- El reconocimiento facial se expande en México sin regulación, captando datos biométricos sin consentimiento en calles, aeropuertos y estadios, según R3D.
Ciudad de México, 03 de julio del 2025.- En México, miles de personas son grabadas, analizadas e identificadas todos los días por sistemas de reconocimiento facial (TRF) instalados en calles, aeropuertos y estadios. Según el informe «No nos vean la cara», elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), esta tecnología avanza rápidamente sin transparencia, sin regulación específica y con graves implicaciones para los derechos humanos.
“La vigilancia con reconocimiento facial convierte el espacio público en un campo de batalla”, advierte el informe.
Durante más de cuatro años, R3D ha documentado la expansión de estos sistemas en distintas entidades y sectores. El reporte concluye que el reconocimiento facial es una tecnología intrusiva, poco confiable y discriminatoria, que afecta la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.
Tecnología que falla
El reconocimiento facial es una rama de la inteligencia artificial que compara patrones biométricos del rostro para identificar o verificar a una persona. Aunque se promueve como herramienta de seguridad, el informe revela múltiples deficiencias técnicas en esta tecnología.
Entre los errores frecuentes destacan los falsos positivos (cuando el sistema identifica incorrectamente a alguien como sospechoso) y los falsos negativos (cuando no reconoce a quien debería identificar). Estas fallas son más comunes en personas de piel oscura, mujeres y adultos mayores.
Un estudio citado en el informe, realizado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, muestra que los algoritmos tienen entre 10 y 100 veces más errores al identificar personas afroamericanas o asiáticas que rostros caucásicos.
Las bases de datos sesgadas, el sobreajuste durante el entrenamiento de los modelos y factores externos como la iluminación o el ángulo del rostro contribuyen a la inexactitud. Pese a ello, las autoridades mexicanas siguen desplegando estos sistemas sin controles ni evaluaciones independientes.
Espacio público
El documento de R3D alerta sobre la normalización del uso de tecnologías de reconocimiento facial en calles, plazas y edificios públicos. Aunque la legislación mexicana exige consentimiento expreso para tratar datos biométricos, las cámaras capturan rostros de forma remota y sin notificación.
“Las personas no tienen oportunidad de decidir si quieren que sus datos biométricos sean recolectados”, advierte el informe.
Esta vigilancia encubierta infringe el derecho a la privacidad y desincentiva el ejercicio de otras libertades, como la protesta o la reunión pacífica, de acuerdo con R3D.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha advertido que el tratamiento masivo y sin límites temporales de datos biométricos representa una afectación intensa a los derechos fundamentales. A nivel internacional, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han fallado en el mismo sentido.
Presunción de inocencia
Una de las críticas más contundentes es que el reconocimiento facial convierte a toda la población en sospechosa.
“Los sistemas de TRF tratan a cada persona en el espacio público como potencial culpable”, acusa el informe.
Esto vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que la vigilancia se realiza sin una justificación individualizada y sin orden judicial. En México, advierte R3D, no hay evidencia de que los sistemas biométricos mejoren la seguridad pública, pero sí existen abundantes riesgos de abuso, discriminación y fallas técnicas.
Discriminación
El informe también documenta cómo el reconocimiento facial amplifica las desigualdades existentes. Las personas indígenas, afrodescendientes y de comunidades LGBTTTIQ+ son más propensas a ser mal identificadas por los algoritmos.
Esto no solo se debe a sesgos en el diseño de los sistemas, sino también a la falta de datos representativos en las bases de entrenamiento. El problema no es solo técnico, sino estructural: las tecnologías de reconocimiento facial reproducen y refuerzan patrones de exclusión social.
La discriminación indirecta, es decir, cuando una medida aparentemente neutral tiene un efecto desproporcionado sobre ciertos grupos, es una de las principales preocupaciones expuestas en el informe.
Falta regulación
Uno de los hallazgos más preocupantes del reporte es la ausencia de una regulación específica sobre el uso de TRF en México. Aunque existen leyes generales de protección de datos personales, estas no contemplan los riesgos particulares del reconocimiento facial.
Tampoco hay mecanismos claros de transparencia o rendición de cuentas. Las autoridades instalan cámaras, contratan servicios tecnológicos y recolectan datos sin consultar a la ciudadanía ni explicar sus objetivos.
El documento denuncia que, en muchos casos, los sistemas han sido adquiridos a empresas privadas sin licitación pública ni estudios de impacto.
“El uso de TRF se ha expandido sin discusión democrática, ni evaluación de su efectividad”, sostiene la organización.
Tecnosolucionismo
El informe critica la narrativa tecnosolucionista que presenta a la tecnología como una solución mágica a los problemas de seguridad. Esta lógica ha llevado a gobiernos estatales y municipales a invertir en sistemas de videovigilancia sin considerar los daños colaterales.
En lugar de prevenir delitos, la vigilancia masiva puede inhibir la participación cívica y fomentar el miedo.
“Saber que hay una cámara que puede identificarnos en todo momento cambia nuestra forma de actuar en el espacio público”, advierte el documento.
Además, la centralización de bases de datos biométricos aumenta el riesgo de robo de identidad, filtraciones y espionaje. Una vez que la información es sustraída, no puede recuperarse ni reemplazarse.
Ante a este panorama, el informe propone una moratoria en el uso de reconocimiento facial en espacios públicos hasta que exista una regulación robusta que garantice el respeto a los derechos humanos.
También llama a establecer límites claros al uso de datos biométricos, garantizar la transparencia en las contrataciones gubernamentales y someter los sistemas a auditorías independientes.
R3D propone además fomentar tecnologías menos invasivas y con enfoque de derechos, así como abrir un debate público sobre los riesgos del reconocimiento facial y el papel del Estado en la protección de la privacidad.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
