Ciudad de México, 03 de junio del 2025.- En el 2023, las entidades federativas recibieron en promedio 85.2% de sus ingresos operativos de la Federación, mientras que para los municipios esta cifra alcanzó 74.9%, lo cual implica una alta dependencia de los gobiernos regionales a las transferencias federales, situación que influye en la calificación crediticia y su capacidad para adquirir financiamientos, señala el último informe de Fitch Ratings, Marco Institucional: México. Gobiernos Locales y Regionales.
Debido a la dependencia estructural de las transferencias federales que provienen de un gobierno calificado en categoría ‘BBB’ y que estos recursos se caracterizan por ser estables y predecibles, El Factor de Riesgo Crediticio (FRC) de solidez de los ingresos para casi todas las entidades fue devaluado en rango Medio.
En el caso de los estados, la principal fuente de ingresos propios es el Impuesto sobre Nómina (ISN), con tasas que oscilan entre 2 y 4%, siendo Quintana Roo el que aplica la tasa más alta. Otros ingresos incluyen los derechos vehiculares y, en entidades con vocación turística, Impuesto sobre hospedaje (ISH). Estos recursos representan en promedio sólo 9.7% de sus ingresos totales, según datos del 2023.
Los municipios, por su parte, dependen principalmente del Predial y del Impuesto sobre traslado de dominio de propiedades. Aunque algunos municipios con economías dinámicas, turísticos o industriales, logran que estos impuestos representen más de 40% de sus ingresos, la mayoría apenas alcanza 19.6% en promedio.
En una dinámica donde los gobiernos locales tienen escasos incentivos para fortalecer su recaudación propia, al tiempo que carecen de facilidades para modernizar sus sistemas catastrales o actualizar tarifas, sus finanzas están a merced de los vaivenes de la economía nacional y las decisiones presupuestarias del gobierno central.
Para entidades cuya concentración económica se basa en la extracción de hidrocarburos, el FCR de solidez de los ingresos se consideró como Más Débil, como en el caso del estado de Campeche o municipios pertenecientes a Tabasco. Fitch estima un menor dinamismo económico en el 2025, lo que afectaría negativamente las participaciones federales.
Gasto
Los gobiernos estatales y municipales enfrentan restricciones en el manejo de sus finanzas debido a que deben destinar recursos etiquetados a educación y salud, que absorben en promedio más de 60% del presupuesto y las regulaciones de la Ley de Disciplina Financiera limitan su capacidad para la adquisición de deuda.
Al evaluar la sostenibilidad del gasto en estados y municipios mexicanos, la calificadora asignó un rango Medio a aquellas entidades que muestran cierta capacidad de adaptación financiera, caracterizadas por mantener márgenes operativos estables entre 1 y 3% durante tres años consecutivos, que demuestran capacidad para ajustar su gasto corriente ante caídas de ingresos.
Por otro lado, en un rango Más Débil se sitúan gobiernos locales donde se observan márgenes operativos consistentemente inferiores a 1%, con gastos en nóminas y pensiones que consumen más de la mitad de su presupuesto; y presencia significativa de pasivos ocultos no contabilizados adecuadamente.
Entidades con altos niveles de marginación o pobreza superior al promedio nacional requieren mayor inversión en infraestructura básica y servicios sociales, precisamente las que tienen menor capacidad para ajustar su gasto, lo que las ubica en la categoría Más Débil en adaptabilidad presupuestaria. El problema se agrava porque su dependencia de transferencias federales etiquetadas, que representan hasta 90% de su gasto de capital, limita aún más su margen de maniobra, ya que estos recursos vienen asignados específicamente a proyectos predeterminados.
A diferencia de estados con mayor desarrollo, que pueden financiar parte de su inversión con ingresos propios o balances operativos positivos, las entidades más pobres quedan en una dinámica donde la rigidez de sus finanzas les impide responder con agilidad a emergencias o cambios en sus prioridades de desarrollo, detalla el reporte.
Calificación
Fitch clasifica a los gobiernos locales mexicanos como Tipo B en su metodología, lo que refleja que dependen principalmente de sus flujos de efectivo anuales y balances operativos (BO) para cubrir el servicio de su deuda, en lugar de contar con activos líquidos o respaldos institucionales sólidos. Su capacidad crediticia está sujeta a los límites y regulaciones de la legislación nacional, como la Ley de Disciplina Financiera y su margen de maniobra financiera es limitado debido a que dependen de la Federación.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
