Ciudad de México, 18 de junio de 2025.- Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron por 33 votos de Morena, PT y PVEM, cero en contra y seis abstenciones del PAN, PRI y MC, el decreto por el que se reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.
Por el grupo parlamentario del PRI, Carolina Viggiano se manifestó en contra del decreto porque “plantea el uso de la Guardia Nacional para investigar los delitos de lavado de dinero, pero sin control del Ministerio Público y sin supervisión judicial’’.
“Los militares podrán vigilar cuentas sospechosas sin que exista una carpeta de investigación de por medio’’, advirtió.
La hidalguense detalló que los cambios consideran como personas que realizan actividades vulnerables a organizaciones de la sociedad civil que tienen como único propósito el sostenimiento de asilos, orfanatos, bancos de alimentos, entre otras actividades; “a ellos se les impone una carga administrativa desproporcionada’’.
Al fijar la posición del PAN, Guadalupe Murguía afirmó que su partido coincide con el objeto de la reforma, pero alertó “de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia’’.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que la enmienda amplía el alcance de la ley vigente para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y reforzar la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones.
Mediante los cambios, dijo, se actualizan definiciones de importancia como “relación de negocios’’; amplía la lista de actividades vulnerables como el “desarrollo inmobiliario’’, los “activos virtuales’’ y los “fideicomisos’’ y precisan obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.
La reforma, precisó, establece un enfoque basado en riesgo diferenciando cargas regulatorias según el nivel real de riesgo, prevé medidas simplificadas para sectores de bajo riesgo como algunas organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas e incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas.
Además de que mejora los sistemas de cumplimiento al exigir capacitar al personal, realizar auditorías en entidades de riesgo alto, implementar sistemas automatizados de monitoreo y gestionar reportes electrónicos de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas no concluidas.
Y refuerza la cooperación interinstitucional y del régimen sancionador; reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como víctima en delitos financieros; incorpora la responsabilidad penal de personas jurídicas; ajusta el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para umbrales y sanciones, y suprime el dolo específico en ciertas conductas para evitar impunidad, sin afectar a quienes actúan de buena fe.
El decreto aprobado fue remitido a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para agendar su discusión y votación durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, a realizarse previsiblemente la próxima semana.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
