31 de julio del 2025.- Decenas de heridos y cinco detenidos fue el saldo de la violenta represión perpetrada por fuerzas de seguridad argentinas contra jubilados y manifestantes que marchaban pacíficamente en la capital. Con golpes, disparos de granadas de gas pimienta y balas de goma al cuerpo, los uniformados también atacaron abierta e injustificadamente a periodistas, fotógrafos y camarógrafos. El operativo incluyó un número triplicado de efectivos en comparación con movilizaciones anteriores, lo que profundizó la desproporción entre las fuerzas represoras y las víctimas.
La violencia contra la prensa ya es sistemática, y varios comunicadores han sido amenazados directamente por el presidente Javier Milei. Hace apenas dos días, se identificó a un gendarme que disparó directamente al rostro de un joven, quien perdió la visión de un ojo. Ese mismo día, otro efectivo hirió en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta de jubilados, el pasado 12 de marzo.
Estos hechos se producen en medio de la ofensiva del Ejecutivo contra decisiones legislativas que buscan aumentar las jubilaciones. Milei ha advertido que vetará cualquier ley aprobada por el Congreso en ese sentido. Actualmente, el haber previsional mínimo es de 365 mil pesos, mientras que la canasta básica supera el millón. Además, el gobierno ha anulado derechos por decreto, en violación de la Constitución Nacional.
Mientras tanto, del 31 de julio al 3 de agosto se celebrará en México el Congreso Panamericano Anual de Legisladores – Internacional Progresista. Participarán los diputados Leila Chaer, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Itaí Hagman, la senadora Lucía Corpacci, y referentes parlamentarios de toda América
El 4 de agosto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizará el lanzamiento del Comité “Cristina Libre” con la presencia de Chaer, Ledesma, el senador Oscar Parrilli, Soledad Magno, argentinos residentes en México y dirigentes del partido Morena. La campaña denunciará ante la comunidad internacional la persecución judicial contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria desde junio por la causa Vialidad, una investigación judicial sin pruebas concluyentes y plagada de irregularidades.
Fernández de Kirchner fue también vicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023). En 2022, sobrevivió a un intento de magnicidio en la puerta de su casa, sin que hasta hoy haya avances en la causa. A ello se suma que la Corte Suprema, controlada por el llamado “Partido Judicial” —estructura impulsada por la embajada de Estados Unidos durante el gobierno de Mauricio Macri— determinó su proscripción política de por vida, impidiéndole competir electoralmente.
La campaña “Cristina Libre” surgió de forma espontánea como consigna de miles de personas que, día tras día, se concentran frente al domicilio donde cumple arresto domiciliario la expresidenta. Allí, con el objetivo de humillarla, el Ministerio de Seguridad le impuso una tobillera electrónica. Reconocidos juristas locales e internacionales han denunciado la existencia de una estrategia de lawfare contra ella, y circula un libro que expone los fundamentos legales que prueban la nulidad del caso.
Del 1 al 4 de agosto se celebrará en Brasil el Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), donde también se lanzará el Comité “Cristina Libre” con la presencia del excanciller Jorge Taiana y del parlamentario del Mercosur Franco Metaza.
En paralelo, el 2 y 3 de agosto se realizará en Bolivia el Encuentro de Runasur, una articulación regional compuesta por más de 30 organizaciones de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Panamá y Colombia. Allí, en el Coliseo de Ivirgazama (Cochabamba), también se impulsará la campaña “Cristina Libre” en el marco del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia, con la participación del expresidente Evo Morales.
Argentina atraviesa un momento político extremadamente crítico. El gobierno continúa endeudando al país y privatizando empresas estratégicas. Recientemente, transfirió la propiedad de una hidroeléctrica ubicada en la Patagonia al magnate británico Joe Lewis, quien adquirió de forma ilegal más de 12 mil hectáreas en los años noventa y se apropió del Lago Escondido, un histórico atractivo turístico en la provincia de Río Negro.
Según la publicación Política On Line, “la represa, ubicada en tierras que forman parte del histórico conflicto por el acceso al Lago Escondido, será gestionada por Hidden Lake, la sociedad que figura como propietaria de miles de hectáreas en la Patagonia y que enfrenta múltiples denuncias”. Además, el acta de adjudicación “establece las condiciones de explotación y operación, formalizando un contrato que, más que un trámite administrativo, parece una ironía de la realidad: el Estado entregando una represa de forma directa a una firma cuestionada por la justicia, los organismos de control y hasta por sus propios vecinos”.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
