Sheinbaum acusa vínculos entre autoridades de Calderón y el Cártel de Sinaloa
- La presidenta afirmó que durante ese sexenio existió una relación entre autoridades federales y grupos delictivos; relacionó las acusaciones con las investigaciones de corrupción derivadas del caso García Luna.
Ciudad de México, 09 de junio del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que durante la administración de Felipe Calderón existió una asociación entre autoridades federales y el Cártel de Sinaloa, al referirse a las investigaciones por corrupción que han derivado en sanciones contra ex mandos de la extinta Policía Federal vinculados con contratos de espionaje y presuntos desvíos de recursos públicos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la estrategia de seguridad implementada en aquel sexenio no representó una auténtica lucha contra el narcotráfico, sino que favoreció a una organización criminal en detrimento de otros grupos delictivos.
Las declaraciones surgieron tras ser cuestionada sobre las sanciones impuestas a Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, y a Damián Canales Mena, ex titular de la División de Inteligencia de la corporación, señalados por irregularidades relacionadas con la adquisición de tecnología de espionaje.
Sheinbaum señaló que estos casos forman parte de una serie de investigaciones vinculadas con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La titular del Ejecutivo federal afirmó que, tras concluir su gestión pública, García Luna participó en actividades empresariales relacionadas con la comercialización de equipos de seguridad para instituciones gubernamentales, operaciones que posteriormente fueron objeto de investigación por presuntas irregularidades.
De acuerdo con la presidenta, las indagatorias detectaron posibles sobreprecios, incumplimientos en la entrega de equipos y otras anomalías en contratos celebrados con dependencias federales y gobiernos estatales, lo que habría generado afectaciones al erario público.
Asimismo, indicó que la resolución emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno forma parte de un conjunto más amplio de procedimientos administrativos y legales orientados a deslindar responsabilidades y recuperar recursos públicos presuntamente desviados.
Sheinbaum aseguró que las investigaciones continúan en diversas instancias y adelantó que algunos particulares y empresas involucradas podrían estar obligados a reintegrar recursos al Estado mexicano como resultado de los procesos en curso.
Finalmente, rechazó los señalamientos de corrupción dirigidos a los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación y sostuvo que la actual administración mantiene una política de combate a las irregularidades en el servicio público. Afirmó que cuando se detectan posibles actos de corrupción se actúa conforme a los mecanismos institucionales establecidos.