Secretaría Anticorrupción sanciona a 34 servidores públicos por irregularidades administrativas

• Las medidas incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años, destituciones y sanciones económicas superiores a 1.8 millones de pesos por faltas graves y no graves en 20 instituciones federales.

Ciudad de México, 20 de julio del 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 34 personas servidoras públicas de 20 dependencias y organismos federales fueron sancionadas por incurrir en faltas administrativas graves y no graves, como resultado de procedimientos de investigación y fiscalización que derivaron en inhabilitaciones, destituciones y sanciones económicas.

De acuerdo con la dependencia, 12 de los expedientes correspondieron a faltas graves resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), luego de las investigaciones realizadas por la Secretaría Anticorrupción. Las sanciones impuestas incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años para ejercer cargos públicos y multas que, en conjunto, rebasan 1.8 millones de pesos.

Entre los casos de mayor relevancia se encuentra la inhabilitación por dos décadas de un trabajador de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Escuela Secundaria «Emiliano Zapata», tras acreditarse actos de acoso sexual contra dos alumnas ocurridos en 2020.

Asimismo, una ex servidora pública de la Secretaría de Economía fue sancionada con una inhabilitación de 15 años y la obligación de resarcir un daño patrimonial superior a 1.5 millones de pesos, luego de autorizar licencias con goce de sueldo sin contar con las atribuciones legales para ello.

La dependencia también informó sobre la sanción a cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por irregularidades relacionadas con la entrega de apoyos del programa Producción para el Bienestar. De igual forma, una ex funcionaria de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue destituida e inhabilitada por diez años tras comprobarse el uso indebido de recursos mediante la asignación irregular de viáticos.

En otros casos, dos servidores públicos de la Agencia Nacional de Aduanas de México recibieron sanciones por intentar obtener un beneficio económico durante la inspección de mercancías, mientras que tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron inhabilitados por anomalías detectadas en la verificación de un medidor.

Respecto a las faltas administrativas no graves, la Secretaría Anticorrupción indicó que los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades aplicaron sanciones a personal adscrito a 14 instituciones federales.

Entre estas resoluciones destacan la destitución e inhabilitación temporal de un trabajador del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) por acoso sexual contra una estudiante, así como la inhabilitación de un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalado por realizar procedimientos ginecológicos sin la presencia de un acompañante y por conductas de carácter sexual durante la atención médica.

Asimismo, dos elementos de la Guardia Nacional fueron destituidos por presentar licencias médicas apócrifas para justificar inasistencias laborales.

Las sanciones restantes comprenden suspensiones e inhabilitaciones aplicadas a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Financiera para el Bienestar (Finabien), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Banco del Bienestar, Banobras, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Secretaría de Economía y Servicio Postal Mexicano (Sepomex), entre otras instituciones, por diversas irregularidades administrativas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que todas las resoluciones fueron emitidas con apego al marco jurídico vigente y bajo criterios de proporcionalidad, al tiempo que recordó que las personas sancionadas cuentan con los mecanismos legales para impugnar las determinaciones, las cuales —subrayó— serán defendidas por la dependencia con base en las pruebas integradas en cada expediente.