Semarnat alista reforma para renovar la política ambiental del país

• La iniciativa busca actualizar una ley vigente desde 1995 e incorporar justicia ambiental, cambio climático y financiamiento para comunidades que protegen ecosistemas

Ciudad de México, 25 de agosto del 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prepara una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con la que pretende actualizar el principal ordenamiento jurídico en materia ambiental del país, vigente desde 1995.

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, adelantó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

La funcionaria explicó que el proyecto se encuentra todavía en una etapa de revisión, en la que se reciben propuestas y comentarios con el propósito de fortalecer su contenido antes de iniciar formalmente el proceso legislativo.

Entre los principales planteamientos se encuentra la creación de nuevas categorías de conservación, una evaluación estratégica del impacto ambiental y disposiciones específicas en materia de justicia ambiental.

La propuesta también contempla incorporar el cambio climático y el Plan Nacional de Adaptación, así como establecer mecanismos de compensación y financiamiento dirigidos a las comunidades que participan en la protección de las áreas naturales.

Durante la Cumbre Alianzas por la Naturaleza, organizada por Salesforce México, Bárcena explicó que incluso se analizó la posibilidad de modificar el nombre de la legislación, aunque finalmente se decidió conservar su denominación actual.

Gobierno, empresas y sociedad, ante el reto ambiental

La titular de Semarnat sostuvo que la dimensión de los problemas ambientales exige una estrategia conjunta entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil.

Ante representantes empresariales y organizaciones dedicadas a la conservación, señaló que ningún sector puede enfrentar por separado los efectos del cambio climático y la degradación de los ecosistemas.

Bárcena advirtió que actualmente se han rebasado siete de los nueve límites planetarios identificados como fundamentales para mantener el equilibrio ambiental.

Entre los indicadores afectados se encuentran el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, la alteración de los ciclos de nitrógeno y fósforo, la contaminación química y por aerosoles y la acidificación de los océanos.

La funcionaria consideró que este escenario obliga a acelerar las acciones de restauración y conservación y, al mismo tiempo, a fortalecer las alianzas entre los distintos sectores de la sociedad.

Sargazo, una expresión de la crisis ambiental

Como muestra de las consecuencias de la alteración de los ecosistemas, Bárcena señaló el crecimiento del arribo de sargazo a las costas del Caribe mexicano.

Explicó que la presencia de mayores cantidades de fosfatos y nitratos en el océano, además de otros factores ambientales, han contribuido a la expansión del fenómeno.

Durante mayo y junio de 2026, en el periodo de mayor presencia de esta macroalga, se registraron arribos de hasta 90 mil toneladas diarias.

De ese volumen, las autoridades lograron recolectar aproximadamente 10 por ciento cada día, mientras que el gobierno federal destinó más de 2 mil millones de pesos para atender la problemática.

Buscan reconocer el valor económico de conservar

La reforma también plantea fortalecer los instrumentos para respaldar a quienes participan directamente en la conservación de los ecosistemas.

México cuenta con 232 Áreas Naturales Protegidas y alrededor de 623 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, espacios en los que propietarios y comunidades han asumido tareas de protección ambiental.

Bárcena consideró necesario desarrollar sistemas de pago por servicios ambientales que permitan compensar económicamente a las poblaciones y propietarios que mantienen sus territorios bajo esquemas de conservación.

Sostuvo que estas actividades deben ser reconocidas por su importancia económica y social, al considerar que los ecosistemas constituyen una infraestructura indispensable para el desarrollo.

En este sentido, Martha “Pati” Ruiz Corzo, directora general del Grupo Ecológico Sierra Gorda IAP, señaló que una parte considerable de las áreas naturales protegidas se encuentra en terrenos de propiedad privada.

La ambientalista subrayó que conservar los ecosistemas representa un costo para los dueños de la tierra y las comunidades, por lo que demandó fortalecer los mecanismos de inversión y respaldo económico.

Economía circular, otro eje de la política ambiental

Bárcena también destacó los avances en la legislación relacionada con la economía circular, cuyo propósito es extender la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y promover empleos estables.

La secretaria informó que el reglamento correspondiente está próximo a publicarse.

Con la reforma a la LGEEPA y la actualización de otros instrumentos jurídicos, la Semarnat busca fortalecer el marco institucional para enfrentar los efectos del cambio climático, proteger los ecosistemas y generar mayores condiciones de participación para las comunidades que mantienen labores permanentes de conservación.