Tribunal confirma proceso penal contra Ramón Sosamontes por contrato ligado a la Estafa Maestra
- Un tribunal federal negó el amparo al ex funcionario de la extinta Sedesol y ratificó su vinculación a proceso por el presunto uso indebido de atribuciones y facultades en un convenio por más de 353 millones de pesos.
Ciudad de México, 30 de julio del 2026.- Un tribunal federal de apelación confirmó la vinculación a proceso de Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de Comunicación Social de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y colaborador cercano de la ex secretaria Rosario Robles Berlanga, al negarle un amparo con el que buscaba dejar sin efecto el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La resolución mantiene vigente la investigación relacionada con un contrato por más de 353 millones de pesos celebrado con Radio y Televisión de Hidalgo, considerado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del esquema de presuntos desvíos de recursos públicos conocido como la Estafa Maestra.
El recurso de amparo fue promovido por Sosamontes en marzo pasado para impugnar la resolución emitida el 26 de febrero por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que, en cumplimiento de una sentencia de amparo previa, determinó nuevamente que existen elementos de prueba suficientes para mantener su vinculación a proceso.
El asunto fue analizado por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, donde la secretaria en funciones de magistrada, Virginia Jácome Planté, resolvió declarar infundados los argumentos presentados por el ex servidor público y, en consecuencia, negó la protección de la justicia federal. No obstante, la defensa del imputado interpuso un recurso de revisión para impugnar la resolución.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, en 2014 Ramón Sosamontes habría autorizado de manera indebida la contratación de diversos servicios con Radio y Televisión de Hidalgo utilizando recursos públicos, pese a que dichos trabajos presuntamente no fueron ejecutados, lo que habría ocasionado un daño al erario federal superior a los 353 millones de pesos.
La FGR sostiene además que el organismo estatal carecía de la capacidad técnica, material y operativa para cumplir con las obligaciones contratadas, por lo que subcontrató más del 49 por ciento de los servicios, rebasando el límite permitido por la Ley de Adquisiciones.
Las indagatorias también señalan que, antes de formalizar el convenio, no se realizó una investigación de mercado que permitiera acreditar que la contratación ofrecía las mejores condiciones para el Estado en términos de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el procedimiento careció de la justificación legal necesaria para exceptuar la licitación pública y optar por un mecanismo de adjudicación directa o de invitación restringida, además de que no se verificó previamente que Radio y Televisión de Hidalgo contara con la capacidad técnica, humana, financiera y de respuesta inmediata para prestar los servicios contratados.
Con esta resolución, el proceso penal contra el ex funcionario continuará su curso, mientras la autoridad judicial analiza los recursos legales promovidos por su defensa.