Ciudad de México 23 de mayo de 2025.- Organizaciones integrantes del Observatorio Electoral Judicial denunciaron que a escasos días de la finalización de las campañas de la elección Judicial se han puesto en marcha decenas de encuestas o campañas pagadas en Facebook para promocionar candidaturas judiciales, una dinámica que está prohibida para estos comicios.
Al presentar su informe “Hallazgos más relevantes de las campañas”, el Observatorio Electoral identificó que al menos 380 personas —candidatos a jueces, magistrados o ministros— han contratado publicidad en medios tradicionales y digitales para promocionar a algunos aspirantes al Poder Judicial.
Y es que advirtió sobre la presencia de apoyos no orgánicos que benefician candidaturas, especialmente a las y los candidatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como esfuerzos coordinados para posicionar en redes sociales algunos perfiles específicos.
Además de que se descubrió la presencia de encuestas ficticias, no registradas ante la autoridad electoral para beneficiar candidaturas. Sobre esto, las organizaciones identificaron que, a la fecha, han dado seguimiento a 14 casas encuestadoras sospechosas.
En específico, se observó que estas encuestadoras se han decantado por hacer ejercicios sobre las candidaturas a los cargos de la SCJN, sin que exista coincidencia en los perfiles que encabezan la intención del voto en dichas encuestas y las que se encuentran en redes sociales.
Mientras que en algunos casos, las casas encuestadoras no publicitan sus encuestas de manera directa, sino que utilizan otros medios para hacerlo, por ejemplo, a través de publicidad pagada en redes sociales; incluso se ha detectado que ciertos perfiles influenciadores afines al oficialismo replican estos contenidos de manera sistemática.
“Estos resultados generan una profunda preocupación por la inequidad que la infracción de esta regla genera en la contienda, dado que ciertas candidaturas de manera específica se promocionaron en las redes sociales utilizando para ello decenas de miles de pesos, alcanzando audiencias estimadas de millones de personas. El análisis muestra una correlación directa entre el coste del anuncio y la cantidad de personas a las que impacta”, señala el documento.
El Observatorio Electoral recalcó que si bien no es posible afirmar que alguna de las candidaturas es directamente responsable de la publicación de anuncios, se infiere que el esquema de operación es el de perfiles no auténticos creados como parte de campañas organizadas.
Al tiempo que sostuvo que la ilegalidad en la que se realiza esta dinámica impide al INE fiscalizar tales publicaciones para garantizar la imparcialidad en el proceso y, en su caso, sancionar, pese a que ha sido la misma autoridad electoral quien, en al menos un caso identificado, otorgó medidas cautelares para retirar de Facebook los anuncios que promocionaban a una candidatura.
Sobre estos resultados, Luis Fernández, director de Práctica: Laboratorio para la Democracia, consideró que la contratación ilegal de espacios de manera directa o indirecta, infringiendo la ley, es una situación que resulta inequitativa para otras candidaturas, que con sus ahorros están sobreviviendo a las campañas.
Mientras que Daniela Arias, coordinadora de Laboratorio Electoral, dio a conocer que se encontraron algunas candidaturas que han utilizado estructuras paralelas de apoyo anormales que podrían poner sobre la mesa, la cancelación de su participación en el proceso electoral.
Por lo que bajo dichas acciones, adelantó que ante estos hallazgos, desde el Observatorio se denunciará a quienes están yendo en contra de la ley.
Cabe señalar que si bien durante las campañas prácticamente la única manera en que las candidaturas pudieron dirigirse a un electorado masivo fue mediante el uso de redes sociales personales, las reglas establecen que cada persona aspirante debía registrarlas ante el INE, quedando prohibido el servicio que dispone la plataforma de, previo pago, potenciar las publicaciones para llegar a una audiencia más amplia.
Por ello, las organizaciones advierten que este servicio de pago, prohibido por la autoridad, incluye la posibilidad de definir las características del público al que se pretende llegar, como rango de edad, ubicación geográfica o temas de interés.
“Estos resultados generan una profunda preocupación por la inequidad que la infracción de esta regla genera en la contienda, dado que ciertas candidaturas de manera específica se promocionaron en las redes sociales utilizando para ello decenas de miles de pesos, alcanzando audiencias estimadas de millones de personas”, agregaron.
Con información de: Economista
