Ciudad de México, 01 de mayo de 2025.- Excélsior obtuvo audios donde el líder de una red de supuestos centros de rehabilitación confiesa tener el personal y los medios para privar a alguien de su libertad por mil pesos e internarlo por mil 300 al mes. Esta misma persona promocionaba el anexo de Topilejo donde 5 personas fallecieron intentando escapar en febrero.
Así como la magnitud del problema de las adicciones, en México tampoco se conoce cuántos anexos o sitios irregulares para tratar esta enfermedad están operando de manera ilícita con prácticas que violan los derechos humanos, como la tortura y el secuestro.
Muchos de estos lugares se camuflan como asociaciones civiles, pero carecen de cualquier tipo de licencia sanitaria, supervisión médica o protocolos de atención. Operan en la informalidad, bajo esquemas de “ayuda mutua”, sin rendir cuentas a ninguna instancia oficial.
De la noche a la mañana llegan por ti, tu vida cambia y ahora estás encerrado con traficantes, estás encerrado con secuestradores”, dijo un joven que accedió a compartir su experiencia de manera anónima con Excélsior. “De la gente que estaba ahí, yo creo que 95% era gente que se dedicaba a cosas ilícitas”, agregó el egresado de la facultad de Derecho quien fue plagiado hace un año en la Ciudad de México para ser anexado en Hidalgo, donde no supo nada de su familia durante los primeros tres meses.
Al recordar este episodio de su vida, narró con voz cortada cómo fue que hombres desconocidos lo emboscaron para subirlo a una van que lo transportaría al supuesto centro de rehabilitación, donde las ofensas y maltratos eran el pan de cada día. Destacó que durante el trayecto a este sitio, cuyo paradero todavía le resulta confuso, fue encapuchado y amarrado, y que en todo momento recibió golpes. Ya internado, las agresiones e insultos continuaron.
Estos testimonios no son aislados: organizaciones de derechos humanos han documentado prácticas similares en por lo menos 13 estados del país, donde se ha identificado un patrón sistemático de privación ilegal de la libertad, violencia física, y negligencia médica en centros sin regulación.
Si bien confesó que su paso por este sitio le dejó mucho resentimiento, no culpa a su madre, quien pagó por su anexo en aras de controlar su abuso con el alcohol.
En México, internar a alguien en contra de su voluntad es ilegal, explicó Amaya Ordorika, directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México.
La violación a derechos humanos puede cambiar la conducta de la gente, en muchos sentidos. Pero no por eso es justificable ni permisible por la Ley”, agregó la titular de la dependencia que, hasta la fecha, tiene 198 centros de ayuda para las adicciones bajo regulación.
Muchos familiares recurren a estos centros por desesperación, al no tener opciones accesibles ni orientación institucional sobre alternativas terapéuticas reales. Esto convierte el tratamiento en una decisión forzada más por miedo que por acompañamiento clínico.
Irónicamente, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la Conasama, reconoció en julio de 2024 solo 193 establecimientos para la rehabilitación de adicciones en todo el país, la mayoría de ellos en Baja California y Sinaloa. La diferencia entre los registros federales y los locales pone en evidencia la existencia de anexos ilícitos.
La mayor parte de los centros de atención a adicciones privados de la Ciudad de México son centros de ayuda mutua, es decir, no tienen personal médico. Anexo, en realidad, es un nombre mucho más coloquial que está mucho más vinculado a la idea de internamiento involuntario”, agregó la funcionaria cuya dependencia busca poner en regla a tantos sitios como sea posible y exhorta a la población a denunciar los centros ilegales.
Mil pesos por secuestrar a alguien e internarlo
El pasado 24 de febrero, cinco personas fallecieron en un anexo de Topilejo, ubicado al sur de la Ciudad de México, alcaldía Tlalpan, luego de que un incendio, provocado por los mismos internos (con el fin de escapar), se descontroló y llenó de un sofocante humo el pequeño inmueble que no tenía ni ventanas ni salidas de emergencia –solo una puerta de metal que dividía la recepción de los dormitorios–.
Por este caso, nueve personas que trabajaban o estaban relacionadas al sitio fueron detenidas, pero nunca se informó más sobre la red de establecimientos que operan bajo el mismo nombre: Fraternidad Hombres Preparados.
Topilejo no es un caso aislado. De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y otras ONG, los incendios, muertes por golpizas y suicidios en centros clandestinos han sido reportados de manera recurrente en entidades como Jalisco, Guanajuato y el Estado de México.
Excélsior descubrió que el mismo sujeto que promocionaba el anexo de Topilejo sigue operando en al menos otros municipios, como el de Ocuilan, Estado de México, donde cobra hasta mil pesos por privar a una persona de su libertad para internarla. Su nombre es Juan Enrique Ocampo y en una grabación telefónica en posesión de este diario asegura que cobra “mil 300 de ingreso y mil semanales” por el internamiento.
Ya si vamos por él sí serían como otros mil pesos”, confesó. “Nosotros nos lo traeríamos a como diera lugar. Lo único que haríamos sería forcejear para subirlo al vehículo. Ya subiéndolo al vehículo, ya lo traemos agarrando cada quién de una mano y un pie y nos venimos directos hasta acá. No nos paramos”, agregó en la llamada donde pide mantener a la víctima en aislamiento sobre los planes de anexamiento para evitar que se dé a la fuga.
La red Fraternidad Hombres Preparados cuenta con sedes en Estado de México, Puebla e incluso Morelos y se promocionan en redes sociales. De hecho, el perfil de Facebook de esta supuesta asociación civil sin registro en la Ciudad de México o la Conasama cuenta con galerías de fotos de varios anexos, incluido el de Topilejo que fue clausurado tras el incendio.
Por su parte, Juan Enrique Ocampo mantiene el mismo número que aparecía a las afueras del centro al sur de Tlalpan y en redes continúa ofreciendo sesiones de ayuda a personas con problemas de adicciones.
A pesar de las muertes y los hallazgos, esta red sigue activa en línea, sin intervención visible de autoridades sanitarias, judiciales o de plataformas digitales.
El centro del país no es el único que reporta incidentes con anexos. Entre los episodios más alarmantes se encuentra la masacre de nueve personas a principios de abril en el centro de rehabilitación Shaddai de Culiacán, Sinaloa. Ahí también se reportó el asesinato del dueño de la red de centros, Guillermo Rodríguez Gaxiola, y ataques a otros tres anexos por culpa de la disputa entre cárteles de la droga.
El terror, ¿como terapia de rehabilitación?
Sólo aquellas personas que han pasado por anexos conocen la barbarie con la que estos sitios pueden llegar a operar.
Gustavo, un adicto en recuperación entrevistado por Excélsior, pasó por siete anexos en distintas partes de la República y aseguró haber presenciado la implementación de “medidas disciplinarias” que ni siquiera se aplican en los peores centros de corrección. Una de ellas era “los gansitos”.
Era el mango de un hacha, me imagino, pero partido a la mitad. Le decían gansitos. Y cada vez que te pegaban te decían ‘recuérdame’. Esa era otra de sus aplicaciones, que no sé en qué ayudaban a recuperarse, en cambio, yo salí muy resentido de ese lugar”, confesó.
Agregó que lo más fuerte que presenció fue el abuso cometido en contra de una persona con aparentes problemas mentales.
Un compañero que no tenía por qué estar anexado porque ya presentaba temas de salud mental, lo sentaron en el famoso bote chilero. Un bote chilero es una lata de chiles de las grandes pero con el lado que está destapado hacia arriba. Lo sentaron ahí tres días con sus noches y donde estaba durmiendo le pegaban, pero se me quedó muy grabado eso. Él le hablaba a su mamá”, relató entre suspiros.
Especialistas en salud mental advierten que prácticas como el “bote chilero”, el encierro prolongado o las golpizas ritualizadas no sólo no rehabilitan, sino que aumentan el riesgo de suicidio, estrés postraumático o violencia hacia otros.
Al norte del país, un joven, que accedió a compartir su testimonio bajo el nombre de “Marco”, relató cómo en un anexo de Mexicali un perro vigilante lo atacó en sus órganos reproductivos, arrebatando medio testículo sin que nadie interviniera.
Una semana y media, yo orinaba y orinaba sangre, carnal, porque el perro me agarró ahí fuerte y ellos lo tomaban como una cura, hasta el mismo director se reía junto con ellos”, acusó.
Según Gustavo, los anexos “trabajan mucho por terror” bajo la premisa de que esto impedirá que el adicto recaiga en sus hábitos de sobreconsumo, pero las personas en rehabilitación entrevistadas confesaron haber encontrado solo traumas en estas prácticas.
La humillación nunca curó a nadie”, dijo en entrevista una trabajadora social con 20 años de experiencia en centros certificados.
Y por otro lado:
El paciente se llena de resentimiento, de odio, y dice… me los voy a chingar saliendo de aquí”, dijo la actriz, modelo y cantante Carmen Campuzano, quien recordó haber presenciado aplicaciones indignas cuando pasaba por su proceso de rehabilitación. “Yo estando en una granja, me tocó ver cómo le devolvían la razón a una persona a base de golpes. ‘Ahorita te vamos a devolver la lucidez mental, a punta de fregadazos’. ‘¡Pies juntos, vista al frente y manos atrás, culera!’, hombre o mujer, ¿tú crees que eso es dignificar?”, cuestionó la ex modelo.
Este diario presenció cómo la artista ahora dedica su tiempo libre a llevar pláticas motivacionales a personas en centros de rehabilitación. Ahí comparte sus experiencias e incluso aconseja a los adictos en recuperación.
Lo único que no permite es que le digan madrina, ya que el término no le gusta.
¿Quién y dónde se atienden las adicciones en México?
La mala fama que persigue a los anexos también ha perjudicado a sitios especializados en rehabilitación que sí operan bajo las estrictas normas de las autoridades, y que por años han servido como el único método de contención para tratar esta enfermedad.
Estos centros certificados muchas veces enfrentan estigmas similares a los clandestinos, lo que ahuyenta a familias que realmente buscan ayuda profesional. La falta de información clara entre la población general dificulta distinguir entre un anexo ilegal y un centro terapéutico formal.
Estos lugares reportan una sobrepoblación de adictos que cada vez son más difíciles de tratar por la extrema dependencia que conlleva el consumo de drogas sintéticas y opioides, dijo al Excélsior Víctor Sánchez, el presidente fundador de Clínica Vencer Adicciones, un centro especializado en Texcoco, Estado de México.
No estamos preparados. Primeramente, este tipo de centros no deberíamos de existir porque somos una responsabilidad gubernamental. En derecho a la salud, el gobierno es el encargado desde hace muchos años de llevar prevención y tratamiento para este tipo de personas”, explicó.
En México no existen centros de tratamiento públicos y el gobierno federal sólo otorga ayuda financiera a una asociación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esta es el Centro de Integración Juvenil A. C., que encabeza las acciones de prevención y atención contra las adicciones y cuyo presupuesto aprobado para 2024 fue de más de 900 millones de pesos, según informes.
De los más de mil centros de rehabilitación que se estima operan en el país, menos del 20% recibe algún tipo de apoyo oficial. La mayoría sobrevive con cuotas de recuperación mínimas, donaciones esporádicas o incluso rifas organizadas por familiares de los internos.
El resto de los centros especializados, clínicas y anexos operan con recursos propios y muchos son incapaces de cobrar por lujos, ya que la operatividad y mantenimiento de estos sitios es cada vez menos redituable, dijo Sánchez.
Lo que se necesita es ayuda gubernamental, o sea, ya se nos salió a todos de las manos, todos los gobiernos de todos los colores. Entonces, ¿qué se necesita? Un apoyo, un recurso”, agregó.
Así como el problema de los anexos irregulares, en México también hay mucha ambigüedad sobre la magnitud del problema de las adicciones a sustancias psicoactivas, ya que la última Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones fue publicada en 2017 con datos del 2016. En aquel entonces, el problema de las autoridades era la mariguana y la temprana edad en la que los mexicanos comenzaban a probar sustancias psicoactivas.
Desde entonces, el escenario cambió por completo. Hoy la mariguana ha sido desplazada por metanfetaminas, fentanilo y benzodiacepinas, muchas veces en combinaciones mortales que ni siquiera existían en el radar de salud pública hace una década.
En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador no se entregó una encuesta nacional, y en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se está trabajando en una nueva metodología para entregar datos que profundicen más sobre drogas adictivas, toda vez que la metodología anterior no proporcionaba suficiente información para hacer comparativas con la antigua encuesta.
Estamos buscando un esquema para realizar la encuesta que permita tener, pues, mayor información de las adicciones en nuestro país, que es muy importante tener siempre esa información para poder hacer todo el trabajo de prevención y de atención”, dijo la mandataria federal a finales de enero.
Excélsior solicitó datos referentes a anexos irregulares, sustancias psicoactivas y los avances de la encuesta nacional a la Secretaría de Salud, pero no obtuvo respuesta.
Mientras esta encuesta se publica y la normativa se pone al día, establecimientos como la Quinta Santa María, en Huitzila, Hidalgo, han logrado mantener un modelo de ayuda mutua y bajo costo por 40 años, que atiende de primera mano a cientos de personas cada mes.
Sus instalaciones son modestas y el personal está conformado por personas que ya han pasado por un proceso de rehabilitación.
Modelos como el de Quinta Santa María, con mínima infraestructura pero alto compromiso humano, han demostrado tasas de recuperación mayores al promedio nacional. Su enfoque no se basa en castigo, sino en comunidad, acompañamiento emocional y seguimiento prolongado.
En un año, aproximadamente, aquí en la clínica transitan alrededor de mil personas. Yo tengo una capacidad con camas de ocupación de 83 personas. Sin embargo, hay ciertas temporadas que de repente tenemos un poco más. Procuramos no hacerlo, pero a veces la demanda es tal que tenemos que tener un poquito más”, explicó Arturo Enrique Álvarez, director de la clínica, al Excélsior durante una visita al sitio.
La clínica prohíbe el internamiento involuntario y cobra solo 7 mil pesos por un lapso de 84 días. Posteriormente, el personal da seguimiento a las personas en recuperación vía remota, a menos que se requiera el internamiento nuevamente.
En general, en México, las adicciones, el número de recuperación es muy bajito. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un muy buen número. Nosotros, de 100 personas, yo creo que entre 15-18 personas que llegan al primer año sin consumir lo logramos sin problema”, concluyó.
Frente al vacío institucional y el horror de los anexos clandestinos, sitios como este representan una esperanza silenciosa. No hacen ruido, no reciben presupuesto público, pero todos los días evitan muertes relacionadas con el lado oscuro de las adicciones.
Con información de: Excelsior
