- Los ahorradores buscan que el incumplimiento de la sofipo se investigue en el contexto del señalamiento de Estados Unidos a tres instituciones financieras en México por blanqueo de capitales
Ciudad de México, 29 de junio del 2025.- Han pasado casi tres meses desde que las sucursales de la sociedad financiera popular (sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) bajaron la cortina y comenzó la angustia de miles de ahorradores de esta entidad que están imposibilitados de acceder a sus recursos confiados a esta entidad.
En este periodo, los afectados se han organizado para poder visibilizar su problemática: marchas a las afueras de distintos organismos públicos, cierre de vialidades en la Ciudad de México y reclamos a la autoridad financiera, que para ellos ha actuado de manera pasiva para resolver la situación.
Ahora, los afectados piden no ser relegados ante el escándalo provocado por los señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas, dos bancos (Intercam y CI Banco) y una casa de bolsa (Vector), por presuntamente facilitar el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.
Contrario a ello, los afectados piden que, en este contexto del escándalo, se investiguen las irregularidades al interior de CAME que provocaron su insolvencia. «Tenemos la preocupación de que se pueda desviar la atención de las autoridades a nuestras exigencias. Si bien, es cierto que se tiene que combatir el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito en el sistema financiero, tenemos miedo de que se nos siga sin escuchar y nuevamente, se nos deje en segundo plano, como ya ha ocurrido con otras sofipos», declaró Edna Ávila, una de las representantes de los ahorradores que se han manifestado en distintas ocasiones en la Ciudad de México.
En este periodo, los ahorradores han logrado captar la atención de la Secretaría de Gobernación, la cual ha propuesto mesas de diálogo entre los afectados y los administradores de la sociedad, para buscar alguna solución ante la problemática. También, han tenido reuniones con funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero estos han brindado poca información bajo el argumento que, por ley, no pueden decir mucho pues se los impide la ley.
El inicio de la pesadilla
El pasado 9 de abril, este medio reportó que CAME, con más de 30 años en operación, restringió sus operaciones en sus casi 50 sucursales, había desalojado la que por años fue su sede central en la Colonia del Valle en la Ciudad de México y dejó de reportar información operativa a las agencias calificadoras, las cuales ya la tenían bajo observación negativa por el detrimento de sus indicadores.
Su aplicación, operada por la plataforma Techreo, también comenzaba con intermitencias y tiempo después, dejó de ser funcional.
En ese escenario, la autoridad solicitó una reclasificación de los indicadores contables de la entidad, lo cual develó un daño financiero importante. La Federación Atlántico Pacífico inicialmente la había registrado con un Nivel de Capitalización (Nicap) de 102% a diciembre del 2024, cuando el mínimo regulatorio para el sector es de 130%; sin embargo, ante las acciones instruidas por la CNBV, dicho indicador se reclasificó a -3,953% y la ubicó en la categoría número 4 del esquema de alertas tempranas, es decir, la de mayor riesgo.
Esto también influyó en sus indicadores reportados inicialmente a la CNBV. Según las cifras iniciales a diciembre del 2024, la sofipo presentaba activos por 5,380 millones de pesos, pero esto se corrigió y dicha cantidad ascendió a 3,159 millones de pesos, es decir, más de 2,000 millones de pesos desaparecieron del balance de la entidad.
Con esta corrección, CAME se ubicó como la octava sofipo más grande del sector medida por número de activos, con 1.3 millones de clientes, de los cuales todavía no se conoce con certeza cuántos son ahorradores.
El saldo de ahorro administrado por la entidad ascendía a finales del 2024 a 1,599 millones de pesos. CAME fue una de las entidades que comenzaron con una estrategia atractiva de captación, basada en promociones (regalos) y tasas atractivas, cercanas a 16% de forma anual, lo cual llamó la atención del público como una opción para depositar sus recursos.
Cuestión de números
El pasado 13 de junio, dos meses después de que los problemas de CAME se hicieron evidentes, la junta de gobierno de la CNBV acordó la intervención de esta sofipo, con el fin de suspender sus operaciones y salvaguardar los intereses de sus ahorradores.
En el comunicado, la CNBV informó que el pasado 21 de mayo se notificó el emplazamiento a CAME al procedimiento de revocación por incumplimiento a los niveles de capitalización requeridos.
Para los ahorradores, esta intervención fue tardía, ya que incluso, hay pruebas de que los problemas de CAME se acentuaron desde finales del 2024, lo cual generó un deterioro importante en sus indicadores. Aunado a esto, el interventor designado, Alfonso Ascencio, indicó que tiene un plazo de 180 días para realizar un diagnóstico de la verdadera situación financiera de la entidad.
Por ley, los ahorradores de sofipos están cubiertos hasta por 25,000 Udis por persona física o moral, es decir, cerca de 211,000 pesos; sin embargo, algunos afectados reportan ahorros superiores a esa cantidad, incluso por arriba del millón de pesos.
A diciembre del año pasado, el Fondo de Protección de las sofipos (Prosofipo) contaba con un patrimonio cercano a los 550 millones de pesos para hacer válido el seguro. Para Moody’s, esta cantidad «no sería suficiente para poder cubrir» a todos los ahorradores, sin considerar que aquellos que mantienen más de 25,000 Udis, no tendrían cubierta la parte excedente.
Hacia el futuro
Los afectados por esta situación han tocado distintas puertas, desde Palacio Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Cámara de Diputados, entre otras. Han tenido la atención de los medios y han logrado que el tema se vuelva relevante en el ámbito nacional; sin embargo, la bomba que desató el señalamiento de Estados Unidos de presunto lavado contra tres instituciones financieras podría eclipsar lo que han logrado.
«Al siguiente día de que salió públicamente el señalamiento por posible lavado de dinero, la CNBV intervino, lo que hace evidente el mal actuar de la CNBV con CAME», destacó Ávila.
En este sentido, la siguiente protesta de los ahorradores será el próximo 2 de julio en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con el fin de presionar para que se pueda judicializar penalmente el caso del incumplimiento de la sofipo, al argumentar que existe evidencia que Te Creemos Holding, controladora de CAME, desvió fondos que causaron la insolvencia de la entidad.
«Es la autoridad penal que sí puede actuar. FEMDO puede abrir investigaciones, congelar cuentas, perseguir a los responsables y proteger los activos. No es un acto simbólico: es la puerta de entrada a una posible acción penal seria», se puede leer en la convocatoria de los ahorradores.
«Tenemos —añade— que aprovechar este momento: los ojos del país están puestos en los fraudes financieros».
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
