Ciudad de México 28 de mayo de 2025.- En el marco del evento “El Sistema Nacional Anticorrupción a 10 años de su Reforma Constitucional: Retos y Perspectivas”, expertos, autoridades y representantes de diversos sectores explicaron que el sistema debe consolidarse como un espacio de coordinación efectiva, con instituciones autónomas, participación ciudadana vinculante y un enfoque preventivo que priorice la rendición de cuentas y el bienestar social.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, afirmó que, si bien el SNA fue concebido como una estructura inédita para coordinar esfuerzos institucionales, sus resultados a lo largo de una década “han estado por debajo de sus expectativas”.
“O hacemos que el sistema funcione y cumpla el mandato por el que fue creado, o lo condenamos a la irrelevancia”, advirtió Buenrostro.
“México sí necesita un espacio nacional de coordinación anticorrupción, pero con reglas claras, compromisos verificables y una visión compartida”, afirmó.
La funcionaria también destacó que el nuevo gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca colocar el combate a la corrupción como una de sus prioridades, pero a partir de un enfoque preventivo y de transformación institucional, en lugar de continuar con una lógica centrada únicamente en lo punitivo.
Cabildeo
Por su parte, el subsecretario de la dependencia, Alejandro Encinas Nájera, remarcó la importancia de los sistemas estatales, pues sus avances sostienen la coordinación nacional. En su intervención propuso aprender de las experiencias locales exitosas y fomentar una cultura de intolerancia a la corrupción desde la educación temprana, incluyendo la modificación de planes de estudio y campañas de concientización.
Además, anunció medidas concretas como la regulación del cabildeo en la Administración Pública Federal antes de finalizar 2025 y la creación de un padrón de proveedores confiables para garantizar transparencia en las contrataciones públicas.
María de la Luz Mijangos, fiscal federal especializada en Combate a la Corrupción, destacó la evolución de la corrupción que ha pasado de actos individuales a redes sofisticadas, algunas con vínculos transnacionales y conexiones con el crimen organizado, al tiempo que cuestionó la colaboración institucional.
“La coordinación es la característica distintiva del SNA, pero debemos cuestionarnos qué tan efectiva ha sido», señaló.
Vania Pérez, presidenta del CPC del SNA, reconoció que los resultados del mismo no han sido suficientes.
«No basta con declaraciones patrimoniales; la ciudadanía aspira a instituciones que respondan a sus necesidades», afirmó y llamó a superar inercias y resistencias al cambio.
Cambio
Fernanda Galicia, directora General de la organización México A.C., advirtió que el SNA requiere una transformación profunda, no ajustes cosméticos, en un contexto de centralización del poder, debilitamiento de contrapesos y un poder judicial vulnerable.
Propuso tres condiciones clave para un nuevo pacto nacional anticorrupción: instituciones autónomas, participación ciudadana vinculante y un enfoque interseccional que atienda desigualdades estructurales.
Además, destacó que más del 75% de los sistemas anticorrupción estatales están incompletos, la Plataforma Nacional de Transparencia carece de autonomía operativa y presupuestal, y reformas recientes, como la de la Ley de Obras Públicas, no garantizan acceso a información clave.
También señaló la opacidad en proyectos liderados por las Fuerzas Armadas y la falta de reconocimiento de la corrupción sexual como una forma grave de abuso.
Con información de: Economista
