Ciudad de México, 12 de julio de 2025.- Para atender los altos niveles de violencia e inseguridad en diversas partes del territorio nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) tienen desplegados un total de 16 mil 849 efectivos militares en siete estados de la República con esta problemática.
Baja California, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Chiapas concentran el 56.70 por ciento de los elementos desplegados en tareas de seguridad pública, según las cifras oficiales correspondientes al periodo del 20 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025.
De acuerdo con el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, remitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Comisión Permanente, en total se reporta un despliegue de 29 mil 711 efectivos militares en las 32 entidades federativas.
- El Tip: Los elementos castrenses están orientados a identificar y detener a generadores de violencia, desmantelar estructuras criminales y vigilancia aérea, terrestre y marítima.
En Baja California operan 3 mil 425 efectivos; Sinaloa, 3 mil 306; Guerrero, tres mil 272, lo que refleja una estrategia prioritaria del Gobierno federal para contener la incidencia delictiva en estos territorios, marcados por la presencia de grupos del crimen organizado.
También cuentan con una fuerte presencia de elementos de Defensa y Fuerza Aérea, los estados de Michoacán, con dos mil 14 militares; Chiapas, mil 835, que ha experimentado un aumento de violencia vinculada al crimen transnacional en su frontera sur; Guanajuato, mil 711, otro “foco rojo” por los altos índices de homicidios, y Jalisco, con mil 286 elementos.
En contraste, las entidades con menor despliegue militar son Nayarit, Yucatán, Baja California Sur, Campeche y Durango.
- 29 mil 711 efectivos están desplegados en el territorio nacional
El informe destacó que este operativo de las FA forma parte de la estrategia federal para atender la incidencia delictiva mediante el uso de personal castrense en tareas de seguridad pública, lo que ha sido una constante desde el sexenio anterior y es objeto de debate por organismos de derechos humanos.
Con información de: La razón
