Un total de 6.856 personas han fallecido por “resistencia a la autoridad” entre enero de 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número “inusualmente alto” y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a las FAES.
La recomendación ha sido desechada por Nicolás Maduro. El mandatario venezolano gritó a los cuatro vientos todo su apoyo al cuerpo armado en julio, pocos días después de conocerse el contundente informe del equipo encabezado Bachelet. “¡Qué viva las FAES!”, exclamó en un acto de graduación de oficiales, donde aprobó unos nueve millones de euros para reforzar la Policía Nacional.
Carmen Arroyo recopiló testimonios sobre la muerte de su hijo. Todos son anónimos, pocos desafían a las fuerzas de seguridad gubernamentales por miedo a represalias. Los que presenciaron el asesinato coinciden en que la escena del crimen fue manipulada para proteger a los policías. Su caso se encuentra paralizado en los tribunales, no hay detenidos. “Ni siquiera tengo acceso a una copia del expediente, pese a que me corresponde como víctima. Difícilmente se hará justicia con este Gobierno, porque necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares para que no protestemos. Mucha gente es valiente y está denunciando, aunque él (Maduro) reafirme a sus asesinos”, explica.
La represión creció al ritmo que descendió la aprobación del chavismo. La Operación de Liberación del Pueblo, un programa de seguridad creado en julio de 2015, acumuló un pavoroso récord de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales. La actuación fue rechazada por organismos internacionales después de más de 40 masacres y cientos de crímenes. Asediado por las críticas, Maduro modificó su nombre a Operación de Liberación Humanista del Pueblo y su acción fue desapareciendo. En consecuencia, las FAES se posicionaron como el nuevo represor en los barrios.
Sus detractores dicen que es un escuadrón de la muerte diseñado a la medida del régimen. Pero W. C., un oficial que desertó de la temible policía, culpa a grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento. “Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos se han disparado desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos, porque ellos obedecen las directrices del régimen. Los policías estamos formados para servir y proteger al pueblo. Eso es a partir de octubre de 2017, aproximadamente”. El actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, es señalado en una investigación del portal Runrunes como exlíder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas, por estar supuestamente vinculado con homicidios desde 2000.
Cofavic, una ONG defensora de los derechos humanos, cuenta unos 9.500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018, un tercio cometidos entre 2017 y el año pasado. Casi la totalidad de las víctimas son hombres menores de 25 años. “Esto demuestra que no son hechos aislados, sino que ocurren de manera sistemática y que, lamentablemente, tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional”, explica Liliana Ortega, directora de la organización.
El país está sumido en una crisis de derechos humanos. A excepción del Gobierno de Maduro, decenas de países y organismos multilaterales advierten el desmoronamiento de la justicia. Ortega detalla las trabas en las averiguaciones sobre violencia del Estado. “Las líneas de investigación son precarias (…) La representación de las víctimas en las investigaciones es también muy débil. Hay una serie de carencias que son fueros de impunidad. Eso produce una multiplicación de estos crímenes en Venezuela, porque la impunidad tiene un efecto multiplicador”, zanja.
