SEP descarta escuelas militarizadas y plantea regularización de planteles

• Mario Delgado afirma que este modelo carece de sustento legal dentro del sistema educativo nacional; los centros que operan bajo esa denominación deberán adecuarse a los principios de la Nueva Escuela Mexicana para mantener sus servicios.

Ciudad de México, 06 de agosto del 2026.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) sostuvo que en México no existe fundamento jurídico para la operación de escuelas militarizadas, al considerar que dicho esquema no está previsto en la legislación educativa vigente ni guarda congruencia con los principios pedagógicos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). No obstante, anunció un proceso de regularización para los planteles que actualmente funcionan bajo ese modelo, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo dentro del marco legal.

Al encabezar, de manera virtual, la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que las instituciones que utilizan el concepto de formación militar podrán continuar operando siempre que eliminen cualquier referencia de carácter castrense y adecuen sus programas académicos a un modelo centrado en la formación cívica, la cultura de paz, la seguridad, la empatía y el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El funcionario precisó que el propósito de esta medida no es restringir la oferta educativa para las familias, sino asegurar que todos los planteles del país desarrollen sus actividades conforme a la normatividad vigente y en entornos que favorezcan el desarrollo integral del alumnado.

Asimismo, advirtió que las instituciones donde se acrediten actos de violencia, maltrato, abuso o cualquier práctica que vulnere los derechos de los estudiantes serán sujetas a las sanciones previstas por la ley.

Delgado Carrillo convocó a las autoridades educativas de las entidades federativas a coordinarse con los gobiernos estatales para acompañar el proceso de regularización, así como a mantener informadas a las comunidades escolares sobre las acciones que se implementarán.

Añadió que la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindará de cualquier institución que utilice conceptos relacionados con formación militar, al reiterar que esa dependencia únicamente reconoce y administra los centros educativos destinados a la capacitación de su propio personal.

Durante la sesión, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, explicó que la decisión de eliminar los esquemas militarizados de la educación responde a un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos elaborado de manera conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como resultado de esa revisión, indicó, la dependencia federal instruyó a las autoridades educativas de todo el país a revisar las autorizaciones y registros de las instituciones que operan bajo denominaciones o modelos militarizados, con el objetivo de que transiten hacia esquemas plenamente compatibles con la Nueva Escuela Mexicana.

Flores Pacheco subrayó que el proceso busca preservar aquellas opciones educativas que cuentan con reconocimiento social, pero mediante la adecuación de sus planes de estudio y de su funcionamiento institucional para eliminar prácticas incompatibles con los derechos humanos y garantizar el interés superior de la niñez y la adolescencia.

En el encuentro, representantes de entidades donde operan este tipo de planteles expresaron su disposición para construir, en coordinación con la SEP, una ruta jurídica que otorgue certeza a madres, padres de familia y estudiantes respecto a la continuidad de sus estudios.

En el marco de la reunión nacional, Mario Delgado también llamó a fortalecer la coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales para enfrentar los principales retos del sistema educativo rumbo al ciclo escolar 2026-2027. Entre ellos, propuso abrir un debate nacional sobre los efectos de las redes sociales y las plataformas digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante la realización de foros estatales que permitan integrar propuestas para el diseño de una política pública en la materia.