Ciudad de México, 02 de julio de 2025.- El Senado de Estados Unidos aprobó ayer por un voto el polémico plan fiscal y presupuestario del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto de 1% a las remesas, que ahora es devuelto a la Cámara Baja del Congreso para su revisión y voto final, con la presión de remitirlo al mandatario para su firma antes del 4 de julio.
El vicepresidente JD Vance facilitó el paso de la norma con la más estrecha de las mayorías (51-50) al emitir el desempate para destrabar un maratoniano proceso de votación de más de 24 horas, que evidenció las fisuras dentro del Partido Republicano sobre el plan.
Tres de los 53 senadores republicanos dijeron “no” al bautizado por Trump como “el gran y hermoso proyecto de ley”, que busca extender los recortes presupuestarios del primer mandato del neoyorquino (2017-2021), imponer mayores restricciones al gasto público y aprobar mayores fondos para defensa y el control migratorio.
Los 45 legisladores demócratas y tres independientes restantes también se opusieron a la ley, que añadiría 3.3 billones de dólares a la deuda pública dentro de 10 años, según un nuevo estimado de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un cálculo que supera los 2.4 billones de dólares de la versión aprobada el 22 de mayo la Cámara Baja.
El aumento del déficit fue el principal obstáculo que enfrentó la propuesta entre el ala más conservadora del partido, algo que también podría retrasar su futura aprobación en la instancia menor del Congreso. Precisamente el alto costo de la legislación enfrentó a Trump con su antiguo aliado, el magnate Elon Musk, quien insistió recientemente que “a cada miembro del Congreso que hizo campaña sobre reducir el gasto gubernamental e inmediatamente votó por el mayor incremento de la deuda de la historia, debería caérsele la cara de vergüenza”.
Trump volvió a arremeter contra Musk: “Puede recibir, con diferencia, más subsidios que cualquier otra persona en la historia, y sin subsidios, probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica”. “No lo sé. Tendremos que examinarlo”, declaró el presidente a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si consideraría deportar a Musk, nacido en Sudáfrica aunque también tiene las nacionalidades estadounidense y canadiense.
En un mensaje en Truth Social, Trump advirtió a Musk que si se acaban los subsidios, se acabaron también “los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna”. Añadió que “Elon Musk sabía, mucho antes de apoyarme con tanta vehemencia como presidente, que me oponía firmemente al mandato de vehículos eléctricos. Es ridículo, y siempre fue una parte importante de mi campaña. Los coches eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería estar obligado a tener uno”.
Trump también afirmó que la comisión de eficacia gubernamental (DOGE) dirigida por Musk hasta finales de mayo podría centrarse en los subsidios del fundador de Tesla y SpaceX. “Quizás tengamos que imponerle DOGE a Elon. ¿Saben qué es DOGE? DOGE es el monstruo que podría tener que volver y devorar a Elon”, añadió el mandatario.
Musk desafió a Trump a quitarle los subsidios y dijo que sólo busca un plan “que no lleve a la bancarrota” a EU. Sin embargo, dijo que “por ahora” se abstendrá de escalar el conflicto.
Un grupo de senadores republicanos más moderados expresó su preocupación por los recortes al plan médico Medicaid para personas de bajos recursos y el programa de asistencia para la compra de alimentos SNAP, y los efectos que estas limitaciones tendrían en sus comunidades. Durante la larga sesión nocturna que se extendió hasta el mediodía de ayer, los senadores emitieron 45 votos consecutivos en el llamado vote-a-rama más largo en la historia de esa instancia legislativa, un proceso en el que los senadores votan enmiendas al proyecto. Durante el proceso, se pronunciaron sobre las disposiciones incluidas en el texto de la ley, entre ellas la eliminación de una medida que habría impedido a los estados regular el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
Ahora el megaproyecto retorna a la Cámara de Representantes, con una estrecha mayoría republicana, que revisará los cambios aprobados y donde se espera que los legisladores trabajen también a contrarreloj para cumplir el plazo del 4 de julio, el Día de la Independencia de EU, impuesto por Trump para la firma de la normativa. Trump dijo que cree que la iniciativa lo tendrá “más fácil” para superar votación final en la Cámara Baja.
“Es un gran proyecto de ley. Hay algo para todos, y creo que va a funcionar muy bien en la Cámara [de Representantes]. De hecho, creo que será más fácil en la Cámara [de Representantes] que en el Senado”, dijo el mandatario. Al ser preguntado por los aproximadamente 11.8 millones de personas que podrían perder el acceso al programa sanitario Medicaid para personas de bajos recursos, Trump aseguró que será “una cifra mucho menor” y que sólo se recortará el “despilfarro, fraude y abuso” dentro de ese plan.
Migrantes, entre los más golpeados por la propuesta Washington.— El plan fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump, no sólo disparará el déficit, sino que tiene un fuerte impacto en la comunidad migrante en Estados Unidos.
El proyecto, que hoy regresa a la Cámara Baja para conciliar el que se avaló ahí con el que se aprobó ayer en el Senado, tiene dos elementos clave: seguridad fronteriza/migración y alivios fiscales. La base del plan fiscal es hacer permanentes los recortes fiscales que Trump aprobó en su primera administración.
Pero para poder implementar sus deducciones fiscales, necesita recursos, que provendrán de recortes y restricciones a quienes pueden aplicar para programas como Medicaid, por ejemplo, pero también de impuestos como el que se pretende cobrar a las remesas que envían los migrantes que viven en EU a sus países de origen. La propuesta del Senado indica que cualquier remesa que rebase los 15 dólares será gravada con 1%; la de la Cámara Baja había fijado el impuesto en 3.5%. Falta ver cómo queda la versión conciliada que finalmente firmaría Trump
Pero el impuesto a las remesas no es la única medida que afecta a migrantes: con un gasto de casi 170 mil millones de dólares en cuatro años, el gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia. La ley contempla más de 64 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y 70 mil millones más destinados a la
detención de migrantes, lo que incluye la construcción y el mantenimiento de los centros de retención y el transporte de los deportados. Para aumentar las detenciones y llenar los centros, el gobierno prevé contratar más de 20 mil nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según el instituto de estudios conservador CATO, una vez que entre en vigor, la cifra de personas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: de 50 mil a más de 200 mil.
El proyecto aumenta los costos de trámites migratorios; incluye un cobro —hasta hoy inexistente— de mil dólares (18 mil 744 pesos mexicanos) para quienes soliciten asilo. El costo de solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares (10 mil 300 pesos) con validez de seis meses. Apelar un fallo de un juez de migración costará 900 dólares (casi 17 mil pesos, cuando antes se cobraban 110 dólares, o 2 mil 62 pesos) y se elevará a 500 dólares (9 mil 372 pesos) la solicitud de Estatus de Protección Temporal.
Se suman nuevas restricciones: las familias en las que al menos uno de los padres sea indocumentado o no cuente con número de seguridad social no podrán acceder al programa de crédito fiscal para los hijos, que reduce el importe de los impuestos a pagar.
Se reducirán los fondos federales de Medicaid para los estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal y se prohibirá que algunos migrantes con estatus legal —incluyendo quienes tienen visas de trabajo o TPS— puedan acceder a seguros de salud con costos reducidos. Se prevén recortes por 1.2 billones de dólares que afectarán a Medicaid, al de asistencia para la compra de alimentos SNAP o al Obamacare, haciendo que varios millones de personas, entre ellas muchos migrantes, pierdan acceso a estas ayudas. Algunos migrantes, incluyendo refugiados, asilados y otras personas con protección temporal, ya no calificarían para recibir subsidios federales de primas. Se limitará el importe total de la ayuda federal anual al costo medio de la universidad, una medida que afectará a muchos hijos de migrantes. Se calcula que el plan fiscal hará crecer en otros 3 billones el
déficit.
Con información de: El Universal
