Trump emprende ofensiva judicial contra 30 estados antes de las elecciones intermedias
- El presidente de Estados Unidos exige acceso federal a los padrones electorales y amenaza con procesar a funcionarios; siete de cada 10 ciudadanos desconfían de que acepte una eventual derrota republicana, según un sondeo.
Washington y Nueva York, 29 de octubre del 2026.- A pocos días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus acciones legales contra autoridades electorales estatales, al presentar demandas contra 30 estados por negarse a entregar al gobierno federal sus padrones de votantes. También amenazó con encarcelar a funcionarios de California y advirtió que podría impedir el conteo y la certificación de los resultados en Alaska y Minnesota si los republicanos no obtienen la victoria.
Cuestionado sobre si respetará los resultados de los comicios, el mandatario respondió que lo hará únicamente si considera que las elecciones son honestas, declaración que ha generado preocupación sobre su disposición a reconocer una eventual derrota de su partido.
La postura de Trump ocurre en un contexto de desconfianza ciudadana respecto de la integridad del proceso electoral. Una encuesta de ABC News/Washington Post, difundida a principios de octubre, indicó que siete de cada 10 estadunidenses dudan que el presidente acepte los resultados si los republicanos pierden las elecciones.
El mandatario mantiene su afirmación de que fue víctima de fraude en los comicios presidenciales de 2020, pese a que sus impugnaciones judiciales no lograron revertir el resultado. En aquel proceso, la Cámara de Representantes también aprobó un juicio político en su contra por su actuación relacionada con el intento de revertir la derrota electoral.
De acuerdo con testimonios recabados por La Jornada en distintas entidades del país, académicos, activistas, trabajadores, jubilados, docentes y personal de salud expresaron preocupación ante la posibilidad de que el gobierno federal intervenga en el proceso de votación y conteo. Entre los escenarios que mencionaron figuran el despliegue de la Guardia Nacional y la incautación de urnas en caso de que los resultados favorezcan a los demócratas.
Sin embargo, la estrategia judicial de Trump ha enfrentado obstáculos. De las 30 demandas presentadas, 27 habían sido desestimadas por los tribunales, según la información reportada. En California, dos jueces manifestaron escepticismo ante las amenazas federales de encarcelar a funcionarios locales que no entreguen documentación electoral correspondiente a determinados distritos.
Por su parte, Alaska y Minnesota acudieron a los tribunales para frenar los intentos de la Casa Blanca de invalidar votos emitidos por sus residentes.
El conflicto también involucra las atribuciones de las autoridades electorales. En Estados Unidos, los gobiernos estatales administran las elecciones federales, tanto legislativas como presidenciales, mediante sus propias normas, procedimientos y sistemas de votación.
Además, en una entrevista concedida a la revista Time el mes pasado, Trump se negó a descartar el envío de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a centros de votación en determinadas localidades.
Organizaciones defensoras de los derechos electorales han advertido que la presencia de agentes migratorios en las casillas podría generar temor entre sectores vulnerables de la población y desalentar su participación en los comicios.
Las disputas judiciales y las declaraciones presidenciales colocan la administración electoral y el reconocimiento de los resultados en el centro del debate político previo a las elecciones intermedias, en las que se renovarán cargos legislativos federales.