- Cambio en materia laboral va, aunque haya resistencia, advierte; al gobierno no le toca ni quitar ni poner líderes: titular de STPS
México, 18 de febrero del 2019.- El corporativismo en los sindicatos terminará cuando los trabajadores puedan elegir a sus líderes de manera libre y sin presiones. Se requieren “cambios de raíz” mediante los cuales se garanticen mecanismos para ejercer la democracia en el interior de estas organizaciones, dijo Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Al participar en un foro sobre política laboral, organizado por EL UNIVERSAL, Alcalde Luján aseguró que son los empleados quienes decidirán acabar con esta práctica, que ha permeado en los sindicatos a lo largo de la historia del país. Enfatizó que al gobierno no le toca “ni quitar ni poner líderes”, sino que son los agremiados quienes deben tener la posibilidad de separar de su cargo a sus dirigentes, de votar por la persona que mejor los represente.
“Eso se va a erradicar [el corporativismo] en tanto la propia gente pueda decidir. Eso se genera cuando lo que hay son presiones externas, pero si la gente puede decidir de manera libre y nosotros nos dedicamos a garantizar que eso suceda, no nada más es que en la ley diga que ahora hay voto libre y secreto, sino que nosotros vayamos acompañando todos los procesos previos a esa votación y, posterior a esos sufragios, [garantizar que] sean democráticos”, subrayó.
Ante colaboradores y directivos de El Gran Diario de México, la titular de la STPS resaltó que la meta para este gobierno es que todos los trabajadores participen en las decisiones de sus gremios de manera libre, como ocurre en las elecciones para cargos públicos, con un padrón confiable, y no “a mano alzada”, de la forma en que se dan actualmente, a fin de evitar presiones.
“Esa es la democracia y eso es lo que nosotros planteamos para el mundo del trabajo. No pedimos ni más ni menos de lo que sucede o que debería suceder en términos electorales o en otros espacios”, indicó. Afirmó que aunque haya “resistencias” del sector obrero o empresas, “el cambio va”, puesto que ya se aprobó la reforma en materia de justicia laboral, se ratificó el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —sobre la libertad sindical—, además de que la democracia en los gremios es un requisito en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“Los diferentes sectores, les guste o no, saben que viene este cambio y me parece que hay disposición de decir: ‘Bueno, ya pues, ahora sí que aunque patalee’, porque ya está en la Constitución, porque es parte del propio tratado de libre comercio [T-MEC]. Algunos que dicen: ‘Bueno, la Constitución me da igual’. Creo que hay mucha conciencia de que esto ya va a suceder”, refirió.
En el salón Palavicini, Alcalde Luján destacó que uno de los objetivos de su administración al frente de la STPS es rescatar la negociación colectiva, la cual, consideró, es responsabilidad de todos los actores del sector laboral.
“El gobierno federal, lejos de imponerse y de tomar partido, lo que tiene que hacer es coadyuvar a que esa solución de conflictos sea responsable, sea abierta y clara”, afirmó.
Enfatizó la importancia de mejorar los canales de las negociaciones, puesto que “es obvio que hay un distanciamiento entre los líderes sindicales y sus trabajadores, debe haber un acercamiento mayor entre los empleadores con sus trabajadores. Siempre va a haber quien llene los vacíos, el problema es que existen y no hay esta cercanía con los trabajadores, lo que hace que se descarrile una posible negociación porque no se sienten representados”.
Las huelgas
Hernán Gómez Bruera, columnista de esta casa editorial, comentó que la libertad sindical es uno de los grandes pendientes de nuestro país: “Teníamos democracia política, pero no sindical, alguien de la izquierda lo viene planteando desde los años 70 y la verdad es que hemos avanzado poquísimo”.
Cuestionó a la titular de la STPS si la democracia sindical no generará “una andanada de huelgas inmensa que al final de cuentas pueda generar una crisis de gobernabilidad.
Alcalde Luján descartó “el caos” derivado de la libertad gremial: “Esa tesis no la compartimos, creemos, claro, que ha habido un rezago histórico en procesos conciliatorios, sí, en negociaciones colectivas, sí. Tenemos que mejorar todos los actores en relación a cuáles son los procesos de negociación a los que nos vamos a enfrentar con este nuevo esquema de libertad y democracia”.
Comentó que en el conflicto de Matamoros, Tamaulipas, en el que 45 maquiladoras se fueron a huelga, debe haber “un ajuste de muchas cosas”, una de ellas es el papel del gobierno en los problemas laborales, en el que no interfiera y sean los obreros quienes hagan las negociaciones; sin embargo, advirtió que debe haber responsabilidad de los involucrados.
“No quiere decir que se valga que haya paros ilegales, pero sí es un procedimiento a través del cual hay una herramienta de negociación. Sí creemos de todas maneras que se requiere de más acercamiento de los propios trabajadores, porque tampoco es sano que sea con irresponsabilidad de repente como se generen chispazos”, señaló.
Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo de la STPS, aseveró que aunque los incrementos salariales puedan generar conflictos en la revisión de los contratos, la Secretaría del Trabajo debe intervenir al facilitar las negociaciones entre empleados y patrones.
“Estas 45 empresas con esta vinculación de sus tabuladores salariales al incremento del salario mínimo, pues evidentemente que presionaron mucho el convenio, pero nuestros negociadores ahí estuvieron, la empresa estuvo ofreciendo 7% y los del sindicato exigían 10%. Quedaron a 7 y 10% y de bono ofrecían 4 mil pesos de bono y se pedían 7 mil pesos”, recordó.
Los cacicazgos
Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL, indicó que aunque hay convenios internacionales firmados por México en el tema de la libertad sindical, aún hay “mucha reticencia” de parte de varios actores del mundo laboral.
“Hay muchos intereses, hay cacicazgos que están conquistados en este mundo laboral, en el mundo sindical, sobre todo, muchos de ellos tienen que ver incluso con los gremios del gobierno. Tienen muchos años, yo conozco disidentes en el sindicato petrolero que por años nadie los ha escuchado y nadie los ha apoyado”, apuntó.
Mario Maldonado, colaborador de esta casa editorial, consideró que mientras no haya justicia laboral, los líderes gremiales que han permanecido en su cargo por muchos años continuarán; “en tanto, no haya justicia laboral, que es parte de una bandera que tiene el nuevo gobierno con respecto a estos líderes sindicales, que todos conocen y que por décadas y décadas se han mantenido en sus cargos en los sindicatos de forma antidemocrática, sin libertad gremial”, precisó.
Jóvenes Construyendo el Futuro
Horacio Duarte Olivares, subsecretario del Empleo de la STPS, resaltó que a un mes de que arrancó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 2 millones de personas de ese sector han manifestado su inquietud para participar en el programa; mientras que desde el 14 de enero a la fecha 49 mil jóvenes han sido vinculados en empresas para iniciar su capacitación, por lo que para este año se espera atender a un millón 400 mil jóvenes.
Explicó que la prioridad del programa es atender a 600 mil jóvenes que habitan en municipios indígenas y alta marginación, así como a 500 mil provenientes de localidades con elevados índices de violencia.
“Nuestro reto mayor es que las empresas nos oferten las vacantes, ahí hemos desarrollado una actividad muy cercana con las cámaras, con los sectores empresariales, nos está funcionando mejor que el acercamiento con las cámaras sectoriales o por industria, porque además de eso nos va a permitir que la certificación para los jóvenes sea del sector, no una constancia de capacitación en una compañía, sino una certificación sectorial”, detalló.
Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero y colaboradora de EL UNIVERSAL, expresó su preocupación sobre que este programa atienda a la población vulnerable, a los jóvenes con discapacidad, y no sean los beneficiarios aquellos que cuentan con estudios universitarios.
“Hay 7 millones de personas con discapacidad en el país, casi 80% de esta población está desempleada, muchas veces es más por un estigma o prejuicio que porque no posean las habilidades para desarrollar su trabajo. Este programa tiene muy buenas ideas, pero al final ya para que acceder a la gente que realmente necesita es todo un problema, tanto para la gente de bajos recursos que puede estar en zonas donde hay más criminalidad”, apuntó.
Foto: Notimex
Texto: Astrid Rivera | El Universal
