Ciudad de México, 17 de julio de 2025.- La decisión judicial que ordena la asignación de un “censor oficial” que determinará lo que el periodista Jorge Luis González Valdez puede publicar cuando se refiera a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, no tiene precedentes y “sienta un peligroso mensaje para que el Poder Judicial pueda tomar este tipo de medidas”, afirmó Pedro Cárdenas.
“Son medidas cautelares que sobrepasan en absoluto el rol del Poder Judicial, entre ellas poner un árbitro censurador que diga qué sí se puede publicar y qué no. Para empezar, no hay ningún espacio donde esto se haya delimitado y no queda claro quién del Poder Judicial tiene esa capacidad, facilidad y conocimiento en temas de libertad de expresión como para que se esté generando o no este filtro y más riesgoso aún por parte de las autoridades. Es decir, ¿por qué las autoridades ahora se están poniendo como los árbitros de la verdad de lo que se debe o no decir bajo una versión moralina que nos intenta decir ‘mira este discurso es ofensivo, es incómodo y por lo tanto lo vamos a controlar’”.
El oficial de protección y defensa de la organización civil Artículo 19 explicó que “no existe un rol claro del Poder Judicial a poder estar revisando las publicaciones de un medio y esto habla de un control que no se debe permitir a ninguna autoridad el estar definiendo qué sí y qué no se puede publicar sobre las autoridades”.
El pasado martes, Ana Maribel de Atocha Huitz May, jueza de control interina del sistema penal oral y acusatorio de Campeche, dictó nuevas medidas cautelares contra González Valdez y el periódico Tribuna de aquel estado, que establecen que el periodista y el medio contarán con interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local para revisar qué pueden publicar y que tienen estrictamente prohibido referirse a Layda Sansores.
Dichas medidas suspendieron de manera definitiva la decisión judicial anterior, de otra jueza, que ordenó prohibir al inculpado ejercer el periodismo por dos años y publicar la edición digital de Tribuna.
“Sí es peligroso que comience a haber este tipo de decisiones y sí sienta un mal mensaje donde prácticamente se permite al Poder Judicial tomar control sobre la libertad de expresión.
“Aquí lo que el Poder Judicial está diciendo es no solo no puedes publicar, sino que puedes publicar sólo bajo aprobación mía. La autoridad se está poniendo como quien decide qué se publica y qué no y eso es un riesgo francamente de terror, que debemos de tener atención”, consideró.
Gran riesgo
Para Cárdenas el Poder Judicial de Campeche tiene que “abstenerse de aplicar medidas cautelares que sobrepasan sobremanera sus funciones y que constituyen una violación a la libertad de expresión de las personas periodistas”.
“Los derechos humanos incluyen la libertad de expresión de discursos que pueden parecerles incómodos a las autoridades por su umbral de tolerancia distinto que deben de tener a los procesos de libertad de expresión. Es decir, deben de aceptar discursos críticos, preguntas, cuestionamientos, discursos chocantes e incómodos porque estos son protegidos por la libertad de expresión cuando se está hablando de personas funcionarias públicas”.
El derecho a la libertad de expresión tiene límites, admitió, los cuales están debidamente marcados tanto en los estándares internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el marco constitucional mexicano.
“Estos límites o cualquier restricción a la libertad de expresión debe de pasar por una serie de test. Y podemos pensar en un test de tres partes: legalidad, proporcionalidad y objetivo.
“Es decir, para que algo sea restringido en libertad de expresión primero que nada tiene que estar debidamente marcado en la ley, lo segundo es que deba de tener un objetivo claro de protección y lo tercero es que debe ser proporcional”.
Finalmente, dijo que “el gran riesgo” ante este tipo de casos es que “se debilite el debate público”, cuando “en una democracia los medios de comunicación tienen un rol importantísimo de balancear el derecho de acceso a la información pública que recibe la ciudadanía”.
Con información de: El Economista
