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Satura cárceles prisión preventiva oficiosa… y queda pendiente en Corte

Ciudad de México, 19 de agosto de 2025.- La sobrepoblación penitenciaria en los reclusorios federales y locales del país se triplicó en el último año, luego de que el Congreso de la Unión aprobara, una vez más, incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), al pasar de ocho mil 875 a 26 mil 955 personas que superan la capacidad del sistema penitenciario, mientras la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluye labores este martes y se prevé que deje en el aire la resolución sobre la legalidad de esta figura jurídica.

El 25 de enero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó a México modificar su normatividad respecto a la medida cautelar de la detención automática de personas acusadas de ciertos delitos graves sin que un juez evalúe individualmente la necesidad de esa medida para asegurar el proceso judicial.

  •  El Dato: El Inegi precisó que de las 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad que están sin sentencia en el país, 47 por ciento se encontraba en prisión preventiva oficiosa.

Es decir, en lugar de considerar si existen riesgos procesales que justifiquen la prisión, se aplica automáticamente por la gravedad del delito imputado. La CorteIDH determinó desde entonces que ello contraviene principios básicos como la presunción de inocencia, la libertad personal y el derecho al debido proceso, por lo que es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La SCJN extendió hasta este martes su última sesión de pleno; sin embargo, advirtió que sólo abordará las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial de Yucatán, por lo que todo apunta a que cerrará el ciclo sin pronunciarse sobre el tema, pese a la existencia de dos proyectos en la materia elaborados por las ponencias de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat.

El primero aborda el cumplimiento de la sentencia de la CorteIDH contra México, en la que declaró dicha figura como inconvencional. El segundo, de la ministra Ríos Farjat, establece la interpretación de la medida para que se aplique tomando en consideración las circunstancias particulares de cada caso, en lugar de hacerlo de manera automática.

  •  El Dato: En los centros penitenciarios estatales y centros especializados se reportaron 166 mil 567 delitos, según datos del Inegi

A pesar de dicho fallo de la CorteIDH, México ha continuado ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, establecido en el artículo 19 de la Constitución.

Un análisis elaborado por la organización México Evalúa arroja que los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa pasaron de seis en el año 2008 a 23 en el 2025. Un total de 16 han sido agregados del 2019 a la actualidad.

Hace un año, en agosto del 2024, el Congreso de la Unión aprobó incluir la extorsión, la producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas, como el fentanilo; el narcomenudeo, la defraudación fiscal y la compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas las facturas que amparen operaciones inexistentes.

De acuerdo con las estadísticas penitenciarias del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta julio del 2025 sumaban en total 250 mil 455 personas recluidas en todo el país, de las que 99 mil 924 se encontraban en prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada. Se reportaron 138 centros penitenciarios con sobrepoblación, mientras que un año antes sumaban 122.

El Estado de México es la entidad que se coloca en el primer lugar en sobrepoblación de centros penitenciarios federales, donde hay espacio para 14 mil 481 reos en sus 21 penales; sin embargo, suman 36 mil 909 reclusos. En segundo sitio lo ocupa Sonora, con 13 mil 758 internos y una capacidad de siete mil 988 en sus 13 centros penitenciarios. Mientras que el tercer lugar lo tiene Durango, con cuatro mil 719 presos, cuando tiene espacio para dos mil 295 personas en sus tres centros de reclusión.

Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, señaló que ha quedado claro que los gobiernos morenistas confían en que la prisión preventiva oficiosa les dará algún resultado; sin embargo, no hay ningún dato que soporte esa visión.

“En el caso de Querétaro no aplican la PPO, se aplica sólo en 0.05 por ciento de los casos, y muchos de los delitos tienen el índice de impunidad más bajo que el resto del país. Si te pones a analizar el caso del homicidio doloso, que siempre ha estado en este catálogo entre 2008 y 2023, ha crecido de 13 mil a 30 mil casos. No ha logrado incidir en reducir o por lo menos mantener los números de este delito”, dijo.

José Luis Gutiérrez, director de la organización Así Legal, explicó que el hecho de que los juzgadores no tengan la posibilidad de acreditar la posible responsabilidad de una persona y pidan plazos de investigación bastante amplios, demuestra que la prisión preventiva se está utilizando sólo con ese “mientras tanto, mientras supuestamente investigo”.

“Al final, las personas, al ver que hay gente privada de su libertad por más de cinco, 10 o 12 años en prisión preventiva, aceptan su responsabilidad, cambian de estado bajo la figura de prisión preventiva, son sentenciados; muchas veces esa sentencia tiene la posibilidad de obtener un cambio de medida y, al hacer esa sustitución, obtienen su libertad, pero ya fueron parte, digamos, de las grandes cifras del uso de la prisión preventiva”, expuso.

La Presidencia de la República solicitó el pasado 10 de julio a la SCJN aplazar por tiempo indefinido la discusión del tema, que habría establecido un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México.

Los especialistas ven poco probable que la nueva integración de la Corte decida abordar el tema, pues iniciarán trabajos el próximo 1 de septiembre, con un rezago de más de mil 300 asuntos, y donde operarán únicamente a través del pleno, ya sin las dos salas que permitían la agilización de los asuntos.

Con información de: La Razón

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