Washington y Nueva York, 16 de mayo del 2025.- Los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos mostraron escepticismo sobre el intento del presidente Donald Trump de anular el derecho garantizado por la Constitución que declara que “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos son ciudadanos” y, bajo el consenso judicial de más de un siglo, sin importar si los padres están en este país de manera indocumentada. No se espera un fallo hasta fines de junio o julio del asunto.
Otorgar ciudadanía a toda personas que nace en Estados Unidos ha sido automático por más de 140 años. Tres tribunales regionales ya han emitido órdenes nacionales bloqueando la implementación de una orden ejecutiva emitida por Trump en su primer día como presidente que buscaba prohibir otorgar documentos oficiales confirmando la ciudadanía de cualquier niño nacido en territorio estadunidense con padres indocumentados o que estaban en el país de manera temporal y no eran ciudadanos.
En la audiencia ante la Suprema Corte este jueves, varios de los jueces expresaron que la Constitución establece claramente que cualquier niño nacido en Estados Unidos es un ciudadano estadunidense. El abogado representando al gobierno de Trump, tal vez al reconocer que no podría argumentar lo contrario, evitó abordar la constitucionalidad de la orden ejecutivo, y se dedicó a solicitar que el tribunal supremo bloqueara órdenes nacionales emitidas por tribunales regionales y emita un fallo declarando que esas órdenes se deben limitar solo a las regiones sobre las cuales presiden esos tribunales.
El gobierno de Trump, apoyados por abogados en algunos estados conservadores, está argumentando que a un sólo juez federal en un tribunal regional no se le debería permitir emitir una orden que se aplica a todo el país. “Con respeto, pienso que lo que tenemos es que tribunales inferiores están tomando decisiones inmediatas… que ignoran el principio fundamental de la 14 Enmienda” de la Constitución, sostuvo el fiscal general de la nación John Sauer en los argumentos presentados ante los jueces supremos.
El juez jefe de la Suprema Corte y muchos de la mayoría conservadora parecieron simpatizar con el argumento para limitar la aplicación de fallos de tribunales regionales. Pero varios de los jueces liberales indicaron que si no hay una orden que se aplica a nivel nacional, eso implicará que algunos bebés naciones en algunos estados serían ciudadanos mientras los que nacen en otros estados no lo serían, y que esta situación detonará miles de demandas legales de padres que estarían cuestionando la orden ejecutiva.
Un fallo de no permitir que los tribunales regionales puedan emitir órdenes nacionales tendría consecuencias más allá del asunto del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Jueces federales regionales han emitido 17 órdenes nacionales contra acciones y órdenes del gobierno de Trump que abarcan desde si el poder ejecutivo tiene la obligación de gastar fondos aprobados por el Congreso a la anulación de medidas de protección temporales contra deportación para venezolanos viviendo en el país sin documentos.
La cuestión clave este jueves fue sobre el lenguaje de la 14 Enmienda de la Constitución. “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y de los estados en donde residen. Ningún estado debe elaborar o hacer cumplir cualquier ley que dañe los privilegios o inmunidades de ciudadanos de Estados Unidos; ni ningún estado puede privar a cualquier persona de vida, libertad o propiedad, sin un proceso debido de ley; ni negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes”.
El gobierno de Trump argumenta que el contexto histórico de esta enmienda de 1868 estaba dedicada a otorgar ciudadanía a los ex esclavos que fueron liberados a la conclusión de la Guerra Civil. El fiscal John Sauer declaró este jueves que esa enmienda “se trataba de dar ciudadanía a los hijos de esclavos, no a los hijos de inmigrantes ilegales quienes realmente no eran una clase directa en ese tiempo”.
Trump no dejó duda sobre su posición, comentando en medios sociales que “el derecho a la ciudadanía por nacimiento no fue dedicado a personas de vacaciones para volverse en ciudadanos de Estados Unidos de America, y traer a sus familias con ellos, todo el tiempo riéndose de qué tan tontos somos nosotros”.
Lo que durante décadas fue un argumento marginal y considerado extremista y racista a favor de anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento, de repente con el gobierno de Trump se vuelve una propuesta política central que ocupa la atención nacional del máximo tribunal del país.
Las consecuencias de anular el derecho a la ciudadanía de hijos de indocumentados bajo la orden ejecutiva tendría el efecto opuesto de lo que busca lograr, ya que incrementaría la población indocumentada por 2.7 millones para 2045 y por 5.4 millones personas para 2075, según proyecciones del Migration Policy Institute en Washington. Por los próximos 50 años, cada año un promedio de 255 mil niños nacidos en Estados Unidos iniciarían sus vidas sin ciudadanía estadunidense por tener padres indocumentados. [https://www.migrationpolicy.org/news/birthright-citizenship-repeal-projections].
Por otro lado, la incesante ofensiva antimigrante del gobierno de Trump continúa por varios frentes. El Departamento de Seguridad Interna está solicitando 20 mil tropas de la Guardia Nacional para sumarse a los esfuerzos antimigrantes, reportó el New York Times este jueves. Si es aprobado, sería la primera vez que la Guardia Nacional sea empleada en operaciones de captura de migrantes en Estados Unidos. El Pentágono está evaluando la solicitud, y se supone que el propósito es sumar esas fuerzas para cumplir con las “deportaciones masivas” sin precedente prometidas por el mandatario.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
