8 columnas

27 de Abril de 2016

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Arrecia violencia en Acapulco, pese a cinco operativos De ser la atracción turística más importante de México en la Época de Oro del cine, el puerto se ha convertido en el municipio más violento de Guerrero, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Tan sólo en lo que va del año, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado ha reportado el homicidio de 332 personas. A raíz del ataque del domingo contra elementos de la Policía Federal, decenas de escuelas y cientos de comercios se mantienen cerrados. El puerto, día y noche, ha permanecido sin actividad y la zona turística se observa vacía. En diciembre de 2014 la Policía Federal, la Gendarmería, el Ejército y la Marina comenzaron a resguardar escuelas de colonias como Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento y Simón Bolívar, en donde la SSP registró 19 secuestros de maestros en 2015. Para el 31 de marzo de 2015, un contingente de 200 efectivos y 90 vehículos de la Gendarmería llegaron a reforzar Acapulco, y en octubre, 300 elementos más, así como 60 patrullas. Además, en cada periodo vacacional —Semana Santa, Navidad y Año Nuevo, regreso a clases— refuerzan el esquema de seguridad. También se incrementa la seguridad para vigilar la Convención Bancaria, cuando hay marchas contra la reforma educativa y en otros operativos también participa la Policía Federal. Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señala: “La política, si es que la hay, no ha dado resultados; las medidas son ineficientes e insuficientes, deberían darse cuenta de que más de lo mismo no les va a funcionar”. La experta en temas de seguridad agregó que es momento de que realicen un diagnóstico preciso para tener resultados; incluso, comentó que deberían tomar como ejemplo y ensayar con casos de éxito en el combate a la delincuencia en el país, como en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Patea Senado anticorrupción El Senado se alista para cerrar el periodo ordinario de sesiones sin aprobar las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. A los legisladores les importó poco que entre esas iniciativas se encontrará la denominada Ley 3de3, solicitud planteada por miles de ciudadanos, a quienes ellos dicen representar. De manera histórica, organizaciones civiles y ciudadanos lograron recabar 634 mil firmas (cinco veces más de lo establecido por ley), avaladas por el INE, con lo que pretendían obligar a que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimonial, de impuestos y de conflictos de interés. El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, reconoció que no hay condiciones para votar las siete leyes que exige la Oposición y que contemplan la creación de la Fiscalía Anticorrupción antes del sábado 30 de abril, cuando cierra sesiones la Cámara alta. «Quisiéramos que salgan las siete, nada más que no hay predictámenes ni dictámenes todavía sobre dos o tres de ellas. Queremos que salga un buen producto y que no nos vayamos a arrepentir de hacer algo con prisas», justificó el legislador. Las bancadas del PAN y el PRD, en tanto, exigieron una reforma integral y condicionaron su voto a que el paquete incluya siete ordenamientos para castigar la corrupción con sanciones administrativas y penales. «Son siete y no sólo una parcialidad porque dejaría incompleto el Sistema», advirtió el coordinador albiazul, Fernando Herrera. «El PRI quiere poco o nada. Nosotros queremos todo o nada», soltó Miguel Barbosa, coordinador del sol azteca.

 

Recaba la CNDH 47 quejas sobre tortura en Iguala La Comisión Nacional de los Derechos Humanos integra expedientes de quejas por detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante en la detención y tortura, presentadas por algunos de los detenidos por el caso Iguala. Explicó que se radicaron cuatro expedientes de queja por posible maltrato en la detención, 11 por posible detención arbitraria y 47 por la posible comisión de actos de tortura. El organismo informó que practicó múltiples diligencias, hizo solicitudes de información a la Procuraduría General de la República, a distintos Centros Federales de Readaptación Social y a Juzgados Federales, autoridades a las que solicitó actuaciones relacionadas con las puestas a disposición. Además de declaraciones de los detenidos, certificaciones médicas, opiniones de mecánica de lesiones, valoraciones psicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios. La comisión reconoció que en algunos casos ha existido dilación para cumplir con lo solicitado. Peritos médicos y peritos psicólogos de la CNDH, en apego a lo dispuesto por el «Protocolo de Estambul», efectuaron en los centros de detención y reclusión la valoración clínica, entrevista y evaluación psicométrica de todos los quejosos, con la asistencia del visitador responsable de la integración del caso. En el desahogo de estas diligencias, los peritos de la comisión nacional cumplieron con los estándares de oficiosidad, minuciosidad, competencia, prontitud, especialidad, imparcialidad, protección e información que prevé dicho Manual para la investigación de este tipo de conductas. Para estar en posibilidad de establecer la violación a Derechos Humanos o la actuación legal de servidores públicos, la CNDH aplicó el «Protocolo de Estambul» en todos los casos.

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Dispar ingreso en el país por prebendas a ricos y políticos La remuneración que recibe el conjunto de trabajadores en México representa una cuarta parte del valor de los bienes y servicios producidos en el país en un año. En Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales, la proporción se eleva hasta 55 por ciento del valor de esas economías. La baja participación de los trabajadores en los dividendos de la economía pone de relieve que el problema de la distribución del ingreso está más relacionado con los privilegios de la élite económica y política que con las habilidades de los asalariados. La disparidad del ingreso en México no es resultado de que los ricos sean más productivos, sino consecuencia de un sistema político integrado por un reducido grupo de privilegiados económicos y la clase política, apuntó Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, firma especializada en análisis financiero. Los trabajadores en México son pagados, en su mayoría, de acuerdo con las habilidades que tienen, tanto físicas como para desempeñar su labor. Mientras tanto, las clases privilegiadas –apuntó Coutiño– reciben ingresos basados en factores como el nivel de educación “y sus amistades con los dueños del capital, así como por las recomendaciones políticas. Las disparidades en la distribución del ingreso son explicadas generalmente a partir de factores económicos, políticos y sociales. Sin embargo, pueden ser agravadas por acciones del gobierno que promueven privilegios para algunos grupos. La existencia de obstáculos a la libre competencia, incluido un bajo grado de desarrollo, también explican la inequidad. Cuando un país trata de ampliar su apertura económica, pero ésta es acompañada por la concesión de privilegios y el uso del poder, la acumulación de riqueza se concentra en pocas manos. La desigualdad en la distribución del ingreso en México puede ser explicada por todos estos factores, expuso Coutiño, también integrante del Centro de Proyecciones Económicas para México, con sede en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

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Por ley, desindexan al Infonavit del minisalario Al promulgar la Ley General del Infonavit, el presidente Enrique Peña Nieto informó que esta normatividad permitirá la desindexación del salario mínimo como base de actualización en multas y pagos y permitirá que los créditos se otorguen en pesos. Durante la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto, el Jefe del Ejecutivo manifestó que en lo que va de esta administración el Infonavit ha entregado dos millones 50 mil créditos para vivienda en beneficio de 7.5 millones de mexicanos. Detalló que tan solo en tres años se han entregado uno de cada cinco créditos otorgados a lo largo de toda su historia, por lo que detrás de este esfuerzo institucional, que incluyen los créditos cofinanciados por la banca privada, hay una derrama económica superior a los 530 mil millones de pesos. En la ceremonia, a la que acudió el primer director del Infonavit, Jesús Silva Herzog, el mandatario entregó la llave del crédito nueve millones. Desde las instalaciones del Infonavit, el mandatario destacó que esta institución que nació hace 44 años, “es el principal motor del desarrollo habitacional de México, y prueba de ello es que hoy 7 de cada 10 créditos de vivienda en el país son otorgados por el Infonavit”. Acompañado por el recién nombrado director de esta institución, David Penchyna Grub; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, expresó que estos créditos detonan inversiones productivas en más de 30 ramas vinculadas a la construcción. Cabe destacar que esta reforma a la Ley del Infonavit modifica los artículos 39, 44 y 55 en donde el salario mínimo deja de ser medida de referencia y toma en su lugar la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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No habrá «albazo» en leyes anticorrupción El PRI y el Partido Verde en el Senado de la República sí quieren y desean que salga el paquete de leyes secundarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, afirmó el senador Emilio Gamboa Patrón. Informó que las bancadas del PRI y del PVEM en el Senado junto con los representantes de la sociedad civil elaboran documentos conjuntos sobre las 7 leyes secundarias que conforman dicho sistema. El también presidente de la Junta de Coordinación Política, además en conferencia de prensa, señaló que de este paquete, tres leyes casi están aprobadas: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción está en un 99 a 100%; la Ley 3 de 3 a un 97 a 98%; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está muy avanzada. Y en cuanto a las adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, esto es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, que se encuentran en la Cámara de Diputados, están muy avanzadas. Informó que se trabajará toda la semana, incluso el viernes sí es necesario. Por separado, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, el senador Fernando Herrera Avila, rechazó que parte de su bancada vote con el PRI. “No existe ese riesgo”, precisó. Pero el presidente del Senado e integrante de su fracción parlamentaria, el senador Roberto Gil Zuarth, dijo que hay preocupación por ciertos visos de inconstitucionalidad. “Hay algunas cosas que se deben revisar como los alcances de las intervenciones telefónicas, de las facultades que tiene el Tribunal Fiscal; cómo se administran los tipos penales y los administrativos. Son temas de reflexión”.

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Se dispara venta de autos usados Con la entrada en vigor de las nuevas normas temporales del Hoy No Circula se ha incrementado 10% la venta de vehículos usados en la Ciudad de México. De acuerdo con la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA), las unidades más demandadas son los autos compactos, cuyo valor oscila entre 100 mil y 150 mil pesos. David Placencia Barrera, presidente de la ANCA, explicó que la compra detonada por las restricciones vehiculares también ha incrementado 5% el precio de los automóviles usados. A decir del dirigente, gran parte de sus compradores son empresas y administradores de flotillas para suplir sus unidades, “ya que en algunas ocasiones su flota se puede detener hasta en 20% por contar con el engomado al que no le corresponde circular, lo que puede afectar el dinamismo de las organizaciones”. En cambio, el director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, comentó que la afluencia en las agencias de autos nuevos de la capital del país se mantiene conforme al desenvolvimiento previsto desde antes del inicio del programa vehicular. En tanto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) dio a conocer que 40 mil negocios pequeños de la Ciudad de México han registrado pérdidas por 16 millones de pesos con las nuevas restricciones vehiculares. Los giros más afectados por la restricción son los que comercian productos perecederos, pues acuden al menos tres veces por semana a centros de abastecimiento para surtir sus negocios.

LA RAZÓN

Cada hoja del informe GIEI costó $70 mil a mexicanos El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cobró 2.5 millones de dólares por su labor de coadyuvancia en la indagatoria oficial del caso Iguala, que se tradujo en un informe de 605 páginas, con lo cual cada una de las hojas que lo integran costó a los mexicanos de 70 mil 247 pesos, sin que ese equipo arrojara una tesis sobre el paradero de los 43 desaparecidos. De una revisión de los informes financieros elaborados por el Departamento de Servicios Financieros y Administrativos de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya copia tiene La Razón, se desprende también que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) inflaron 40 por ciento su salario durante el tiempo que indagaron el caso: originalmente era de 240 mil dólares por los cinco en cada periodo, pero al final cobraron 336 mil dólares. Con ello, en vez de cobrar 48 mil dólares, cada uno de los expertos al final se llevó 67 mil 200 dólares. A un tipo de cambio promedio de 17 pesos, esta cantidad equivale a un millón 142 mil 400 pesos. Sumados ambos periodos, su sueldo ascendió, por un año, a dos millones 284 mil 800 pesos (equivalentes a 190 mil 400 pesos mensuales). Los mismos informes revelan que Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, Carlos Beristain y Alejandro Valencia tuvieron una nómina de especialistas subcontratados por 589 mil pesos mensuales. Esta se conformaba por 18 personas: dos abogados, cinco transcriptores, seis peritos, un informático, dos “facilitadores” y un enlace de prensa, con sus respectivos viáticos, a quienes les pagaron sólo en uno de los dos periodos 207 mil 883 dólares, que son tres millones 534 mil 11 pesos.

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Crece México a dos velocidades Mientras las exportaciones sufren tropiezo; el impulso en el comercio y los servicios contrastan al cierre del primer trimestre del año.. El sector manufacturero fue el responsable de que las exportaciones de México cayeran 8.2 por ciento en marzo; sin embargo, el mercado interno se mantuvo al alza. Cifras desestacionalizadas del INEGI precisan que las manufacturas, que bajaron 7 por ciento, arrastradas por la industria automotriz, hicieron que el desplome en exportaciones fuera el mayor en seis años y medio. Además, la importación de equipo y maquinaria cayó 9.8 por ciento, afectada por la depreciación del tipo de cambio. En cambio, la economía interna sigue dinámica. Durante febrero el IGAE creció 2.8 por ciento anual. Las actividades terciarias subieron 3.9 por ciento, lo que refleja el buen desempeño del comercio y los servicios.

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MILENIO HIDALGO. Anuncia el PAN embestida legal contra el IEEH.

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CRONICA HIDALGO. Detona huelga en Cecyt 16 por incumplimientos: Convocaron alumnos del Cecyt 16 en Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a una huelga hasta que se resuelvan puntos del pliego petitorio correspondiente al año 2014 que aún no se han cumplido. Integrantes de la Asamblea General Politécnica, quienes prefirieron omitir su identidad, informaron a La Crónica de Hoy en Hidalgo que llamaron a paro estudiantil de 120 horas dado que hay demandas desde hace dos años que no se han cumplido, incluso viajarían a las oficinas de la Dirección General en la Ciudad de México para analizar el tema. Los estudiantes exigen la destitución de Azucena Varela Barrera, directora interina del Cecyt 16, y Roberto Limas Zagal, subdirector administrativo; también demandan la construcción de los laboratorios pesados para las carreras de nivel superior y el equipamiento de los laboratorios ligeros para el Cecyt. .

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SÍNTESIS. Piden título a funcionarios municipales. Con la finalidad de mejorar el desempeño de los servidores públicos del estado, en el Congreso local se aprobó de manera unánime una propuesta de reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica municipal que fue presentada por el titular del Ejecutivo estatal. En tribuna, el diputado, Ramiro Mendoza Cano, al dar lectura al dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, refirió que es necesario avanzar en un modelo que propicie la profesionalización del servicio público municipal para poder fortalecer permanentemente las capacidades de sus servidores. ‘Se debe impulsar un sistema de profesionalización para servidores públicos municipales alineado a las políticas nacionales, además, establecer como requisito que determinados cargos de la administración pública municipal sean ocupados por profesionistas con experiencia previa para el desempeño de sus funciones’. El legislador manifestó que de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 de los mil 615 titulares de las dependencias municipales, centralizada y descentralizada en Hidalgo, solo 50.2 por ciento ejercen sus funciones con un título profesional de educación superior.

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CRITERIO. Imponen a alcaldías candado profesional: Por ley, los funcionarios municipales deberán contar con título y cédula profesional expedidos por instituciones de nivel superior y por la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de contar, como mínimo, con un año de experiencia en áreas afines a los cargos que buscan desempeñar. Lo anterior, luego de que integrantes del Congreso del estado aprobaran el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal en materia de profesionalización de servidores públicos. “De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2013, de los mil 615 titulares de las dependencias municipales, centralizada y descentralizada en Hidalgo, solo 50.2 por ciento ejercen sus funciones con un título profesional de educación superior”, informó el diputado Ramiro Mendoza Cano al dar lectura al dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. La reforma contempla, en los artículos 101, 107, 115 y 117, que para ocupar los cargos de Tesorería Municipal, Contraloría, Oficialía del Registro del Estado Familiar, área de Obras Públicas y Planeación Municipal o su equivalente, deberán contar con un título profesional emitido por una institución de educación superior, así como un año de experiencia mínima. En los artículos 97 y 128 de la misma ley, para la Secretaría General Municipal y Unidad de Protección Civil, el titular deberá contar preferentemente con título profesional orientado a sus actividades, así como una experiencia mínima de un año en el ramo.

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