia reciente de España, la mayoría provocados por pirómanos, y que se convirtieron en los más feroces por las altas temperaturas provocadas por los efectos del cambio climático.
El saldo provisional es de más de 400 mil hectáreas devastadas, lo que equivale a casi uno por ciento del total del territorio español, ocho muertos en lo que va del año y 50 detenidos sospechosos de provocar los incendios.
Una escena habitual de los meses de verano en España, Portugal y Grecia son los grandes incendios en localidades forestales. Este año las intensas lluvias registradas durante la primavera dejaron los campos más frondosos que nunca, con “combustible” natural para la expansión de las conflagraciones.
Además de las altas temperaturas, algunas inéditas en regiones del norte de España, donde se llegaron a registrar hasta 40 grados centígrados, hay que sumar los fuertes vientos que avivaron las llamas y las convirtieron en una magma impredecible para las labores de extinción.
En medio de la devastación y la tragedia, en pueblos y regiones cuyos vecinos lamentaron indignados la falta de respuesta del Estado español ante una crisis de tal magnitud, los dirigentes políticos se enfrentaron por las responsabilidades respecto a la respuesta ante los incendios.
Según el marco legal vigente, es responsabilidad de las comunidades autónomas en la fase inicial y menos grave, pero en caso de que la catásfrote se extienda sin control a varias regiones, el gobierno central tiene la obligación de responder a la crisis para coordinar las tareas de auxilio.
La mayoría de las comunidades autónomas afectadas por las llamas están gobernadas por el derechista Partido Popular (PP), como es el caso de Galicia, Castilla y León y Madrid, y cuyos presidentes autonómicos estaban de vacaciones durante los peores días de la tragedia.
El gobierno central, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, movilizó los recursos con los que cuenta para sofocar los incendios, que en este caso fueron insuficientes y tuvieron que pedir ayuda a otros países, como Alemania y Rumania, que enviaron bomberos, material y equipo especializado.
Reprochan abandono
Uno de los parajes devastados fue el de Las Médulas, en la provincia de León, donde Raquel Vieges explicó: “desde que empezó el fuego no sopló a nuestro favor, y se nos metió a las puertas de mi casa. Y a partir de ahí ya el infierno siguió y arrasó con todo. Es muy difícil ver tanta destrucción, y más aún cuando llevamos mucho tiempo diciendo que se tiene que invertir más en prevención, trabajar, cuidar el campo, pero nos tienen abandonados”.
Esa es la percepción de los afectados, la del “abandono”, que nuevamente los recursos del Estado para paliar grandes crisis es insuficiente, como ocurrió recientemente con la erupción del volcán de La Palma, con la pandemia de covid-19 o con las lluvias torrenciales de la dana en Valencia.
Las llamas han calcinado más de 390 mil hectáreas en España en lo que va del año, según las últimas estimaciones del sistema europeo EFFIS. La cifra ya superó el peor año de la historia reciente, que fue en 2022, cuando fueron arrasadas 306 mil hectáreas.
Desde 1985, cuando 484 mil hectáreas fueron consumidas, no se habían registrado cifras de esa magnitud. En sólo dos semanas se declararon en España 20 grandes incendios forestales, entre los que destacaron dos de los fuegos más extensos en lo que va del siglo: el de Uña de Quintana (Zamora), con cerca de 40 mil hectáreas calcinadas, y el de A Rúa (Ourense), que calcinó más de 38 mil.
La mayoría de los incendios fueron provocados por pirómanos; de hecho, el ministerio del Interior informó que 50 personas han sido detenidas y 135 son investigadas. A raíz de este desastre, 35 mil 656 ciudadanos tuvieron que abandonar sus hogares.
La vicepresidenta tercera del gobierno español, la socialista Sara Aagesen, explicó que las autoridades “han hecho un despliegue sin precedente contra la ola de incendios” y aseguró que la dimensión de los hechos “nos tiene que llevar a una reflexión clara para analizar desde el rigor técnico las causas y las consecuencias”.
Agregó que es la única forma de ser capaces de llevar a cabo políticas públicas “que nos protejan, nos permitan la anticipación y adaptarnos”, en un claro mensaje a la derecha y a la extrema derecha españolas; esta última reproduce un discurso negacionista del cambio climático.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
